MADRID
Actualizado:La Audiencia Nacional ha suspendido hasta enero el juicio por la salida a Bolsa de Bankia, tras sólo cuatro sesiones celebradas esta semana -una aún por celebrar-, en su sede de San Fernando de Henares (Madrid). El Tribunal que preside la magistrada Ángela Murillo ha anunciado su decisión este miércoles, explicando que deben elaborar el correspondiente auto en respuesta a las cuestiones previas planteadas hasta hoy.
La Fiscalía rechaza la aplicación de la doctrina Botín y reconoce la legitimidad de las acusaciones
La última sesión tendrá lugar este jueves, con la continuación de las réplicas de las defensas de la treintena de acusados, y previsiblemente la siguiente se celebrará el 8 de enero.
Con todo, lo más relevante de este miércoles es la posición de la fiscal anticorrupción Carmen Launa; considera que no cabe aplicar la doctrina Botín en el juicio por el ruinoso debut bursátil de la entidad, por lo que apoya que las acusaciones populares continúen en el proceso, en contra de lo que pedían las defensas.
Hoy por hoy, la Fiscalía sólo acusa a cuatro de las 34 personas físicas y jurídicas que se sientan en el banquillo -entre ellas Rodrigo Rato-, si bien en la primera jornada del juicio Launa dejó abierta la puerta a un cambio de posición, que podría llevar a que acuse a la treintena de personas restantes.
Las defensas intentan evitar que las acusaciones populares continúen en el proceso: niegan su "legitimidad" y afirman que el único perjudicado por la salida a Bolsa fue el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB).
Según la Fiscalía, no puede identificarse un perjudicado específico en el delito y, de haberlo, no sería con carácter exclusivo. Esto obedece a que la supuesta falsedad contable puso en cuestión a todo el sistema financiero español, provocando además el mayor rescate bancario de la historia.
De los más de 64.000 millones de euros de dinero público empleados, el agujero negro de Bankia se tragó cerca de 24.242 millones, y el Banco de España ya da por perdidos al menos 14.000 millones. Por ello, Launa sostiene que la afectación colectiva de los hechos enjuiciados es "más que relevante", y que los accionistas están legitimados para continuar en la causa.
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