¿Cuánto se juegan las diez constructoras cuya inhabilitación para contratar con las administraciones públicas ha solicitado la CNMC (Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia) tras descubrir que durante catorce años amañaron concursos de Adif (Administrador de Infraestructuras Ferroviarias) para hacerse con contratas por valor de 1.031 millones de euros? Un dineral, especialmente en el caso de ACS, el principal adjudicatario de obra pública del país, ya que cuatro de sus filiales (Cobra, Cymi, Electrén y Semi) han recibido multas que suman 51 millones de euros.

Aunque resulta difícil de determinar a cuánto asciende el negocio concreto de cada una, el listado incluye a algunas de las principales adjudicatarias de obra pública en España, un mercado que en los tres últimos años, el plazo máximo de inhabilitación que contempla la Ley de Contratos del Sector Público cuando la sanción no se deriva de una sentencia penal, ha movido 39.957 millones de euros: 16.749 el año pasado, 12.875 en 2017 y 9.333 en 2016, según los cálculos de Seopan, la patronal de las constructoras.

La principal dificultad para calcular esa cifra se deriva del hecho de que suelen competir en los concursos de adjudicación aliadas en UTE (uniones temporales de empresas) en las que los beneficios y los gastos se reparten en función de su participación en el negocio, datos que no son públicos. No obstante, investigaciones como la realizada en Quién cobra la obra por la Fundación Civio, una ONG especializada en asuntos de transparencia, ofrecen pistas sobre cómo se reparte en España el pastel de los contratos públicos.

ACS ganó contratos por 4.000 millones en siete años

El buscador de Civio analiza las contrataciones efectuadas por las administraciones entre 2009 y 2015, periodo en el que, según Seopan, salieron a licitación contratas por valor de 118.087. En ese periodo, las empresas implicadas, sancionadas por la CNMC con multas que suman 118 millones, se hicieron con contratos por valor de 9.000 millones de euros.

La principal adjudicataria de ese grupo resultó ser ACS, que participó en contratas por un valor superior a los 4.000 millones de euros que suponen casi la mitad del total. Esas partidas incluyen dos adjudicaciones que suman 378 millones para la electrificación del AVE a Galicia, cinco de los siete lotes de 322 millones para mantener las líneas convencionales y varios trabajos en la línea de alta velocidad a Extremadura.

En esos años, Sacyr rebasó los 1.700, Isolux-Corsan rondó los 1.500, Comsa obtuvo encargos por cerca de 1.300, Elecnor superó los 150, Indra pasó de los 140 y Abengoa se situó por encima de los 40.

Adif prepara una demanda por daños y perjuicios contra las empresas que se conchabaron para amañar contratos durante catorce años./EFE

A esos más de 8.800 millones hay que sumarles los conseguidos por Delejor13, Eym Instalaciones (del grupo OHL) y Fuenteblandor Holding, de los que no hay datos, más los de Siemens (20) y Alstom (16), que quedan fuera de la propuesta de inhabilitación por haberse acogido ambas empresas y sus directivos implicados al llamado “sistema de clemencia”. La última de estas sociedades es la denunciante de la trama.

Varias de las empresas sancionadas se encuentran entre las que se han llevado las principales adjudicaciones de los últimos años, como la construcción de la estación del AVE de La Sagrera en Barcelona, adjudicada por Adif por 366 millones a una UTE participada por Comsa; los túneles bajo el Guadalquivir en Sevilla, concedida por 236 a otra unión de empresas entre las que está OHL, o el acceso ferroviario al aeropuerto de Barcelona, otorgado por 267 a una agrupación en la que aparece Sacyr.

Y algunas de ellas siguen recibiendo adjudicaciones de Adif, caso de Citracc, que ha recibido el encargo, por 4,4 millones, para mejorar el suministro eléctrico a varias líneas de Madrid, mientras Alstom ejecutará por siete unas obras de integración de las vías en León y otras de telecomunicaciones en la misma zona por 7,3 y Sacyr proyectará por 97,9 un tramo de alta velocidad entre Murcia y Almería. Se trata de adjudicaciones publicadas esta misma semana.

La decisión de Hacienda

La CNMC ha comunicado su resolución a la Junta Consultiva de Contratos Públicos, dependiente del Ministerio de Hacienda, para que decida cuándo activa la inhabilitación, durante qué periodo la mantiene vigente, cuál va a ser su ámbito (el Adif, la Administración del Estado o todas las instituciones públicas del país) y, también, si afecta a las empresas implicadas o a la totalidad de los grupos a los que pertenecen.

No obstante, las empresas afectadas disponen de dos meses para recurrir las multas ante la Audiencia Nacional, cuya sentencia es susceptible de recurso ante el Tribunal Supremo.

“Es significativo que las empresas se pusieron de acuerdo, y eso indica lo que hay detrás”, indican fuentes de Adif, que destacan que con la operativa descubierta por la CNMC se pone en cuestión, además de los sistemas de control de la Administración, la propia imagen de esas constructoras, algo que puede afectar también a su negocio en otros países.

Las empresas implicadas “son las principales adjudicatarias” de contratas del Adif, señalan las mismas fuentes, que anotan que ese organismo es en la actualidad el principal licitador de obra pública del Estado como consecuencia del desarrollo de la red de alta velocidad.

Esas sociedades se enfrentan a otra batalla legal, ya que Adif ha anunciado que va a realizar una investigación para determinar qué quebranto económico le supuso esa operativa de amaños con el fin de reclamarles indemnizaciones por daños y perjuicios en la vía judicial. La CNMC apunta a un encarecimiento de en torno al 20% en los contratos.