España es el mayor productor del mundo de morfina para uso médico, a la que los países pobres apenas tienen acceso

España se ha convertido en la primera potencia mundial en producción de morfina destinada a la industria farmacéutica. El último informe de la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes (JIFE) de Naciones Unidas, publicado el pasado mes de marzo, refleja que nuestro país triplicó en 2019 la producción de materias primas de opiáceos ricos en morfina tras aumentar un 589% la superficie cosechada con adormidera, la amapola real o Papaver somniferum.

De esa planta se obtienen los alcaloides morfina, codeína y tebaína que luego se utilizan, principalmente, en la fabricación de analgésicos para tratar el dolor de moderado a severo y también para medicamentos supresores de la tos, la obesidad, adicciones y ciertos trastornos digestivos. La JIFE, organismo encargado de velar por el cumplimiento de la Convención Única de 1961 sobre Estupefacientes para que, en este caso, no se produzcan desviaciones de la producción hacia el mercado ilícito, sitúa a España como principal productor del mundo de morfina, seguida de Turquía, Australia, Francia, India y Hungría, los seis países que concentran el 96% de la fabricación global.

El informe revela, además, que España fue, junto a Australia, el único país donde se cultivó en 2019 adormidera rica en codeína, aunque la superficie se redujo a la mitad, de 1.990 hectáreas a 863, mientras que la de tebaína (alcaloide con el que se produce la oxicodona, un opioide muy potente y adictivo) descendió un 97%.

La Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS) del Ministerio de Sanidad es la que se encarga de proporcionar esos datos como organismo responsable de la autorización del cultivo y recolección de plantas medicinales destinadas a la producción de estupefacientes. Según ha informado la AEMPS a Público, el pasado año se fabricaron en España un total de 114,15 toneladas, de las cuales 47,45 eran de morfina, 40,34 de codeína y 26,35 de tebaína, destinadas todas ellas a la fabricación nacional de medicamentos y a la exportación a entidades autorizadas en otros países.

Para poder plantar las adormideras, los agricultores tienen que comprometerse a entregar toda la producción al fabricante autorizado por la Agencia de Medicamentos, disponer de extremas medidas de seguridad en las parcelas y de un certificado de idoneidad de los terrenos para esa plantación avalada por el organismo competente de Agricultura. Agricultores que se dedican a este cultivo hay bastantes, pero fabricantes sólo uno: Alcalíber SA., la única empresa que cuenta con autorización para la fabricación en España de opiáceos destinados a la industria farmacéutica. Y la tiene desde 1974.

A partir de ahí la oscuridad se vuelve más espesa en torno a un negocio en el que España es la primera potencia mundial. Alcalíber, propiedad de la familia del magnate Juan Abelló hasta 2018, cuando la vendió al grupo inversor británico en el campo de la salud GHO, se niega a hacer cualquier tipo de declaración a este periódico sobre su actividad. "Tenemos una política interna de no entrevistas" con medios de comunicación, alega un portavoz. De modo que su página web se convierte en la única fuente oficial de información sobre su producción.

Alcalíber se muestra en su página como un "referente en la industria farmacéutica mundial" y se remite a datos de 2014, año en el que registró el 27% de la producción de morfina en todo el mundo y el 18% de la de tebaína, con una superficie de más de 14.000 hectáreas cultivadas con adormideras "en diferentes áreas geográficas de España", sin especificar cuáles. Además, destaca que cuenta con una de las plantas "más modernas del mundo" para la producción de opiáceos, que construyó en la provincia de Toledo en 2015 para aumentar un 50% su capacidad de producción.

Farmaindustria, la organización que representa a un sector con cerca de 350 empresas y 40.000 profesionales que generan en España más de 15.000 millones de euros al año, según sus datos, tampoco ha querido hacer declaraciones a este periódico sobre el hecho de que nuestro país sea el primero del mundo en fabricación de morfina. En este caso, alegan que Alcalíber no forma parte de Farmaindustria y que, por tanto, carecen de información sobre su actividad en un campo "muy específico".

Los orígenes del imperio español de la morfina

Alcalíber, sin embargo, es una empresa histórica en España, ya que es la heredera de la Fábrica de Productos Químicos y Farmacéuticos Abelló, que Juan Abelló Pascual, doctor en química y farmacia natural de Reus (Tarragona) abrió en el barrio de Prosperidad de Madrid a mediados de los años veinte. Ya con su hijo al mando de la empresa, Juan Abelló Gallo, luego convertido en magnate de las finanzas, se constituyó en 1973 Alcalíber SA, a la que un año después el Ministerio de Sanidad otorgó la autorización para cultivar y producir adormideras para la fabricación de estupefacientes de uso farmacéutico.

