El presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, viaja este jueves a Bruselas para participar en el Consejo Europeo, una cumbre que el Ejecutivo considera trascendental para mostrar a los mercados la unidad sin fisuras de la UE en torno a la estabilidad del euro.

Será por ello que el ministro de la Presidencia, Ramón Jáuregui, defenderá ante el pleno del Congreso la prórroga del estado de alarma, que, previsiblemente, se votará cuando Zapatero esté ya camino de la capital belga.

Ante la última crisis de la deuda soberana y la advertencia de la agencia de medición de riesgos Moody's de que puede rebajar la calificación del bono español, la vicepresidenta segunda, Elena Salgado, confió este miércoles en que la cumbre dé un respaldo 'absolutamente inequívoco' y apoye sin fisuras la estabilidad del euro y la actuación del Banco Central Europeo en favor de la misma.

El punto central de la reunión de los jefes de Estado y de Gobierno de la UE es la reforma del Tratado de Lisboa, necesaria para crear un mecanismo permanente de rescate para países insolventes de la zona euro.

Este mecanismo entraría en vigor en 2013, cuando concluye el fondo provisional creado en mayo y al que han recurrido ya Grecia e Irlanda.

El Gobierno no descarta que en la reunión que comienza este jueves y que concluirá el viernes se debatan también algunas de las últimas propuestas surgidas para facilitar liquidez a los Estados con problemas.

España estaría a favor de una flexibilización del fondo de rescate

A pesar de destacar que serían los ministros de Finanzas los encargados de estudiar la cuestión, fuentes del Ejecutivo han señalado que España estaría a favor de una flexibilización del fondo de rescate para que, de manera puntual y 'preventiva', pudiera dar líneas de crédito a corto plazo a los Estados que no encuentren liquidez por la excesiva desconfianza de los mercados.

También podría surgir en la cumbre el debate sobre los eurobonos, una propuesta del presidente del Eurogrupo, Jean-Claude Juncker, que se ha encontrado ya con el rechazo frontal de Francia y Alemania.

El Gobierno, sin embargo, considera 'positiva' esta iniciativa, aunque también advierte de que se trata de una idea a largo plazo que en ningún caso serviría para solucionar los actuales problemas.