SEVILLA.- “Mañana cuando me maten” es la frase que da título al libro del periodista Carlos Fonseca sobre las últimas ejecuciones del franquismo (editado por La esfera de los libros), que se produjeron apenas dos meses antes de que el dictador muriera en la cama. El 27 de septiembre de 1975 eran fusilados simultáneamente a primera hora de la mañana en acuartelamientos militares de Madrid, Barcelona y Burgos cinco militantes antifranquistas del FRAP y de ETA que había sido condenados a muerte en consejos de guerra carentes de las más elementales garantías jurídicas, a quienes se arrancó la declaración de culpabilidad tras haber sido sometidos a torturas.

Ahora se cumplen 40 años de aquellos últimos fusilamientos del franquismo, que levantaron una fuerte oleada de protestas por todo el mundo. Aquel 27 de septiembre pelotones de voluntarios formados por policías y guardias civiles fusilaron a Xosé Humberto Baena, José Luis Sánchez-Bravo, Ramón García Sanz (militantes del FRAP), Jon Paredes, Txiki, y Ángel Otaegui (de ETA).

Pese a generalizadas peticiones de clemencia llegadas de todo el mundo, incluida la del Papa Pablo VI, Franco no tuvo piedad de aquellos jóvenes para indultarlos, algo que sí había hecho con los 6 condenados a muerte del sonado proceso de Burgos contra ETA cinco años antes. Carlos Fonseca recupera este episodio histórico del tardofranquismo con el testimonio de protagonistas, familiares, amigos, abogados y compañeros de militancia, apoyándose asimismo documentación inédita que arroja luz sobre los pormenores que rodearon aquellas últimas penas de muerte en España. El autor del libro sostiene que “la decisión final sobre las penas de muerte fue arbitraria” tras haber buscado en la documentación alguna prueba demostrara lo contrario.

Portada de la prensa de la época.

No obstante, las dos únicas dos mujeres que había entre los once condenados a muerte lograron salvar la vida porque estaban embarazadas, aunque posteriormente se supo que una de ellas solo tenía un retraso en la regla, circunstancia que le pudo salvar la vida. El testimonio de la que sí estaba realmente embarazada Concepción Tristán demuestra la plena vigencia de la tortura entonces como medio policial para extraer confesiones y apunta a uno de los agentes más conocido por esas prácticas, Billy el Niño, uno de los imputados por la jueza argentina María Servini en la única causa que se sigue en el mundo contra los crímenes del franquismo.

"Billy El Niño se puso como loco a golpearme"

Tras su atención en la calle, Tristán fue llevada a la Dirección General de Seguridad (DGS) en la Puerta del Sol y así relata su experiencia: “Me pasaron a una habitación y entre seis o siete me golpeaban en la espalda, en el cuello, la cara, los oídos (…), me hacían andar en cuclillas, me tumbaron en el suelo y con un palo me golpearon en la planta de los pies. Durante toda aquella noche se turnaron para pegarme y al amanecer me dejaron descansar allí mismo. Durante cinco días me torturaron casi de continuo. En una ocasión, Billy el Niño se puso como loco a golpearme con las manos, los pies, las rodillas y un social tuvo que sujetarlo y calmarlo porque me iba a matar (…) Estuve una semana sin poder andar y los mismos guardias tenían que llevarme en brazos al cuarto de baño. Al sexto día de estar en la DGS vino por primera vez el juez militar, a quien hice constar las torturas. Luego, ya en Yeserías, estuve nueve días incomunicada”.

“Me pasaron a una habitación y entre seis o siete me golpeaban en la espalda, en el cuello, la cara,
los oídos..."

Tras las confesiones forzadas a base de violencia física y psicológica, los detenidos se retractaban ante los jueces y denunciaban las torturas y los prolongados procesos de incomunicación en celdas de castigo que padecían por parte de los funcionarios policiales, unas denuncian que caían sistemáticamente en saco roto. Máxime en unos juicios como estos últimos consejos de guerra de la dictadura que pretendían ser ejemplarizantes en un contexto en el que los sectores más recalcitrantes del búnker franquista impusieron su ley forzando condenas predeterminadas.

