14.000 millones, el coste para España de calmar la fiebre de los países del Golfo por nuestras energéticas

El Estado español vuelve al accionariado de Telefónica, donde, en breve, alcanzará su objetivo de poseer el 10% de la compañía a través de la SEPI. Un movimiento estratégico frente a la entrada en la operadora de Saudi Telecom Company (STC) en septiembre de 2023 con la compra de un 9,9% de su capital.

En diciembre, el Consejo de Ministros decidió que volviera la presencia pública en Telefónica, después de más de dos décadas ausentes de la compañía (con la ola privatizadora de los gobiernos de José María Aznar), para hacerse un 10% de esta a través de la SEPI. El carácter estratégico de la operadora en la seguridad y la defensa nacional ha sido la clave para que el Estado decida llevar a cabo esta inversión en Telefónica. 

Con este mismo razonamiento, ¿debería o no el Estado participar de las energéticas españolas que cotizan en el Ibex y en las que están especialmente interesadas los países del Golfo Pérsico? Tomando como referencia la adquisición del 10% de Telefónica, el cálculo de la inversión que le supondría al Estado estar presente en las cuatro grandes empresas energéticas (Endesa, Naturgy, Repsol e Iberdrola) sumaría una cifra aproximada de 14.000 millones de euros. 

El Estado ya está presente como accionista en empresas del Ibex 35: Aena (con el 51% a través del grupo Enaire), Caixabank (con un 17% a través del Frob tras la absorción de la Bankia nacionalizada), Redeia (con un 20%), Indra (con un 28%), IAG (con un casi testimonial 2,52% en comparación con las demás) y Enagás (con el 5%). En estas cuatro últimas, la participación del Estado es a través de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), dependiente del Ministerio de Hacienda y cuya finalidad es gestionar las participaciones empresariales de titularidad pública. 

El interés de los países del Golfo Pérsico por las empresas del Ibex va en aumento. Lo demuestran sus últimos movimientos y las previsiones de futuro. Los fondos soberanos de Qatar y Emiratos Árabes tienen la mirada puesta en empresas denominadas como "estratégicas" por el Gobierno español. Además del turismo, las telecomunicaciones y el sector energético son los otros sectores de negocio sobre los que ya están actuando.

Su principal objetivo, tal y como apuntan los expertos, es "hacerse con el conocimiento que las compañías españolas de energía tienen en este campo" con un interés especial en "las renovables" en las que España es un país puntero en cuanto a investigación y desarrollo. "Ellos tienen sol, nosotros el conocimiento", añade el economista Ignacio Muro. 

Abu Dhabi mira a Naturgy

Tras el ejemplo de la entrada de Arabia Saudí en Telefónica, la mirilla de los Emiratos Árabes ha virado hacia Naturgy, con la probable entrada directa del Gobierno de Abu Dhabi en el capital social de la empresa energética española a través de Taqa, la Compañía Nacional de Energía de Abu Dhabi (PJSC). 

El coste de la entrada del Estado español en Naturgy sería de 2.400 millones de euros (tomando como referencia la capitalización bursátil de Endesa a 17 de mayo de 2024). Los principales accionistas de la eléctrica en este momento son: Fundación la Caixa, con el 27%, Rioja Bidco Shareholdings, S.L.U. (Rioja), una sociedad controlada por fondos asesorados por CVC que posee el 20,90%. También Global Infrastructure Management, LLC, adquirida recientemente por BlackRock, Inc., con el 20,80%, y IFM Investors Pty Ltd, que suma el 15,20% de las acciones totales de Naturgy. 

El mayor accionista de Iberdrola es de Catar

La entrada del Estado a Iberdrola tendría un coste aproximado de 7.900 millones de euros para las arcas públicas. Supondría el mayor desembolso entre las cuatro compañías, pues se trata de la energética con mayor valor en Bolsa (vale más que las otras tres juntas). Aunque los expertos no ven "necesaria" la presencia estatal en esta empresa en concreto. A pesar de que su proyección es mundial, su titularidad sigue siendo "esencialmente española", al igual que "sus valores", apunta Muro. Una garantía, según este economista, de que la salvaguarda de los intereses del España, a través de la energética, están asegurados. 

En el accionariado de la compañía presidida por Ignacio Sánchez Galán se encuentra presente el grupo inversor Qatar Holding LLC con un 9% (el mayor accionista), otro 5,21% lo posee BlackRock, Inc. y entre los siguientes tres inversores más potentes no llegan a sumar el 9% de Iberdrola. 

