Vox ha presentado ante el Tribunal Constitucional el recurso de amparo en el Tribunal Supremo tras el archivo de la causa contra el ministro de Transportes, José Luis Ábalos, al no encontrar delito en la entrada en España de la vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, el año pasado.

Según ha informado esta formación política, este viernes han presentado este recurso de amparo porque consideran que el archivo de las actuaciones, seguidas ante la Sala Segunda del Tribunal Supremo, vulnera los derechos reconocidos en el artículo 24 de la Constitución Española en relación con el artículo 9.3.

En concreto, el 26 de noviembre de 2020 el Supremo archivó esta causa al estimar que, aunque la estancia de vulneró una prohibición del Consejo de la Unión Europea, no hubo delito en la reunión que Ábalos mantuvo con ella.

Sin embargo, esta "acreditada infracción" no es, dijo el tribunal, constitutiva de un delito de prevaricación imputable al ministro que la haya, en su caso, consentido, porque "las obligaciones derivadas de las decisiones PESC (sobre la política exterior y de seguridad común de la UE) tienen una naturaleza esencialmente política" y "su incumplimiento implica la vulneración de una obligación en el ámbito de la política exterior de la Unión Europea".

En respuesta, el recurso presentado por Vox dice que las medidas restrictivas "no tienen sólo naturaleza política", sino que "existe la obligatoriedad del cumplimiento de las medidas restrictivas acordadas por la Comisión Europea en relación a las decisiones PESC, que, aunque tienen naturaleza política, lo cierto es que también obligacional para los países de la Unión Europea".

En este escrito, la vicesecretaria Jurídica Nacional de Vox, Marta Castro, ha indicado que el "único requisito" que el Tribunal Supremo no aprecia es el de "la ilegalidad", y ha matizado que "es precisamente esta cuestión la que no puede ser valorada, sin vulnerar la tutela judicial efectiva, sin una mínima investigación de los hechos, como es conocer el conocimiento del querellado de los resortes jurídicos que debieron aplicarse a los hechos".

Castro ha considerado además que se vulnera la tutela judicial efectiva desde dos perspectivas: sobre la inadmisión de práctica de prueba alguna y que la querella "incluya pruebas de las que no puede disponer", para lo que se encuentra el procedimiento instado por este partido, "lo que justifica la querella".