Las claves que explican el polvorín de la SGAE

El último episodio de ese caos llamado SGAE llegó en forma de misiva. Un duro comunicado firmado por medio centenar de artistas y encabezado por nombres de la talla de Pedro Almodóvar, Isabel Coixet, Miguel Ríos o Montxo Armendáriz. En él instaban al Ministerio de Cultura a que “solicite judicialmente la intervención de la SGAE”, así como el cese de su presidente y de la junta directiva. “Pedimos que se actúe sin demora y se adopten todas las medidas legales necesarias para garantizar la defensa y la protección de los derechos de los autores”, remata el escrito.

Cómo se ha llegado a esto es la gran pregunta. El guirigay en la sociedad no cesa de un tiempo a esta parte a base de dimes y diretes, reformas de estatutos, cuitas internas y ruedas. El chorreo de escándalos se sucede en la prensa y no siempre es fácil determinar qué hay en juego en la Asamblea a día de hoy. Empecemos, pues, por el principio.

¿Qué es la Sociedad General de Autores y Editores (SGAE)?

La entidad se crea en 1988 al amparo de la Ley de Propiedad Intelectual para gestionar y regular el pago de los derechos de autor en España. Está dividida en cuatro familias: Pequeño Derecho (músicos), Gran Derecho (artes escénicas), Audiovisual y Editores. Cuatro familias encargadas de elegir a los miembros de los distintos colegios que forman el Consejo de Dirección (14 miembros) y la Junta Directiva (esos 14 más otros 25); en definitiva, 39 escaños a repartir entre los colegios.

¿Cuándo sale a la luz y en qué consiste la última gran crisis de la SGAE?

La trama conocida como 'la rueda de las televisiones' fue denunciada en 2013 ante la Fiscalía Anticorrupción por el expresidente Antón Reixa. No fue hasta el 20 de junio de 2016 cuando, por orden del juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno, la policía judicial pudo iniciar una operación contra el fraude en el cobro de derechos de autor de piezas musicales que se emitían en cadenas de televisión en horario nocturno y que podía ascender a 100 millones de euros. Entre los implicados aparecía un productor que había registrado 11.000 obras en 5 años o la madre de otro que desde 2007 había inscrito 275 obras sinfónicas, recaudando el triple que Pablo Alborán con música apenas audible como fondo de programas emitidos de madrugada.

¿Cómo surge?

Se originó cuando Teddy Bautista –presidente de la entidad desde 1995 y hasta el 12 de julio de 2011, cuando presentó su renuncia debido a los delitos que se le imputaban– empezó a programar conciertos de compositores sinfónicos con la intención de compensar a un perfil de socios que apenas generaban dinero en comparación con los autores de música moderna. En un principio a las multinacionales no les pareció una mala solución, dado que en aquellos tiempos –hablamos de hace más de dos décadas– la venta de discos se mantenía estable y las televisiones no generaban tanto dinero en derechos de autor.

¿Quiénes se benefician de esos ingresos?

La rueda reparte sus beneficios a tres niveles. Por un lado, hay una red de creadores que son los responsables de grabar miles de canciones por encargo de una serie de intermediarios. A veces son temas nuevos, otras se trata de obras de dominio público con apenas unos arreglos, o incluso ninguno. Los intermediarios registran los temas en la SGAE, atribuyéndose la autoría o aprovechando testaferros y familiares que a menudo no son músicos. En la trama colaboran empleados de varias televisiones tanto nacionales como autonómicas, encargándose de adquirir canciones y de copar la programación nocturna con estas composiciones. Es así como las cadenas perciben un 50% de los ingresos generados por el uso de esos temas, compensando así la cantidad fija que deben reportar a la SGAE por el repertorio. 

¿Qué medidas se toman?

Al conocerse estos hechos, dos asociaciones de editores musicales, AEDEM y OPEM, llevaron a la SGAE ante un arbitraje de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual. La OMPI, a través de un laudo, decretó que las entidades de gestión no debían recaudar un porcentaje superior al 20% proveniente de las televisiones por la música nocturna. La última reforma de la Ley de la Propiedad Intelectual y su famoso artículo 159 así lo dicta. La SGAE se veía obligada a implantar estas normas en sus futuros estatutos antes del inicio de 2019 de lo contrario tendría que afrontar una intervención Ministerial.

¿Qué hace la SGAE?

La nueva directiva de la SGAE, capitaneada desde el pasado 11 de noviembre por el gaitero asturiano Hevia, pone en marcha una campaña a favor de unos nuevos estatutos pero no logra que se aprueben. El sí a favor de la modificación de los estatutos sólo consigue un 58% de los votos, cuando esta reforma estatutaria necesitaba llegar a los dos tercios necesarios para su adopción por la entidad de gestión. La pelota pasa ahora al 'tejado' ministerial.

¿Qué hace el Ministerio de Cultura?

“Hay dos opciones”, dijo Guirao la semana pasada, “una jurídica, que podría resolver problemas puntuales pero que se extendería en el tiempo y puede alargar demasiado la eficacia de la medida, y otra que partiría del propio Gobierno. Consiste en quitarles la licencia para ciertos temas. Sería más inmediato, pero más traumático”. Esto último sería el equivalente a la aplicación del artículo 155 de la Constitución en Catalunya.

¿Quiénes son los críticos?

La Coalición Autoral, que aglutina a centenares de socios de la SGAE, entre los que están Pedro Almodóvar, Álvaro Urquijo, Isabel Coixet, Miguel Ríos, Coque Malla o Montxo Armendáriz ha pedido al Ministerio de Cultura y Deporte que cese al presidente de la entidad, José Ángel Hevia, y a su junta directiva, además de instar a que solicite judicialmente la intervención de la sociedad. Piden también –más allá del cumplimiento de la Ley de Propiedad Intelectual– un reparto transparente y claro de las cuentas y “un plan estratégico realista que adapte la entidad al siglo XXI”.

¿Por qué los grandes sellos pretenden retirar su catálogo internacional de la SGAE?

Los gigantes editoriales denuncian la mala gestión de la entidad y un reparto que tildan de injusto, en el que los grandes nombres de la música recaudan mucho menos que los miembros de la llamada rueda. “Nuestro repertorio recibe cerca del 1% de la recaudación. Es un chiste”, denuncia Santiago Menéndez Pidal, director general de Warner/Chappell para España y Portugal. Se unen también otras majors de la talla de Sony ATV, Universal Publishing, BMG y Peermusic cuyo volumen representa casi el 60% de los derechos de radiodifusión en España y que tiene en plantilla a músicos de la talla de Bruce Springsteen, los Rolling Stones, Lady Gaga, Radiohead, Jay-Z, Enrique Iglesias, Beyoncé, Led Zeppelin o Juanes.

¿Por qué la SGAE decide denunciar a Joaquín Sabina, Alejandro Sanz y Pau Donés?

La denuncia no cita textualmente el nombre de los tres artistas, sí se citan los nombres de las sociedades con las que cobran la liquidación de sus ingresos y que estos habrían usado para eludir el pago de impuestos a la hora de cobrar los llamados derechos de autor. Estas sociedades estarían gestionadas por las multinacionales que editan sus obras, como Warner, y habrían cobrado el dinero obtenido, ayudando a los artistas a eludir el pago de los impuestos como personas físicas, obteniendo beneficios al tramitarlo como personas jurídicas.