La familia Abelló siguió con el negocio hasta mayo de 2018, cuando en plena campaña del cultivo de adormideras, poco antes de la recolección, su grupo inversor, Torreal, decidió venderla al grupo Global Healthcare Opportunities (GHO), con sede central en Saint James Square, Londres, por una suma que, según diversas fuentes, superó los 200 millones de euros. GHO fue fundado en 2014 como asesor especializado en inversiones en atención médica, fundamentalmente en "segmentos de alto crecimiento".

La seguridad que rodea a la producción de la morfina, a la que se suma la falta de transparencia sobre la actividad de la única empresa que la explota en España, impiden conocer los lugares en los que se cultivan las adormideras que nutren esta industria puntera. Alcalíber subraya en su página que con el fin de salvaguardar las instalaciones y cultivos de su propiedad, además de la protección y vigilancia de la Policía Nacional y Guardia Civil, utiliza seguridad privada permanente y los "más modernos medios de telecontrol, asegurando así la naturaleza completamente impermeable del sistema".

Castilla y León, La Rioja o Andalucía son algunas de las comunidades donde más de 300 agricultores cultivan cada año la Papaver somniferum que abastece al monopolio de la morfina española. Por razones de seguridad, no se puede saber dónde se encuentran esos terrenos, que, en alguna ocasión, han llegado a ser objeto de robos. Alcalíber les proporciona las semillas, las máquinas cosechadoras y todo el asesoramiento que necesitan para la siembra y uso de herbicidas y fertilizantes, además de encargarse luego del transporte de la producción a su fábrica de Toledo.

En Castilla y León las adormideras sirven, por ejemplo, para rotar los cultivos de cereal y mejorar el aprovechamiento de los terrenos, y en la comunidad riojana se han utilizado también para mejorar los rendimientos económicos que se obtienen con la remolacha azucarera, una producción que ocasiona altos costes. El oscurantismo que rodea a la fabricación de la morfina no permite, sin embargo, conocer cuáles son los ingresos que obtienen los agricultores por una cosecha de adormideras, que, en algún caso, se ha situado entre ochenta y noventa céntimos de euro por kilo, con una producción media de unos 2.000 kilos de amapolas por hectárea sembrada.

Los países pobres apenas tienen acceso a los analgésicos

A falta de datos sobre la dimensión de los ingresos de este sector, sí se sabe, en cambio, que la producción del monopolio español de la morfina va destinada en un 93% a la exportación, la cual se centra en 67 países, según la empresa, la mayoría de Europa, Norteamérica y el Cono Sur (Argentina, Brasil y Chile). Esa concentración de la morfina en las regiones más ricas del mundo ha sido ahora criticada por la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes de Naciones Unidas, que denuncia la falta de acceso de la mayoría de los países a unos medicamentos necesarios para algo tan básico como mitigar el dolor causado por infinidad de enfermedades.

En el informe publicado el pasado mes de marzo, la JIFE expresa su "especial preocupación" por los bajos niveles de consumo de analgésicos opioides que han comunicado gran parte de los países de Asia, Centroamérica, Caribe y África. "Existe una necesidad urgente", añade el organismo internacional, de aumentar los índices de consumo en estas regiones, que son "insuficientes y muy insuficientes".

Según los datos de este organismo de la ONU, el 80,4% de la población mundial consumió en el año 2019 sólo el 12,8% de toda la morfina producida por la industria farmacéutica para aliviar el dolor y el sufrimiento, un porcentaje, no obstante, que mejoró el de 2018, cuando ese consumo de los países menos desarrollados se redujo al 9,5. Mientras, EEUU ha acaparado en el último año el 47% del uso mundial de los fármacos hechos con morfina y Europa, el 32%.

Pero, ¿por qué los países menos desarrollados tienen tan poco acceso a los analgésicos? ¿No existe el dolor en esos países con tantas carencias? El director científico de la Fundación Iceers y doctor en farmacología, José Carlos Bouso, lo achaca a las políticas prohibicionistas impuestas a raíz de la Convención Única de 1961 que los dirigentes de muchos países con menos recursos y más dependencia exterior han ejecutado con mayor vehemencia, hasta el punto de impedir el acceso a medicamentos hechos con morfina, sustancia incluida en la fiscalización internacional de estupefacientes.

Según Bouso, se trata más bien de una cuestión moral e ideológica que ha llevado a dirigentes de muchos países a mantener una estricta política prohibicionista que abarca a todas las sustancias incluidas en las listas de fiscalización internacional, siguiendo los dictados de la JIFE que durante años ha mantenido un férreo y represivo discurso contra cualquier droga. Eso ha provocado, por ejemplo, que en algunos países de África tengan problemas hasta para conseguir tramadol, un opioide muy utilizado en España para aliviar el dolor, precisa el director científico de Iceers.

"La JIFE ahora se moderniza y critica esto, pero fueron los impulsores de esta criminalización, porque ha vendido durante años una política súper prohibicionista", afirma Bouso, quien recuerda el caso del cannabis, cuyo uso medicinal estuvo vetado hasta el pasado mes de diciembre por la Comisión de Estupefacientes de la ONU (CND), a pesar de que figuraba en la lista I que sí lo permitía.

