La Junta de Gobierno, presidida por la alcaldesa, Manuela Carmena, ha aprobado este jueves iniciar el procedimiento administrativo para declarar nula la venta en 2013 de 18 promociones de pisos públicos (5.300 inmuebles repartidos en 1.860 viviendas, garajes y locales) al fondo de inversión Fidere, ha anunciado la presidenta de la Empresa Municipal de la Vivienda y el Suelo (EMVS), Marta Higueras, en rueda de prensa.

En un plazo que no excederá los seis meses, el Ayuntamiento de Madrid dará audiencia pública a las partes afectadas y a todo aquel que considere que tiene algo que aportar sobre ese "proceso de venta irregular". "No se cita a nadie. Nuestra intención es comunicar a las personas con algún interés en explicar lo que pasó que el plazo para hacerlo está abierto. No vamos a citar a (la exalcaldesa) Ana Botella pero sí les diremos que si tienen interés en decir algo pueden hacerlo y se pondrá en el expediente", ha matizado. 

Posteriormente elevarán una propuesta de resolución a la Comisión Jurídica de la Comunidad de Madrid, que deberá emitir un informe vinculante. Será la Administración regional la que determine si da el 'sí' considerando que hay causa de nulidad o si cree que no ha lugar y, por lo tanto, lo archiva. 

"Complicado pensar que la Comunidad diga no"

"Me resulta muy complicado pensar que la Comunidad nos vaya a decir que no", ha apuntado Higueras. La Comunidad, a través de la Comisión Jurídica Asesora, sí se ha pronunciado sobre la venta de viviendas regionales a un fondo de inversión determinando que se ajustó a derecho. La concejala ha argumentado que se trata de situaciones diferentes. 

"No estamos cuestionando si es legal o no vender las viviendas a un fondo de inversión o a un particular, sabemos que es legal. Nosotros entramos en si la forma de hacer esa venta fue legal o no. Cuestionamos ese proceso que no existió", ha expuesto la presidenta de la EMVS.

El fondo podría pedir compensación económica

Si la Comunidad responde que 'sí' a la propuesta municipal se establecería que "el negocio jurídico no existe y hay que revertir todo", algo imposible porque muchas de las viviendas ya han sido vendidas por el fondo de inversión. De hecho, como ha alertado Marta Higueras, dicho fondo podría considerarse "perjudicado por la actuación negligente del Ayuntamiento" y, en ese caso, "lo lógico es que pidiera una compensación económica". También ha vaticinado que si la Comunidad da el 'sí', "el arreglo posterior será largo y posiblemente judicializado". 

La también primera teniente de alcalde ha desgranado las posibles causas de nulidad, entre las que ha citado la venta sin procedimiento legal establecido por faltar la tasación previa, la fijación del precio de los inmuebles o los informes sobre la viabilidad económica y jurídica de la operación, junto a la ausencia de pliegos comprensivos de las condiciones del proceso o mesa de contratación.

Y a eso hay que añadir que en la valoración de las ofertas se aplicaron unos criterios que no se habían anunciado y la pretendida publicidad del proceso se vio desvirtuada por la intervención de un intermediador inmobiliario, como se detalló en las sesiones de la comisión de investigación constituida al respecto. 

Responsabilidad contable

Además el Gobierno municipal se ha personado ante el Tribunal de Cuentas para exigir la responsabilidad contable por lo ocurrido. Ese procedimiento va dirigido contra el que fuera consejero delegado de la EMVS y contra la junta general de accionistas que autorizó la venta, es decir, la Junta de Gobierno anterior, al considerar que son los responsables de haber generado un "grave perjuicio" a las arcas municipales. La Fiscalía del Tribunal de Cuentas ya ha apuntado indicios de presuntas irregularidades en la venta a Fidere. 

El pasado mes de junio, el consejo de administración de la EMVS aprobó elevar a la Junta de Gobierno la incoación de procedimiento de revisión de oficio por nulidad de la adjudicación de la venta de 18 promociones de vivienda protegida a Fidere, sociedad de inversión inmobiliaria del fondo Blackstone. Lo hizo con el apoyo de los consejeros nombrados a propuesta de Ahora Madrid y del PSOE y con los votos en contra de los designados por PP y Cs.

Siguiendo las directrices marcadas por la Junta de Gobierno, presidida por Ana Botella, en 2013, la EMVS vendió a Fidere viviendas que cumplían una función pública "provocando un grave perjuicio al patrimonio municipal", destacan desde el actual Consistorio. La presidenta de la EMVS y primera teniente de alcalde del Ayuntamiento ha indicado que la "adjudicación es defectuosa" porque se establece un primer acuerdo de adjudicación verbal, "algo absolutamente contrario a cualquier regla mínima de contratación". 

Además, días después "se rectificó esa decisión sin motivación dado que no se comunicó la motivación del resultado a todos los interesados, para acabar aceptando al licitador seleccionado modificaciones en el precio de la compraventa y en los inmuebles objeto de la misma sin justificación alguna". 

Higueras ha puesto sobre la mesa "las irregularidades en la aprobación del Plan de Viabilidad por el Ayuntamiento, que tuvo lugar con el procedimiento próximo a su terminación, alterando el proceso normal de toma de decisión ya que hubo contactos previos con ciertos licitadores, por lo que se produjo un falseamiento de la competencia". Y además "la EMVS se apartó del procedimiento de subasta que sí había seguido en otras ocasiones anteriores en la venta de promociones completas". 

Procedimiento penal

Por otra parte, el Ayuntamiento también se ha adherido a la apertura del procedimiento penal iniciado por la Asociación de Afectados de la venta de Viviendas de la EMVS, a la vista del informe que emitió la Cámara de Cuentas al considerar que la venta "por un precio muy inferior al de mercado" provocó un "significativo daño patrimonial" al Ayuntamiento de Madrid.

"Realmente estamos agotando y usando todos los cartuchos que tenemos en nuestro poder para revertir esta venta de viviendas", ha declarado Marta Higueras, después de recordar que el procedimiento penal iniciado por la Asociación de Afectados de la Vivienda de la EMVS ha sido archivado por segunda vez. 

En esta línea, desde el Consistorio apuntan que la operación sí fue beneficiosa para Blackstone: hoy valoran las viviendas en más de 600 millones de euros habiéndolas comprado por tan solo 127,5 millones.