Abaratar el despido en tiempos de crisis perjudica a la economía y retrasa la recuperación, dice el FMI

WASHINGTON.— Las reformas del mercado laboral enfocadas en una reducción de la protección de los trabajadores pueden tener efectos negativos a corto plazo para la economía cuando se aplican en periodos de crisis, al incentivar el despido, debilitando la demanda agregada y retrasando la recuperación, según advierte el Fondo Monetario Internacional (FMI), que aboga por dar prioridad a otras posibles medidas, incluyendo la reforma de los mercados de productos y servicios, así como la bajada de impuestos laborales y aumentar el gasto en políticas activas de empleo.

"Las reformas de los mecanismos de protección del empleo y los sistemas de prestaciones de desempleo tienen efectos positivos en los periodos de prosperidad, pero pueden debilitar la demanda agregada y tornarse contractivas durante los periodos de recesión", afirma la institución internacional en el capítulo III de su informe Perspectivas Económicas Mundiales.

En concreto, el FMI señala que las actuaciones dirigidas a relajar la protección de los trabajadores pueden contribuir a mejorar las perspectivas de empleo de grupos infrarrepresentados como jóvenes con baja cualificación e inmigrantes, pero pueden tener "efectos imprevisibles" en el desempleo agregado al incentivar tanto la contratación como el despido, subrayando que su impacto variará en función del diseño y forma de aplicación.

La institución considera que en el corto plazo el recorte de la protección de los trabajadores puede llevar a una acelerada reducción del tamaño de algunas empresas y al despido inmediato de empleados, mientras los incentivos a las nuevas contrataciones sólo serán alcanzados de manera gradual, lo que debilita la demanda y supone un impacto contractivo.

En este sentido, el FMI señala que en periodos de dificultades estas medidas pueden resultar beneficiosas para las empresas de forma aislada, pero advierte que "el desencadenamiento de una ola de despidos, reformando la protección del empleo debilita aún más la demanda agregada y retrasa la recuperación económica".

De este modo, la institución subraya que "en los malos tiempos la flexibilidad de los salarios puede resultar más deseable que la flexibilidad del empleo".

Asimismo, el análisis del Fondo apunta a que el ajuste de los beneficios por desempleo puede resultar más positivo en casos de normalidad o prosperidad económica, mientras resulta igualmente contraproducente a corto y medio plazo durante épocas de crisis.

La institución considera que a corto plazo los efectos de reducir los beneficios para los desempleados son "ambiguos", ya que el efecto positivo de impulsar la contratación al impulsar a la baja los salarios puede verse contrarrestado por el impacto "desproporcionado" en las familias con menos ingresos que tienen que afrontar deudas, lo que conllevará una reducción del consumo y a una caída de la producción.

Por otro lado, los expertos del FMI estiman que las reformas fiscales estructurales en el mercado de trabajo, como la reducción de los impuestos laborales y el aumento del gasto público en políticas activas de empleo, "surten mayor efecto cuando las condiciones macroeconómicas están deprimidas", en parte porque suelen implicar cierto grado de estímulo fiscal.

Así, el FMI subraya la importancia de establecer prioridades y una secuencia de ejecución en la que serán más útiles aquellas reformas que incluyan medidas de estímulo fiscal, como la reducción de las cuñas fiscales y el incremento del gasto público en políticas activas en el mercado laboral, así como las reformas del mercado de productos al servir de impulso a la actividad indistintamente de las condiciones económicas generales.

"Otras reformas del mercado laboral podrían ser costosas en el corto plazo bajo las actuales condiciones, incluyendo la reducción de beneficios por desempleo y, especialmente, la reforma de la protección del empleo", advierte el FMI.

En este sentido, el Fondo plantea estrategias para la implementación de estas reformas, como la inclusión un creíble condicionamiento a su puesta en marcha únicamente cuando la recuperación se consolide o el reconocimiento de "derechos adquiridos", lo que podría facilitar su aplicación, al ver afectados solamente los nuevos beneficiarios.