El Tribunal de la Rota Romana ha hecho público un decreto en el que otorga plena legitimidad a la sentencia de la Signatura Apostólica que instó en abril de 2007 a la Diócesis de Lérida a devolver al Obispado de Barbastro-Monzón los bienes histórico-artísticos de las parroquias de la Franja aragonesa.

Así lo aseguró a Efe el vicario judicial de la Diócesis altoaragonesa, José Mora, que expresó su satisfacción por el contenido de un decreto que cierra a Lérida la vía eclesiástica para reclamar la propiedad de las 112 piezas en litigio y refuerza la posición de Barbastro ante cualquier reclamación vía civil.

El decreto, que confirma y argumenta una decisión dictada por este tribunal romano el 13 de mayo de este año, incide en la "falta de competencia" de la Rota para el tipo de litigio planteado por la Diócesis de Lérida, y en la "falta de legitimidad" de su titular para recurrir a esta instancia eclesiástica.

Afirma la Rota en su decreto, que consta de quince páginas redactadas en latín de cuya traducción se ha encargado José Mora, que el origen de litigio es un acto administrativo de la Iglesia, el decreto de 1992 de transferencia de las parroquias de la Franja a Aragón, cuyo enjuiciamiento corresponde a los tribunales administrativos eclesiásticos.

En este sentido, afirma este tribunal, los tribunales eclesiásticos que juzgaron la reclamación de la Diócesis de Lérida, la Congregación de Obispos de Roma y la Signatura Apostólica, son los órganos competentes para atender los actos de gobierno (administrativos) de la Iglesia.

Respecto al valor jurídico del decreto, Mora consideró que constituye un documento jurídico de "gran valía" ya que confirma el cierre de todas las vías a nivel eclesiástico para la Diócesis de Lérida, y refuerza la posición de Barbastro-Monzón.

A su juicio, "en cualquier tribunal dentro del Estado español, la resolución de la Signatura Apostólica y el decreto de la Rota Romana son claves para demostrar que este es un asunto juzgado".

Señaló a este respecto que los acuerdos suscritos entre el Gobierno español y la Santa Sede otorga valor estatutario al derecho eclesiástico, "lo que en términos prácticos significa que las sentencias de la Iglesia tienen eficacia civil".

Por su parte, el obispo de Barbastro-Monzón, Alfonso Milián, se mostró satisfecho del contenido del decreto de la Rota Romana, al confirmar y legitimar las pretensiones de su Diócesis sobre los bienes depositados en el Museo Diocesano de Lérida.