Este artículo se publicó hace 13 años.
El 97,4% de los piratas escapa de la Hadopi francesa
El organismo contra las redes de descarga y el intercambio gratuito presenta su primer informe
El 97,4% de los actos de piratería detectados por la Hadopi escapan a la propia Hadopi. Eso es lo que se deduce del balance presentado ayer por la Alta Autoridad de lucha contra las redes de descarga e intercambio gratuito de obras (la Hadopi) francesa, tras nueve meses de actividad. Según los datos, la Autoridad recibió en total 18.000.000 actas de denuncia que le fueron presentadas por las sociedades de gestión de derechos que vigilan las redes. De esos 18 millones, la Autoridad solicitó con éxito a las empresas de acceso a internet que le suministraran los datos de 900.000 conexiones, y luego pudo enviar el célebre primer email de advertencia a sólo 470.000 esos internautas culpables de P2P detectados, mail que constituye el primer paso hacia la sanción de desconexión.
De ello se deduce que 17.530.000 intercambios escaparon a la autoridad represiva, esto es el 97,4%. Sólo el 2,6% de las operaciones de descarga gratuita fue sancionada con el primer email de advertencia. Mireille Imbert Quaretta, responsable de la Comisión de Protección de los Derechos en la Hadopi, se justificó ayer explicando que, de momento, el sistema de detección está en fase de prototipo.
Unos 20.000 internautas ya están en la segunda fase, es decir, han recibido una carta certificada por correo postal y sólo "unos pocos" dossieres están en la tercera fase y podrían ser tramitados para ordenar el corte de la conexión internet.
La Hadopi, muy cuestionada en Francia, sufrió un severo revés uno más el 6 de julio pasado, cuando la Agencia de Protección de Datos francesa denunció "la falta de seguridad" de la caza antipiratas. La CNIL exigió a las sociedades de gestión de derechos y a la principal empresa encargada de la caza antipiratas (TMG) que garanticen la seguridad de los datos de particulares que recogen en el plazo de tres meses. La Hadopi llegó tras el fracaso de una ley anterior, la DADVSI, de 2006, que preveía penas de cárcel para los usuarios de P2P.
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