Endesa, controlada por una empresa estatal italiana

En la otra cara de la moneda se encuentra Endesa. Esta es la principal empresa por la que los economistas apostarían para recuperar su propiedad. La participación "debería recuperarse", apunta Julio Rodríguez, de Economistas Sin Fronteras, acerca de Endesa, de la que subraya que "nunca debió de privatizarse".

La operación para recuperar parte del control de la compañía, con la adquisición de un 10% de la misma, tendría un coste aproximado de 1.900 millones de euros (tomando como referencia la capitalización bursátil de Endesa a 17 de mayo de 2024). 

El proceso de privatización de Endesa, fundada como Empresa Nacional de Electricidad, S. A. para operar en los sectores eléctrico y gasístico, comenzó con el mandato de Felipe González y terminó en 1998, cuando el Gobierno de José María Aznar vendió las últimas acciones públicas de la compañía. 

Casi una década después, en 2007, la italiana Enel (Ente Nazionale per l'Energia Elettrica) entró en el accionariado de Endesa, después de las maniobras del Gobierno de Aznar, que no veía con buenos ojos que la eléctrica fuera comprada por la catalana Gas Natural (su fusión posterior con Unión Fenosa dio lugar a la actual Naturgy).

La opa que Enel lanzó sobre la entonces primera eléctrica española ha sido considerada como "una las operaciones más caras de la historia económica europea", afirman los expertos. Así, una empresa estatal pasó de estar en manos del Gobierno de España a ser comprada por otro Estado, un movimiento calificado por muchos expertos y economistas de "despropósito". 

Enel, la eléctrica estatal italiana, aprovechó el hecho de tener el 92% de su control para "trocear" a la eléctrica española al repartir un beneficio entre sus accionistas de 14.600 millones de euros y llevarse todos sus activos latinoamericanos. La italiana controla el 70% de las acciones de Endesa, con un valor aproximado de 13,5b. BlackRock, Inc., Thornburg Investment Management, Inc. y The Vanguard Group, Inc. (la mayor empresa de fondos de inversión del mundo), acumulan poco más del 5% de las acciones de la eléctrica. 

La petrolera Repsol mira ahora hacia las renovables

Repsol, la petrolera que está haciendo una importante incursión en las energías limpias, con la mirada puesta en el futuro de su negocio, ha valorado su filial Repsol Renovables en unos 5.900 millones de euros, ante una posible venta de una parte "minoritaria" de la misma a un ofertante del que se desconoce su identidad.

Según una información obtenida por Reuters, Repsol está manteniendo negociaciones para la venta de una parte minoritaria de su filial de renovables con el objetivo de ayudar a financiar su plan estratégico hasta 2027, aunque su intención es preservar más del 50% del negocio, apuntan fuentes cercanas a la compañía. 

Entre sus siete principales accionistas controlan aproximadamente el 23% del negocio, siendo BlackRock, Inc. el grupo de inversión que más destaca con la titularidad del 5% de las acciones. El coste para el Estado español de entrar en el cuadrante del accionariado con un 10% de las acciones, situándose muy por encima de los demás, supondría el desembolso de cerca de 1.800 millones de euros (tomando como referencia la capitalización bursátil de Endesa a 17 de mayo de 2024). 

La nacionalización de las empresas estratégicas, una tendencia a futuro

Los Estados siguen la estela de la nacionalización, principalmente de las empresas consideradas estratégicas para cualquier país: agroalimentación, energía, finanzas y defensa. Una tendencia que comenzó con el cambio de escenario que vivió el mundo entero tras el estallido de la crisis de 2008, y que trajo consigo un cambio de papeles entre las principales potencias económicas, con la entrada de un nuevo actor emergente, China, que no ha dejado de crecer desde entonces. 

A partir de mediados de la siguiente década, los movimientos de nacionalización promovidos por las dos principales potencias anglosajonas, EEUU con el Gobierno de Donald Trump, y Reino Unido con su salida de la Unión Europea (brexit), marcaron todavía más la tendencia creciente hacia la protección de las empresas "de casa" o la recuperación, al menos de la capacidad de influencia, en las que se habían privatizado, y como es el caso de España, perdido totalmente el control en algunos casos (Endesa). 

La pandemia puso en negro sobre blanco las consecuencias de no tener "control" en áreas como la sanidad (producción de mascarillas, o de vacunas). Los primeros años de la actual década han seguido fortaleciendo esta suerte de nuevos nacionalismos, que han tenido un impacto reseñable en la política y la organización social de los países, en España, con el auge de los partidos de extrema derecha como Vox, y sus homólogos en otros países de la UE.

En la economía, la nacionalización se está centrando, según explican los expertos, en los intentos de recuperación de la influencia del Estado en las empresas estratégicas, ya sea de manera directa con la compra de acciones, o indirecta a través de los núcleos duros, como la SEPI.