Canal 9Procesan al exdirector de Canal 9 por sobrecostes de 1,4 millones en dos programas de José Luis Moreno

El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 6 de Paterna ha dictado un auto de continuación de procedimiento abreviado en la causa abierta contra el ex director general de Canal 9 José López Jaraba por trato de favor a empresas del productor José Luis Moreno.

En su auto, el juez Juan Luis de la Rúa Navarro considera que existen indicios racionales para imputar a José López Jaraba "un posible delito de malversación o, en su caso, de administración desleal, cuya concreción final corresponde, en su caso, a las acusaciones y al órgano sentenciador, por la contratación de los mencionados programas con un coste de 1.785.295 euros cuando su valor ascendía a 400.000 euros".

Por el contrario, se ha dictado el sobreseimiento de otras supuestas irregularidades cometidas por la cadena

Por el contrario, se ha dictado el sobreseimiento, en el marco de esta misma causa, de otras supuestas irregularidades cometidas por la dirección de la extinta RTVV en los contratos de cesión de derechos deportivos y colaboración comercial con el Villarreal CF, o la compra a la productora Triskel de tres documentales en julio de 2011 por cerca de 650.000 euros.

También se descarta la infracción penal en otras contrataciones con Las Provincias Televisión S.A. y Televisión del Mediterráneo sobre el servicio de transporte de la señal digital, asuntos sobre los que el juez considera que, en su caso, se debería proceder "en el ámbito administrativo o contable, al margen del procedimiento penal".

En este mismo sentido se pronuncia el juez respecto a 16 contratos de asesores realizados por el investigado, sobre los cuales se cuestiona que no fueron cesados tras su cese como director general, lo que motivó que pasaran a tener la condición de indefinidos.

Sobre este asunto, el instructor considera que "además de que no le sería a éste imputable precisamente por haber cesado previamente, constituiría en todo caso una cuestión de mera gestión con falta de diligencia ajena al ámbito penal".

Tienen diez días para presentar un escrito de acusación

En consecuencia, se da un plazo de 10 días tanto al Ministerio Fiscal como a las acusaciones, que ejerce la Generalitat y el sindicato CGT, para que presenten escrito de acusación o petición de sobreseimiento.

En su declaración ante el juez, el pasado 3 de junio, Jaraba aseguró que mantuvo una intensa negociación con José Luis Moreno porque éste no reconocía los derechos económicos de la televisión valenciana (alrededor de 1,7 millones de euros) por la venta de la serie Planta 25 -coproducida por C9- a otras televisiones autonómicas.

Para evitar llevar este asunto a los tribunales, la demora que hubiese conllevado y la incógnita sobre el cobro de las cantidades que Canal 9 entendía que le debía la productora de José Luis Moreno, finalmente se optó por una "compensación en especie", es decir, que Moreno -siempre según la declaración de Jaraba- reconoció su deuda con la condición de pagar con programas.

El avance de la causa ha sido celebrado por el sindicato CGT, que ha lamentado la falta de iniciativa tanto de la Fiscalía como de la Abogacía de la Generalitat

Así, afirmó que Moreno entregó a RTVV 44 programas (De un tiempo a esta parte) de 100 minutos de duración, a un coste estimado de 44.600 euros por los que el ente público no abonó "un sólo céntimo", en una operación que fue avalada por la consultora KPMG y no tuvo objeción alguna por parte de la Sindicatura o la Intervención, según expuso Jaraba ante el juez. El avance de la causa ha sido celebrado por el sindicato CGT, que sin embargo ha lamentado la falta de iniciativa tanto de la Fiscalía como de la Abogacía de la Generalitat, cuyos representantes no acudieron a la declaración de Jaraba.

"CGT considera preocupante la posibilidad de continuar la acusación en solitario ante la pasividad mostrada por la Fiscalía y el Consell, dado que podría darse el caso de que si no hubiera finalmente condena podría verse obligado a hacer frente a los costes del proceso, lo cual podría influir en la decisión de acusar o no", ha señalado este sindicato en un comunicado.

"Consideramos que tanto la Fiscalía como la Abogacía del Consell deben formular también acusación en un asunto en el que existen claros indicios de prevaricación y malversación de fondos públicos", han agregado.