El Tribunal Supremo de Birmania (Myanmar) aceptó hoy los argumentos de la principal opositora birmana y Nobel de la Paz, Aung San Suu Kyi, y revisará la pena de 18 meses de arresto domiciliario que cumple.

Nyan Win, letrado de Suu Kyi y portavoz del partido opositor Liga Nacional por la Democracia (LND), explicó a la salida que los jueces escucharon sus argumentos, ordenaron un receso y se retiraron a deliberar.

Después, un funcionario judicial colocaba en el tablón de anuncios la notificación de que la corte revisará el caso "en una fecha próxima".

El veterano Nyan Win calculó que el caso podría verse en los tribunales dentro de las próximas cuatro semanas.

La Corte Suprema también acordó en otra sesión reconsiderar la misma pena de confinamiento impuesta a las dos mujeres, una madre y una hija, que vivían desde hace años con la Nobel de la Paz.

Inicialmente, estaba previsto que la máxima instancia judicial del país emitiera el veredicto hoy, la última oportunidad para que Suu Kyi sea puesta en libertad a través del sistema legal birmano.

La defensa insistió en el argumento de que la activista fue juzgada y condenada con una legislación contenida en la Constitución de 1974 y que anuló la Carta Magna que se aprobó el año pasado en referéndum.

Los abogados del Estado mantienen que los artículos referentes a la seguridad nacional aplicados con Suu Kyi continúan en vigor.

La opositora birmana de 64 años fue sentenciada el 11 de agosto pasado a tres años de prisión y trabajos forzados por haber violado los términos del encierro que cumplía desde 2003 al no denunciar la intrusión de un estadounidense en su casa de Rangún, en mayo.

El mismo día en que se pronunció la sentencia, la pena fue reducida a 18 meses de arresto domiciliario.

Los abogados de la defensa, que necesitan pedir una autorización especial para hablar con su clienta, recurrieron el fallo en septiembre y perdieron, y entonces apelaron al Supremo en noviembre.

Suu Kyi ha vivido confinada en su casa familiar de Rangún sin teléfono, internet o visitas, entre otras cosas, 14 de los últimos 20 años por pedir de manera pacifica reformas democráticas a la Junta Militar que detenta el poder desde 1962.

A principios del pasado mayo, el ex militar estadounidense John Yettaw irrumpió en el domicilio, tras cruzar a nado el lago Inle, porque había tenido visiones de que corría peligro la vida de Suu Kyi, según confesó en su juicio.

Por no denunciar su presencia a las autoridades, la opositora birmana que iba a recobrar la libertad ese mes fue detenida, acusada y juzgada, al igual que las dos personas que vivían y cuidaban de ella y el propio Yettaw.

La justicia birmana sentenció a Yettaw a siete años de prisión y fue deportado después a Estados Unidos, en agosto y a las mujeres a la misma pena que Suu Kyi.

El castigo impuesto a la Nobel de la Paz de 1991 impedirá que participe en los comicios que se convocarán en 2010 y que han condenado la mayor parte de la oposición y las minorías étnicas.

Birmania no celebra elecciones parlamentarias desde 1990, cuando la Liga Nacional de la Democracia encabezada por Suu Kyi ganó con más del 82 por ciento de los votos emitidos al partido oficial, aunque el régimen jamás reconoció la derrota.

La comunidad internacional ha advertido a la Junta Militar birmana de que el reconocimiento del llamamiento a las urnas que organiza dependerá primero de la liberación de los 2.200 presos políticos encarcelados en el país, incluida Suu Kyi.