PensionistasAsí intentan atemorizarnos: el discurso oficial del miedo por las pensiones

Los jubilados vuelven este sábado a la calle para reclamar unas pensiones dignas en un centenar de manifestaciones convocadas en las principales ciudades del país. Se movilizan, como llevan semanas haciendo, contra la gestión de un sistema que reduce su poder adquisitivo mientras desde el Gobierno y la órbita neoliberal se alimenta un discurso de miedo y angustia, con mensajes inquietantes sobre la supuesta insostenibilidad del sistema de previsión social que proyectan, pese a su blindaje constitucional, sombras de escasez sobre su futuro.

“Los discursos de miedo provocan inquietud y sensación de insatisfacción en la población. Es difícil imaginar lo que supone para los mayores, que tienen poco margen de maniobra, recibir todos los días mensajes que insinúan que su principal fuente de ingresos corre peligro”, explica Ángel Sanz, profesor de Política Social y de Sociología en la Universidad de Zaragoza, ya retirado, para quien “el objetivo directo de esos mensajes es deteriorar el sistema público de pensiones y favorecer el privado”.

Esos mensajes inquietantes sobre el futuro de las pensiones desde el Gobierno, apoyados desde otras instituciones y entidades de la órbita neoliberal y culminados con el popurrí de datos tergiversados y los anuncios inconcretos que Rajoy desplegó el miércoles en el Congreso, han sido frecuentes en los últimos meses.

El presidente instaba recientemente a los españoles a ahorrar para tener un “complemento de la pensión pública pero también para otros planes vitales, como la educación de los hijos, un proyecto personal o superar cualquier revés que nos pueda traer la vida". “Ahora que las cosas empiezan a ir bien”, anotaba.

Mensajes oficiales de inquietud y desasosiego

No había pasado un mes cuando el gobernador del Banco de España, Luis María Linde, calificaba de “muy complicado” el futuro del sistema de pensiones, al que auguró “problemas serios” mientras rechazaba que pudieran revalorizarse tanto como subiera el IPC y llegaba a calificar lo que los jubilados con casa en propiedad se ahorran en alquiler como “renta en especie”, que “es parte importante de la pensión y no se suele mencionar, pero es una realidad".

En este sentido, coincidía con algunos de los opinadores de FAES, el think thank aznarista, que llevan años calificando de “insostenible” el sistema español de previsión social. El propio expresidente José María Aznar se sumaba hace unos días al coro del desasosiego al asegurar que “con la longevidad actual y el envejecimiento de la población el sistema de pensiones en España no es sostenible” y calificar de “absolutamente insuficiente” mantener la edad de jubilación por debajo de los 70 años.

El discurso del presidente del Banco de España no era nuevo del todo, ya que meses antes, y mientras sugería la conveniencia de disponer de planes privados, pronosticaba que la pérdida de poder adquisitivo de los pensionistas, por la limitación de aumento del subsidio al 0,25% mientras el sistema sea deficitario, va a mantenerse durante al menos una década.

Mientras tanto, un organismo internacional como la OCDE (Organización para la Cooperación y el Desarrollo en Europa) advertía de que “el envejecimiento continuo ejerce presión sobre la sostenibilidad financiera y la adecuación de los ingresos de los sistemas de pensiones" y otro español como la AIREF (Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal) avalaba la subida del 0,25% para este año mientras advertía de que, en realidad, correspondía un recorte del 3,5% y pronosticaba que el tope se mantendrá al menos hasta 2022.

“No las queremos ni regaladas”

Las intervenciones de tono inquietante también han sido frecuentes desde el sector privado, en el que el 86% de los expertos que participan en el panel trimestral de la auditora PwC, bautizado como Consenso Económico, coincidían en que “al sistema de pensiones actual tal y como está definido después de las reformas de 2011 y 2013”. No obstante, dos tercios ellos sostienen que “el Gobierno debería garantizar una pensión a todos los ciudadanos, pero la cuantía debería variar según hayan cotizado o no”.

