MADRID.- La contratación de trabajadores por empresas ficticias, con el objeto de propiciar su acceso indebido a las prestaciones de la Seguridad Social, ha sufrido un fuerte varapalo. Según los últimos datos disponibles del Ministerio de Empleo, sólo entre 2013 y 2014 fueron detectados y cancelados por la Inspección de Trabajo más de 42.000 contratos de ese tipo.

La constitución de las empresas ficticias no responde a fines productivos, sino al deseo de simular una actividad que les permita mercadear con contratos de trabajo fraudulentos. Para luchar contra ello, la Inspección de Trabajo y la Tesorería General de la Seguridad Social tienen firmado un acuerdo específico, dentro del Plan contra el Empleo Irregular de abril de 2012.

En los dos primeros años completos de vigencia de este plan se desarrollaron casi 53.000 actuaciones. Como consecuencia de dicha labor, se levantaron 8.424 actas de infracción y se procedió a anular 42.487 altas en la Seguridad Social.
​

Según la Inspección de Trabajo, en los últimos tiempos se ha observado un cierto cambio cualitativo en este ámbito. Los interesados en obtener contratos laborales falsos recurren cada vez menos a las empresas puramente ficticias (que cobran por sus servicios) y utilizan otras que son reales y con cuyos propietarios mantienen relaciones de parentesco o amistad.

La proliferación de contratos de trabajo falsos en España se explica por la persistencia de altas tasas de desempleo (durante el primer trimestre de 2016 volvió al 21%) y por el imparable aumento del número de parados de larga duración, de los que más de dos millones no tienen derecho a prestaciones.

Para muchos de ellos, un contrato de trabajo, aunque sea fraudulento, es la única manera de acceder a medio plazo a algún ingreso, circunstancia que aprovechan los creadores de las empresas ficticias para hacer negocio. El riesgo, no obstante, es alto, porque estas conductas están tipificadas en el Código Penal desde hace cuatro años.