Amin Lamrous, especialista de anestesia y cuidados intensivos de Médicos sin Fronteras, subraya que esta situación no es nueva, que las grandes diferencias de consumo de morfina entre unos países y otros viene de lejos, debido a diversos factores, entre ellos el de las normas que rigen la fiscalización internacional de estupefacientes, al que se añaden las circunstancias domésticas de cada territorio. Son circunstancias que limitan su uso en unas partes del mundo y lo facilitan en otras, como en EEUU y Canadá, donde han alcanzado un consumo desmedido, propiciado, en parte, por la presión de las industrias farmacéuticas.

Según explica este experto, cada país tiene que hacer una estimación anual del consumo de estos productos para solicitar su cuota de importación a los organismos internacionales que lo autorizan. Pero el problema radica en que los sistemas de salud y los cálculos de las necesidades de cuidados de los estados más pobres son deficientes y, por tanto, las estimaciones que hacen son muy bajas. Hay países en situación de guerra, como Malí, que, incluso, no llegan a comunicar nada y, en consecuencia, no pueden recibir morfina.

Además, añade el representante de Médicos sin Fronteras, los países pobres adolecen de grandes carencias de formación para el uso correcto de la morfina en los cuidados paliativos a fin de evitar adicciones y otros efectos adversos. En África, apunta, sólo tres países, Suráfrica, Kenia y Tanzania, tenían hasta hace poco un sistema de cuidados paliativos organizado. El resto, nada.

La propia organización Médicos sin Fronteras tiene que hacer frente, según Lamrous, a todas estas dificultades para importar morfina y otros opioides para abastecer sus proyectos de atención sanitaria, enfrentándose a muy complejos trámites burocráticos para acceder a estos productos siempre dentro de la cuota establecida para el país. O eso o nada, porque lo que hay disponible en el mercado local carece de un estándar mínimo de calidad y no existe otro producto que pueda reemplazar la efectividad de la morfina, que, por el contrario, sí se podría producir de forma muy barata si los controles internacionales y las patentes lo permitieran.

La familia Abelló se pasa de la morfina al cannabis

Una vez que la familia Abelló se ha deshecho del negocio de la morfina, pese a ser el primer productor mundial, ha entrado en otro sector de la industria medicinal: el del cannabis. Y lo ha hecho con la creación de la empresa Linneo Health, que está participada por el fondo Torreal y por Alcalíber, que es la entidad que obtuvo en 2016 la primera autorización para el cultivo de marihuana y sus productos con fines médicos y científicos.

Ahora, esa licencia la tiene Linneo Health, que se jacta de recoger la experiencia de medio siglo de Alcalíber en la producción agrícola e industrial de "narcóticos altamente regulados" para ponerlos al servicio de la industria del cannabis. La empresa participada por la familia Abelló asegura disponer de una superficie de 40.000 metros cuadrados para producir flores de cannabis y capacidad industrial para el procesado de más de 12.000 toneladas anuales de material vegetal destinado a la producción de extractos y principios activos.

Tanto Alcalíber como Linneo Health aseguran que están trabajando para desarrollar un modelo de negocio que les convierta en líderes mundiales, ahora en el mercado del cannabis para la industria farmacéutica. La nueva compañía de los Abelló afirma, incluso, que ya "lidera a escala global los avances en el sector" a través de una permanente optimación de sus procesos de producción. Pero, como en el caso de la morfina, tampoco es posible acceder a más datos sobre el volumen del negocio de esta empresa.

Diversas organizaciones cannábicas temen, sin embargo, que la entrada de la familia Abelló en el negocio del cannabis medicinal pueda suponer una repetición del monopolio que ostentó durante décadas con los derivados del opio para uso farmacéutico. Al respecto, el director científico de Iceers critica que en España aún no haya un programa de cannabis medicinal porque el Gobierno entiende que no hay evidencias científicas sobre ese utilización, mientras permite a la empresa de Abelló exportarlo a otros países al disponer de una licencia concedida por el Ministerio de Sanidad para su producción.

Actualmente, hay 19 entidades y empresas que cuentan con autorización de la AEMPS para cultivar cannabis, ocho de ellas, como Linneo Health, para la producción con fines médicos y científicos, y el resto sólo con fines de investigación.

Además de su pasado con el negocio de la morfina y del actual con el del cannabis medicinal, el grupo Torreal de la familia Abelló mantiene un alto volumen de inversión en la economía española e internacional, con participación en empresas como Talgo, Telepizza, Aernnova o Aston Martin, mientras que en su cartera histórica figuran otras como Banco Santander, Vodafone, Airtel, Navidul, Grupo Agbar, Famosa o Imagina. Uno de los miembros de la familia, Cristian Abelló, es también vocal del Patronato de la Fundación de Ayuda contra la Drogadicción (FAD).