Los testigos desdeñados

C. Jiménez Villarejo: Ex fiscal jefe de la Audiencia de Barcelona y ex responsable de la Fiscalía Especial Anticorrupción.

Miembro del grupo de expertos designado en el sumario para investigar el franquismo abierto por Baltasar Garzón. 

"Por más que haya posiciones jurídicas discordantes, no puede impedirse que la causa se abra y menos aún imputar al juez por ello. A Garzón ni siquiera se le permite ahora practicar pruebas, lo que vulnera el principio básico del derecho a un juicio justo. A los acusadores, en cambio, se les acepta todo".

Carla del Ponte: Embajadora de Suiza en Buenos Aires. Especialista en crímenes de lesa humanidad y genocidio. 

Como fiscal del Tribunal Penal Internacional para la ex Yugoslavia fijó sus argumentos jurídicos. 

"Nadie está por encima de la ley o fuera del alcance de la justicia internacional. Las víctimas deben poder ver que existen mecanismos efectivos para llevar a los acusados ante un tribunal al que rendir cuentas de sus acciones".

Hernán Hormazábal: Catedrático de Derecho Penal de la Universidad de Girona, especialista en derecho penal internacional. 

Ha acudido a Naciones Unidas solicitando que la relatoría especial para la independencia judicial proteja a Garzón. 

"No hay ni la más mínima base técnica ni jurídica para procesar a Garzón. Las supuestas resoluciones injustas son un trámite procesal formal, de las que se dictan miles cada día, y nadie salió perjudicado porque no llevaban aparejadas medidas cautelares de carácter personal".  

Raúl Zaffaroni: Ministro de la Corte Suprema de Justicia de la Nación Argentina, experto en derechos humanos. 

Fue uno de los redactores de la sentencia de 2005 que declaró nula la Ley de Punto Final y Obediencia Debida.

"La progresiva evolución del derecho internacional ya no autoriza al Estado a tomar decisiones cuya consecuencia sea la renuncia a la persecución penal de delitos de lesa humanidad, en pos de una convivencia social pacífica apoyada en el olvido".

Hugo Relva: Coordinador del Programa de Justicia Internacional de Amnistía Internacional. 

Ha participado en los grandes procesos de América Latina que han anulado leyes de punto final.

"En todos los países, este tipo de leyes de amnistía tienen validez durante algunos años, pero siempre acaban cayendo. La única excepción es España. ¡Qué ironía que esto suceda en el lugar que permitió que se abrieran procesos a extranjeros!".

Juan Guzmán: Director del Instituto de Derechos Humanos de la Universidad Central de Chile.

Ex jefe instructor en Santiago de Chile, abrió varias causas contra los responsables de la dictadura de Pinochet. 

"Ni la amnistía del año 1977 ni la prescripción se pueden hacer valer por las muertes sistemáticas. Prevalece el derecho internacional y la única manera de investigar esto es abriendo las fosas".

Ricard Vinyes: Profesor titular de Historia Contemporánea de la Universitat de Barcelona (UB).

Autor de ‘Irredentas. Las presas políticas y sus hijos en las cárceles del franquismo' y experto en memoria histórica. 

"El franquismo montó todo un sistema para quitar los hijos a las madres a partir de unos experimentos con unas presas en Málaga, que supuestamente demostraron el deterioro de la ‘raza española' por culpa de la democracia. La base era evitar la transmisión cultural de madres a hijos. Y estos crímenes siguen impunes".

Sergio G. Ramírez: Juez de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, entidad que presidió entre 2004 y 2007.

En sus sentencias recogió parte de la doctrina que serviría de base para anular leyes de punto final en América Latina. 

"Las disposiciones de olvido y perdón no pueden poner a cubierto las más severas violaciones a los derechos humanos, que significan un grave menosprecio de la dignidad del ser humano y repugnan a la conciencia de la humanidad".

Ni uno solo de los expertos solicitados por Garzón ha sido aceptado

José Ricardo de Prada, Ramón Saez Valcárcel y Clara Bayarri. Magistrados de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional.

Los tres jueces emitieron un voto particular el 14 de diciembre de 2008 defendiendo la instrucción de Baltasar Garzón. Empezaba así: "Los hechos a que se refiere este sumario son constitutivos de crímenes contra la humanidad y de crímenes de guerra. Esta calificación procede del Derecho Internacional Penal y se ha recibido en nuestra legislación interna". Varela rechaza citarles porque "dichos magistrados han dicho en su voto particular cuanto consideraron conveniente expresar". 

Javier Zaragoza. Fiscal jefe de la Audiencia Nacional.

Aunque la fiscalía se opuso a la causa contra el franquismo, la defensa de Garzón considera que la fiscalía nunca insinuó que el juez prevaricara. Varela no quiere escucharle porque "su criterio resulta ya, extensa y nítidamente, expuesto en las diversas alegaciones y dictámenes presentadas en las actuaciones. 

Joan Garcés y Fernando Magán Pineño. Abogados 

Los letrados presentaron las querellas que fueron admitidas a trámite por Garzón, en nombre de la nieta de Juan Negrín, el último presidente republicano durante la Guerra, y las asociaciones de víctimas y de memoria histórica. El auto de Varela rechaza escucharles porque "los denunciantes ya se han expresado, y nítidamente, sin que su discurso afecte a la calificación del comportamiento del imputado". 

Eduardo Freiler. Presidente de la Cámara Federal de Buenos Aires.

El jurista argentino desempeñó, como Eugenio Raúl Zaffaroni, un papel clave en la anulación en Argentina de las leyes de obediencia debida y punto final. Varela le agrupa al resto de expertos internacionales: la propuesta de que testifique sólo puede entenderse "desde una apriorística desconsideración" tanto del Tribunal como de las partes.