Esta semana se ha cumplido un año de la puesta en marcha del Ingreso Mínimo Vital (IMV), la medida social más ambiciosa del Gobierno. Pedro Sánchez afirmó entonces que el Ejecutivo aspiraba a acabar con el 80% de la pobreza severa en España: según sus cálculos, la iniciativa iba a beneficiar a 2,5 millones de personas aglutinados en 850.000 hogares. Un auténtico hito que fue celebrado y aplaudido por todas las organizaciones sociales.

Un año después, sin embargo, el IMV no termina de despegar: según los últimos datos proporcionados por el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, a finales de mayo la prestación llegó a 260.000 hogares y benefició a 680.000 personas, 275.000 de ellas menores. El pasado 10 de junio, el ministro José Luis Escrivá ampliaba en Twitter el número de beneficiarios a 725.000 personas. Esta misma semana el Gobierno informaba de que ha recibido 1,3 millones de solicitudes del IMV, de las cuales se han tramitado el 81%. La ayuda de momento sólo ha llegado a poco más de un tercio de los hogares y a una cuarta parte de las personas a las que estaba destinada. A día de hoy, la cuantía del IMV va desde los 610,91 euros mensuales para un hogar formado por dos adultos hasta los 1.033,85 euros para un hogar con cinco personas, con menores incluidos.

"El IMV es un absoluto y rotundo fracaso, una tomadura de pelo", sentencia Hontanares Arranz, una de las portavoces de RMI Tu Derecho, plataforma ciudadana que entre otras actividades se dedica a asesorar a los solicitantes del IMV. RMI Tu Derecho y otras organizaciones sociales llevan meses reclamando cambios y mejoras en la gestión de una ayuda que pierde gran parte de su eficacia en un laberinto burocrático plagado de "trabas".

"Da la sensación de que primero son los requisitos para garantizar determinado cumplimiento de procedimientos administrativos y luego, si eso, las personas que se vayan adecuando si pueden", afirmaba el pasado martes en el Senado el presidente de la Red Europea de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social en el Estado Español (EAPN, por sus siglas en inglés), Carlos Susías.

Las organizaciones sociales que luchan contra la pobreza se quejan de la lentitud de los trámites, de la falta de información, de la tardanza de la Administración en dar una respuesta y de "la dificultad para cumplimentar los expedientes".

Tanto es así que un año después de la implementación de la ayuda, la mitad de los hogares en pobreza extrema aún no han solicitado el IMV, y en el caso de que lo soliciten, tres de cada cuatro solicitudes son rechazadas por no cumplir los requisitos, según el último informe al respecto de RMI Tu Derecho.

El IMV fue aprobado a través de un decreto ley que a lo largo de estos doce meses ha sufrido varias modificaciones, la mayoría de ellas reivindicadas por las organizaciones sociales. Se trata de flexibilizar criterios para "ampliar la cobertura a grupos altamente excluidos y vulnerables que no estaban siendo incluidos en las anteriores reformas", explican desde la delegación española de la EAPN).

Las modificaciones al decreto ley original no han resuelto aún el que para las organizaciones sociales es el principal problema y el origen de muchos de los males a los que se tiene que enfrentar el IMV: engrasar la coordinación entre el Gobierno y las comunidades autónomas para garantizar un mejor funcionamiento de la ayuda estatal con otras rentas de inserción autonómicas.

Desigualdad territorial

"Existe una gran desigualdad territorial con respecto a la forma en la que ambas prestaciones van a coexistir. Se precisa una coordinación entre el Ministerio y las comunidades autónomas para fijar criterios y recursos comunes que garanticen una igualdad de condiciones en el acceso", señalan desde EAPN España.

Hontanares Arranz lo explica de manera más diáfana: "No es que haya trabas, es que se ha puesto en marcha el IMV sin tener en cuenta que ya había una prestación autonómica en cada uno de los territorios que estaba dirigida a las mismas personas y con el mismo objetivo. Todas estas rentas autonómicas son subsidiarias del IMV porque su importe es menor. Excepto Aragón, que ha cambiado su normativa para hacerlo complementario con su ayuda autonómica, y Navarra y Euskadi, donde la ayuda autonómica es mayor, la gente está obligada a solicitar el IMV si tiene derecho a ello al ser de mayor cuantía. Eso ha generado muchos problemas porque esas personas se ven inmersas en un embrollo burocrático con dos Administraciones distintas. En vez de armonizar las normas, lo que hay es un caos normativo y un mal funcionamiento de las dos rentas, el IMV y la autonómica".

La casuística es amplia, pero hay casos más particulares que otros. Hontanares Arranz señala el caso de la Comunidad de Madrid, que intenta aprovechar la creación del IMV para suprimir su propia Renta Mínima de Inserción (RMI). "El caso de Madrid es particular porque el Gobierno madrileño ya lleva muchos años intentando reducir su propia renta a la mínima expresión, cuando no que desaparezca directamente".

Las organizaciones sociales señalan el riesgo de que las comunidades autónomas quieran ahorrarse su presupuesto destinado a ayudas sociales, ya que el lMV lo paga el Gobierno, algo que las organizaciones sociales reclaman que no se haga. De hecho, muchas piden que se les traspasen las competencias del IMV. "Piden las competencias pero no se entiende muy bien, porque ya tienen competencias en política social, así que lo que deben hacer las comunidades es mejorar su renta, para que no haya duplicidades, o incluso complementarlas al IMV", sostiene Hontanares Arranz.

"Tenemos que lograr el compromiso de las comunidades autónomas para que los fondos que eventualmente se liberen de sus presupuestos de renta mínima autonómica se destinen a la inclusión social, es decir, que se inviertan en las personas", añaden desde EAPN España.

La solución para resolver este problema de coordinación entre el Gobierno y las comunidades autónomas y de paso mejorar y definir la gestión del lMV pasa por que éste tenga rango de ley, coinciden Gobierno y entidades sociales. El proceso está en pleno trámite parlamentario y se espera que para finales de año pueda haber una ley que regule el IMV.

La alternativa más atrevida: una Renta Básica Universal

El mal funcionamiento del IMV amplifica las voces de los que reivindican una Renta Básica Universal (RBU) incondicional. Ese es el mejor modo de luchar contra la pobreza, aseguran. Daniel Raventós, profesor de Economía y Empresa de la Universitat de Barcelona y presidente de la Red Renta Básica, asegura que "el IMV es especialmente nefasto" porque "parte de la idea de todo subsidio condicionado, la de que hay que 'ayudar' al que ha 'fracasado', al que ha caído, porque no llega a una determinada cantidad de renta. La lógica de los subsidios condicionados no es otra que la ayuda posterior a quienes han fracasado, a quienes han caído y pueden demostrarlo ante la burocracia estatal".

Raventós, que ha publicado varios estudios sobre la viabilidad de una RBU en España, explica a Público que la Red Renta Básica "propone cubrir el umbral de la pobreza" y para ello serían necesarios 750 euros al mes por ciudadano. 

"La RBU abraza la lógica incondicional como derechos de ciudadanía. Incondicionalidad significa poder de negociación, y poder de negociación supone mayores niveles de libertad efectiva para el conjunto de la población. La incondicionalidad es el lenguaje de los derechos humanos y de la ciudadanía. La RBU no es para suplicantes, es para una ciudadanía libre", concluye Raventós.