El Banco de España calcula que la subida de las pensiones frenará la reducción del déficit

El Banco de España presentó el viernes un nuevo cuadro macroeconómico que contempla una ralentización de la senda de consolidación fiscal del orden de unos 0,3 puntos porcentuales del PIB en el periodo 2018 a 2020 por el mayor gasto previsto en materia de pensiones.

El banco emisor dijo que ha incorporado en sus nuevas proyecciones el conjunto de medidas de los Presupuestos Generales para 2018, en particular el retraso a 2023 de la entrada en vigor del factor de la sostenibilidad y la revalorización de las pensiones. "Se prevé un empeoramiento del saldo estructural, como consecuencia de la orientación expansiva de la política fiscal, especialmente en los dos primeros años del horizonte de proyección", dijo la entidad.

Como consecuencia, el Banco de España espera ahora un déficit público del 2,7% del PIB en 2018 (frente a un 2,4% anterior), del 2,3% en 2019 (antes, el 2,0%) y del 2,0% en 2020 (antes, el 1,7%)

"Las perspectivas actuales apuntan a una continuación de la actual fase de crecimiento, bajo el trasfondo del mantenimiento de la orientación acomodaticia de la política monetaria, el fortalecimiento de la situación patrimonial de los agentes privados y la prolongación de la trayectoria favorable de la economía mundial", dijo el banco emisor.

La entidad mejoró en una décima al 2,4% su previsión de crecimiento del PIB para 2019, pero mantuvo sin cambios la proyección de 2018 (2,7%) y de 2020 (2,1%).

Agregó que espera una tasa de paro del 14,6% a finales de 2018, del 12,9% al cierre de 2019 y del 11,4% a finales de 2020. En cada uno de estos tres años el Banco de España revisó al alza sus proyecciones anteriores. Asimismo, destaca que el empleo seguirá siendo muy elevado en los próximos años, con un crecimiento del 2,4% este año, del 2% en 2019 y del 1,9% en 2020, si bien ha revisado a la baja en tres décimas el aumento del empleo para este año.

En el ámbito de la inflación, se prevé una aceleración del IPC en el corto plazo, ligada al ascenso reciente del precio del crudo. De esta forma, el IPC crecería un 1,9% en 2018 (la misma tasa que en 2017), para posteriormente moderarse hasta el 1,7% y el 1,6% en 2019 y 2020, con lo que las proyecciones actuales de inflación han sido revisadas al alza tanto este año como el que viene en seis y cuatro décimas, respectivamente, como reflejo sobre todo de la nueva senda esperada del precio del crudo.

Advierte de que la "fragmentación parlamentaria" puede dificultar las reformas y la reducción del déficit, y de un "hipotético repunte" de la incertidumbre por Catalunya

Según la autoridad monetaria, se prolonga la actual fase expansión del PIB, favorecida por los avances alcanzados en la corrección de los desequilibrios macrofinancieros de la economía, que la han dotado de una "mayor capacidad de resistencia" ante perturbaciones adversas de diversa naturaleza, si bien proyecta una moderación del crecimiento del PIB debido, entre otros factores, al encarecimiento del crudo, a una desaceleración de los mercados exteriores y a una moderación del impacto positivo procedente de la política monetaria.

Según el Banco de España, el crecimiento seguirá sustentado en la demanda nacional para la que, no obstante, se prevé cierta desaceleración en los próximos años.

Los riesgos de estas previsiones, añade el Banco de España, se inclinan "a la baja", dado que en la esfera exterior no se descarta un "posible resurgimiento" de tensiones financieras asociadas a la incertidumbre geopolítica o al proceso de normalización de las políticas monetarias.

Asimismo, resalta que una eventual escalada en la adopción de medidas proteccionistas podría afectar al dinamismo del comercio e impactar negativamente en España, cuyas exportaciones se han erigido como palanca del crecimiento.

En el plano interno, entre los riesgos advierte de que la actual fragmentación parlamentaria podría "dificultar" la implementación de reformas estructurales y aminorar el ritmo del proceso de reducción del endeudamiento público, lo que podría ocasionar "efectos adversos" sobre la confianza de los agentes económicos.

Además, no excluye la posibilidad de un "hipotético repunte de la incertidumbre relacionada con la situación política de Catalunya".