La suerte estaba echada para los acusados cuyos familiares y allegados políticos tuvieron problemas para encontrar abogados que ejercieran la defensa, ya que los letrados más habituados a defender a los opositores al régimen relacionados con los dos principales partidos de la izquierda aún clandestina no pudieron hacerse cargo del asunto. "PSOE y PCE prohibieron a sus abogados asumir la defensa, ya que eran contrarios a la lucha armada y temían que aquellos atentados podían provocar una involución del régimen que perpetuara el franquismo sin Franco", precisa Fonseca, aclarando que fueron letrados relacionados con partidos más a la izquierda como la ORT e independientes los que finalmente asumieron esa responsabilidad.

Las sentencias estaban decididas de antemano

Misión imposible era para aquellos letrados la tarea de contrarrestar los argumentos de los fiscales militares. Todos los intentos por demorar el desarrollo del juicio, desde el rechazo a la legitimidad del tribunal militar hasta cuestionar la veracidad de las confesiones arrancadas a golpes se vieron abocados al fracaso y en algunos casos tuvo que ser un defensor militar de oficio el que se hiciera cargo de su representación legal.
Según Carlos Fonseca en juicios como estos que se habían declarado sumarísimos, reduciendo a la mínima expresión las posibilidades de ejercer una defensa, lo de menos es profundizar en si aquellos militantes antifranquistas habían sido realmente autores de los hechos -atentados contra agentes del orden público- de los que se les acusaba, ya que desde una perspectiva democrática eran tribunales y procedimientos ilegítimos, como finalmente vendría a reconocer la Ley de Memoria Histórica de 2007. Pero hay más, ya que Fonseca aporta en su libro testimonios de abogados y familiares a los que al menos dos acusados confesaron que nada habían tenido que ver con los hechos.

El letrado Juan Aguirre se refiere a su defendido Ramón García Sanz, Pito, diciendo: "Tras las formalidades pudimos entrevistarnos por segunda vez con Pito. Estaba machacado a golpes y tenía el convencimiento de que los iban a matar, que la sentencia estaba decidida de antemano. Me aseguró que él no había participado en el atentado y que había firmado lo que la policía le puso delante". Por su parte, Mikel Paredes, hermano del etarra Txiki recuerda que un día antes del fusilamiento, este le confesó que no había participado en el atraco a un banco en el que fue abatido un policía. De nada sirvieron las alegaciones del abogado recordando que ningún testigo había visto a un joven muy bajito participando en aquel atraco. Al final, Juan Paredes Manot, Txiki, fue fusilado ante la horrorizada mirada de su hermano Mikel aquella mañana en Barcelona.

Policías riéndose con corbatas de colores para la ocasión

Los testimonios de familiares y testigos en las horas previas y posteriores a las ejecuciones constituyen unas de las aportaciones de mayor dramatismo del libro, como la de Victoria, hermana de José Luis Sánchez-Bravo -de 21 años que tenía a su mujer embarazada de tres meses- quien, tras escuchar las primeras descargas en el cuartel madrileño de Hoyo de Manzanares, vio aparecer riéndose a los integrantes de los pelotones de fusilamiento "como si vinieran de celebrar algo". O como la del fotógrafo catalán Gustavo Catalán Deus que vio congregados a un buen número de miembros de la Brigada Político Social "desde el famoso comisario Saturnino Yagüe a Billy el Niño, que se habían puesto corbatas de colores chillones para la ocasión".

Las cartas manuscritas por los condenados a muerte reproducidas en el libro resultan especialmente estremecedoras, como la del joven gallego Xosé Humberto Baena firmada horas antes de su fusilamiento y cuando aún no sabía si su padre llegaría a tiempo de abrazarlo aquella terrible madrugada y que da título al libro "Mañana cuando me maten".

Tan sólo cuatro días después de los fusilamientos, el régimen organizó un acto multitudinario en la Plaza de Oriente en un intento desesperado por reivindicar la plena vigencia de la dictadura en la que fue la última aparición pública de Franco, donde un jefe del Estado ya muy enfermo y deteriorado rechazó las protestas internacionales culpando de ellas a sus enemigos de siempre: el contubernio judeo-masónico y el comunismo internacional. Horas antes de su última arenga de Franco, aquel 1º de octubre de 1975, se dio a conocer un nuevo grupo terrorista, los GRAPO (Grupos Antifascistas Primero de Octubre), con el asesinato en Madrid de cuatro miembros de la Policía Armada.