Un 86,6% de la personas LGTBI creen que es necesario ocultar su orientación sexual en una entrevista de trabajo y el 75% considera que este factor ha sido un inconveniente para acceder a algún puesto de trabajo. Una vez dentro de las empresas, el 42% afirma haber sufrido algún tipo de agresión verbal en el trabajo y en más de la mitad de los casos (55,66%) no han recibido apoyo de sus compañeros y compañeras.

Estos son algunos de los datos contenidos en el informe Hacia centros de trabajo inclusivos. La discriminación de las personas LGTB en el ámbito laboral en España, que presenta este martes el área LGTBI del sindicato UGT. Una radiografía que viene a demostrar que las lesbianas, gais, bisexuales y transexuales siguen teniendo temor a manifestar libremente su sexualidad en el entorno laboral. Y que en muchos casos tienen razones fundamentadas para ello.

El informe toma como base una amplia encuesta llevada a cabo durante el primer trimestre de 2020 con el fin de "tomar el pulso a la discriminación" y poder proponer medidas "desde la acción sindical y la negociación colectiva" que son, según el propio estudio, las principales herramientas para mejorar las condiciones de trabajo de este colectivo. El estudio, que abarca una muestra de 3.344 personas, combina respuestas de heterosexuales (2.084) y personas LGTBI (1.260). Del total de personas consultadas, un 75% reconoce haber presenciado algún tipo de agresión verbal hacia lesbianas, gais, bisexuales o transexuales en el lugar de trabajo. 

El estudio muestra un mayor porcentaje de trabajadores y trabajadoras por cuenta propia (autónomos) entre la población LGTBI (un 6,59% de los encuestados) que entre los heterosexuales (3,45%). Y una tasa de desempleo significativamente superior en el colectivo de transexuales (15,91%) que en el conjunto de la muestra (7,18%).  Una radiografía laboral que, según el sindicato, solo puede ser mejorada abordando las discriminaciones de estos colectivos mediante una Ley de Igualdad LGTBI que contenga la obligación de establecer protocolos anti discriminación en las empresas.

"Desde UGT creemos que los datos que arrojan la encuesta y el estudio que hemos realizado visibilizan una realidad aterradora. Es probable que muchas personas que no están en el armario en su entorno social y familiar vuelvan al armario en sus trabajos. Y que ante la posibilidad de sufrir cualquier clase de violencia oculten su orientación sexual o identidad de género", afirma a Público Toño Abad, director del Observatorio valenciano contra los delitos de odio, vicepresidete del Consell de la Ciutadania y coordinador de este estudio. 

Formación para empresas y sindicatos

"En este momento lo único que existe es una protección genérica y dispersa en distintas leyes frente al acoso. Lo que se necesitan son protocolos específicos, regulados en los propios convenios colectivos", señala Icíar Simancas, experta de la Confederación UGT. Además es crucial que los representantes empresariales y los propios delegados sindicales reciban formación en esta materia, según reconoce la sindicalista. Una apreciación refrendada por la propia encuesta: solo el 19,9% de los sondeados considera que sus representantes sindicales tienen la formación necesaria para defenderles frente a este tipo de discriminaciones.

Más de la mitad de las personas encuestadas desconocen si hay algún protocolo que les proteja frente a este tipo de discriminaciones y acoso en el trabajo. En el caso de la población trans, "solo el 5% de las personas encuestadas dicen conocer algún tipo de protocolo de acompañamiento en caso de necesitar realizar la transición durante la vida laboral activa, mientras el 40% no tiene este tipo de protocolos en la empresa y el 54,55% no saben si dichos protocolos existen".

Los datos del estudio resultan algo sorprendentes en un país que ha sido pionero en el reconocimiento de los derechos del colectivo LGTBI y que cuenta con una "aceptación generalizada de la diversidad LGTBI en el ámbito social". Según señala el informe, el matrimonio igualitario es apoyado por un 90,86% y  la adopción por parte de parejas del mismo sexo cuenta con un respaldo del 89,91%. Pese a ello, "existe la percepción generalizada de que las personas LGTBI no tienen las mismas oportunidades que las heterosexuales" en el ámbito laboral o profesional, opinión que comparte un 69,31% de los heterosexuales consultados y un 74,52% de los que se identifican como LGTBI.

Chistes, comentarios despectivos, burlas, rumores o gestos ofensivos que siguen estando normalizados en muchas empresas y que no solo dificultan el desempeño laboral y las perspectivas de desarrollo profesional de estos empleados y empleadas, sino que además traen consigo importantes secuelas psicológicas y físicas (estrés, ansiedad, dolores musculares, molestias gastrointestinales, etc).

Soluciones legislativas

Para hacer frente a esta realidad, el sindicato UGT propone una batería de medidas legislativas que incluyen la aprobación de una Ley trans y de igualdad LGTBI de ámbito estatal, una Ley de igualdad de trato y de oportunidades y no discriminación y un Plan contra los delitos de odio.

Además, incide en la necesidad de garantizar la formación "del personal de las administraciones públicas, educativas, sanitarias y sociales, así como de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, sobre la realidad y necesidades de las personas LGTBI".

"En el ámbito laboral tenemos que incidir en la creación de instrumentos, a través de la negociación colectiva, para proteger nuestros derechos. Es inasumible que casi el 75% de las personas encuestadas aseguren haber sido testigos de violencia verbal ¿qué otros compañeros y compañeras sufren este tipo de violencia? ¿Hay alguien capaz de asegurar que esto no es una excepción inasumible del buen clima laboral? Es insoportable que ante tal nivel de odio, tengamos que sacrificar toda una parte de nuestra identidad para que los homófobos no se incomoden", añade Abad.

Los autores del informe inciden en la necesidad de modificar cuanto antes la ley 3/2007 que sigue considerando a las personas trans como enfermas, al exigir un diagnóstico de disforia de género y demostrar haberse sometido a dos años de tratamiento hormonal para poder realiza el cambio registral de nombre y sexo. 

También exigen la creación de programas de formación e información dirigidos a los centros educativos para incorporar la diversidad afectivo-sexual, de género y familiar de manera transversal en sus currículos formativos, así como la formación de los delegados y delegadas sindicales para generar herramientas para el respeto a la diversidad en los centros de trabajo, entre otras medidas