Aseguradoras e inversores han venido mostrándose mucho más tajantes. Así, Pilar González de Frutos, presidenta de la patronal de las aseguradoras (Unespa), atribuía al sistema público “un riesgo biométrico” y aseguraba que “las pensiones públicas no las queremos ni regaladas”, mientras Inverco, la patronal de las gestores de los fondos de inversión, pronosticaba que la limitación de las subidas del 0,25% se mantendrá durante cuatro décadas y su presidente, Ángel Martínez-Aldama, reforzaba el mensaje afirmando que “la gente no es consciente de la caída del poder adquisitivo que va a suceder durante un largo periodo de tiempo”.

El economista liberal Lorenzo Bernaldo de Quirós, presidente de la consultora Free Market, asesora de varias de las principales empresas del país, incidía en la misma onda al mantener, en un artículo publicado en El Mundo, que “el vigente modelo de pensiones es inviable tal como lo conocemos y el intento de mantenerlo conducirá bien a un recorte de la prestación, bien a cargar sobre las espaldas de las generaciones futuras una carga tributaria insoportable”. “Los parches, tipo Pacto de Toledo, sólo alargan el problema”, remataba.

“La crisis no puso en entredicho el bienestar”

Los efectos atemorizadores de esos mensajes no calan únicamente en los mayores. En realidad, sus principales destinatarios no son los jubilados sino quienes comienzan a pensar en su retiro. “Crean inquietud también en las personas de edad madura, en los mayores de 30 y 35 años”, anota Sanz, en los que el desasosiego se une a la insatisfacción que genera un mercado laboral cuyas condiciones salariales hacen muy difícil ahorrar.

Esos mensajes sobre el riesgo de penurias en la anterior crisis, la de principios de los 90, fueron estudiados por el economista David Anisi en Creadores de escasez: del bienestar al miedo, libro en el que sostiene que “la crisis económica no puso en entredicho el Estado de bienestar. La puesta en entredicho del Estado de bienestar fue la crisis económica”.

En su opinión, “había llegado el momento de disciplinar a los trabajadores. Y así se hizo. Ésa fue la crisis”, que rompió el pacto keynesiano y el “acuerdo social implícito que permitió la construcción en occidente del Estado de bienestar” que, sin quebrar los mecanismos del libre mercado, facilitaba a sectores desfavorecidos el acceso a servicios y bienes.

“A veces, cuando hablamos de la seguridad de una sociedad, nos centramos en la seguridad ciudadana y olvidamos la individual y la familiar”, explica Sanz, para quien “hoy no se está dando esa seguridad en las rentas y en las pensiones. La gente no se muere por la calle, por supuesto, pero tiene privaciones como consecuencia de esa sensación de falta de claridad en el futuro”.

Los efectos del discurso en las cuentas

Sanz llama la atención sobre el hecho de que “cuanto más se han intensificado los mensajes de miedo, más han subido los ingresos de los fondos privados de pensiones”.

En este sentido, sitúa el inicio de esa tendencia en los ataques al Estado de bienestar que en los años 80 y 90 comenzó a desatar el Banco Mundial (BM), con eco y respaldo en instituciones de inspiración neoliberal (hoy en revisión) como el FMI (Fondo Monetario Internacional) y con seguidores entre los gobiernos austericidas europeos, desde el británico de Margaret Thatcher a principios de los 80 hasta el actual de Mariano Rajoy en España.

Varios datos refuerzan esa tesis. Uno de ellos es el hecho de que entre finales de 2009 y el otoño de 2017, es decir, entre el estallido de la crisis y el tercer año de recuperación de las magnitudes macroeconómicas, el dinero de las familias españolas en depósitos bancarios aumentara en 66.112 millones de euros, el colocado en fondos de inversión creciera en 155.088 y el apalancado en fondos de pensiones se elevara en 26.591, según revelan las Cuentas Financieras del Banco de España.

El temor a la futura escasez y los mensajes que cuestionan el mantenimiento del Estado de bienestar, amplificados desde el inicio de la crisis, tienen efectos medibles en los registros bancarios.