La banca española contaba en 2015 con 14 filiales y 7 sucursales en "centros off-shore", más conocidos como paraísos fiscales, según consta en la respuesta dada por el Ejecutivo al diputado de Unidos Podemos-En Comú-En Marea Miguel Ángel Bustamante. En esta contestación, el Gobierno se remite a la información de las últimas cuentas anuales auditadas por la banca española y muestra su deseo de que "estas cifras se reduzcan en el futuro próximo, siguiendo la tendencia de los últimos años".

El Ejecutivo también advierte que tanto la autorización para operar como entidad financiera como la revocación de la misma no son competencia de los Gobiernos nacionales, sino del Banco Central Europeo (BCE), y en las causas de revocación no se encuentra el establecimiento de filiales en paraísos fiscales. "En consecuencia, no existe base normativa a nivel europeo que permita revocar la autorización a un banco por el hecho de mantener filiales en terceros países", asevera el Ejecutivo.

Por otro lado, el Gobierno recuerda al diputado que la legislación española "tampoco impide o prohíbe a los bancos la posibilidad de operar en o desde paraísos fiscales".

"No obstante, a los efectos de evitar perjuicios en el ámbito de la recaudación de la Hacienda Pública, se han implementado distintos mecanismos de información previa y periódica con respecto a la participación, inversiones y beneficios de entidades radicadas en paraísos fiscales.

Entre estas, el Gobierno destaca la disposición del Banco de España relativa a obligar a los bancos domiciliados en España a informar sobre "los cobros y pagos, abonos y adeudos en cuentas, así como sobre los envíos y recepciones de billetes, de su clientela con el exterior, incluidos, obviamente, los territorios que tengan la consideración de paraísos fiscales".