Los vecinos de las viviendas sociales plantan cara a Ana Botella

Los vecinos de los cinco inmuebles que el Ayuntamiento de Madrid pretende vender a Renta Corporación, empresa de la que Ignacio López del Hierro (el marido de Cospedal) es consejero, no se resignarán a perder el que ha sido su hogar durante más de 20 años. Al menos, sin luchar. En la asamblea multitudinaria celebrada ayer, jueves, junto a varias abogadas los vecinos de los cinco inmuebles decidieron unir sus fuerzas y “dar guerra” al Ayuntamiento de manera conjunta.

La asamblea, celebrada en un local de la parroquia del barrio Lavapiés, marca el inicio de un largo camino, que los vecinos han decidido recorrer de manera conjunta. La primera decisión, de defensa, es que los inquilinos que han recibido el aviso de que deben abandonar su hogar durante el mes de diciembre no abandonarán sus casas ni aceptarán el realojo en otra vivienda municipal. “Y si van a desalojarlos allí estarán todos para hacer fuerza”, advierte Navarrete.

El segundo acuerdo que se alcanzó a lo largo de la tarde de ayer fue cómo pasar al ataque. “Vamos a solicitar de manera formal el contrato firmado por la EMVS y estudiaremos si es posible impugnarlo porque creemos que los vecinos tienen el derecho de adquisición de vivienda preferente que no se ha hecho efectivo por ninguna parte”, explica la abogada, quien asegura que ha elegido iniciar el proceso por la vía administrativa y no por la judicial porque “es más barato”. “La justicia no es un derecho universal gratuito en este país”, ha denunciado.

 “Y si van a desalojarlos allí estarán todos para hacer fuerza”, advierte la abogada.

La EMVS, no obstante, defiende que la venta de los cinco inmuebles es totalmente legal acorde a la Ley de Arrendamientos Urbanos que entró en vigor en 1995. Asimismo, la empresa municipal se ha comprometido a realojar a todas las familias afectadas, 117 en total. De hecho, durante el día de hoy la EMVS se ha citado, de manera individual, con los vecinos para tratar de acordar un realojo. La mayoría de los afectados, no obstante, se han mostrado contrarios a acudir a la cita ya que creen que tratarán de convencerlos para que abandonen sus casas.

Los argumentos que aporta la EMVS son rebatidos por las abogadas de los inquilinos. Las letradas consideran que la legislación a aplicar varía si una de las partes es de naturaleza pública. “Cuando una de las partes contratantes es la Administración se deben aplicar una serie de decretos que estos señores están obviando. Precisamente, uno de esos decretos señala que los inquilinos tienen derecho a permanecer en sus casas mientras persistan los motivos que la hicieron receptora”, explica.

Estas primeras iniciativas de carácter legal de los vecinos de los cinco inmuebles estarán acompañadas de otras acciones. La mayoría de la asamblea se han mostrado partidaria de acudir a protestar frente a la sede del Ayuntamiento, así como organizar manifestaciones en el barrio para dar a conocer la situación.

La fecha que tienen marcada en rojo los vecinos es el 18 de enero, día en el que termina el plazo para que Renta Corporación haga efectiva la opción de compra que se garantizó previo pago de 300.000 euros. La ilusión de los vecinos es que se monte tal revuelo y sean tantos los inquilinos que se niegan a ser realojados en otras viviendas que la empresa compradora se eche atrás y no haga efectiva la contra.