Memoria históricaSuárez y González utilizaron la principal medalla española para premiar a dictadores

La ducha estaba abierta. El anciano puso un pie dentro, y de repente todo se aceleró. Quiso el destino que la vida del salvaje dictador Jorge Rafael Videla llegara a su fin por un simple resbalón bajo el agua. Ocurrió un 17 de mayo de 2013. 37 años antes, el militar de bigotes protagonizaba otro golpe. En este caso, de Estado: apoyado por otros militares de similares inquietudes, derribó la frágil democracia, instaló una dictadura y dio rienda suelta a sus más bajos instintos. Las desapariciones, torturas, violaciones o secuestros de niños se hicieron de lo más habituales.

Cuando Argentina era un infierno, España decidió premiar al diablo. Fue un 6 de enero de 1979 y se publicó en el Boletín Oficial del Estado. La “Madre Patria”, que un par de meses antes había mandado al Rey Juan Carlos a abrazarse con Videla, hacía oficial su decisión de premiar al verdugo mayor con el Collar de la Real Orden de Isabel la Católica, el premio más importante que el Estado español concede desde 1815 a todo aquel que considere digno de tal mención. Para el gobierno de Adolfo Suárez, el dictador argentino se la merecía.

Videla fue uno de los premiados más salvajes, pero no el único. A día de hoy, varios dictadores de variadas nacionalidades –o en su defecto, sus herederos biológicos- conservan las medallas otorgadas por Madrid. Al Reino de España, ya fuese bajo el gobierno de Suárez o con Felipe González de presidente, no le produjo ni la más mínima nausea el reparto de medallas entre vertebrados de dos patas como Videla. Porque no fue sólo él. Hubo más. Muchos más.

Según ha podido cotejar Público, entre 1979 y 1985 –oficialmente en democracia- hubo una decena de condecoraciones a dictadores. Entre ellos está Teodoro Obiang Nguema Mbasogo, presidente del Consejo Militar Supremo de Guinea Ecuatorial. El decreto, que llevaba –como en todos los casos- la firma del Rey Juan Carlos –y también del ministro de Exteriores de turno, por entonces Marcelino Oreja-, se hizo oficial el 27 de diciembre de 1979, casi cinco meses después de que el militar guineano llegara al poder mediante un golpe de estado –él lo denominó “Golpe de Libertad”- contra su tío, el no menos salvaje Francisco Macías.

A principios de ese año, en enero de 1979, el Gobierno de Suárez había aprovechado la misma página del Boletín Oficial del Estado para dar a conocer otra distinción a otro dictador: algunas líneas debajo de la distinción a Videla aparecía la concesión del Collar de Isabel la Católica al militar peruano Francisco Morales Bermúdez, quien llevaba en el poder desde 1975. Curiosamente, los decretos para premiar a Videla y Morales Bermúdez fueron firmados el mismo día.

También hubo premios para los representantes de una de las dinastías dictatoriales del Golfo Pérsico: a lo largo de 1981 y 1982, el gobierno de UCD otorgó la Gran Cruz de Isabel la Católica al emir de Bahréin, Isa bin Salman Al Jalifa; a su sucesor, el jeque Hamad Bin Isa Al Khalifa, y al todavía primer ministro de ese país árabe, Jalifa bin Salman Al Jalifa. Ayer y hoy, los Khalifa gobernaban y gobiernan haciendo una cruel exhibición de mano dura, lo que les hace responsables de graves violaciones a los derechos humanos.

Las medallas de Felipe

Los premios continuaron con el primer Ejecutivo del PSOE. El 9 de mayo de 1983, el gobierno de Felipe González condecoró al dictador brasileño João Baptista de Oliveira Figueiredo, quien cuatro años antes había sido premiado por el gobierno de Suárez con el collar de la Orden del Mérito Civil.

Ese mismo día, el Gobierno también concedió la máxima distinción al dictador uruguayo Gregorio Álvarez, jefe del régimen militar que aterraba desde 1976 a ese pequeño país sudamericano. Las esposas de Álvarez y Baptista de Oliveira, María del Rosario Flores y María de Castro, recibieron por su parte la Banda de Dama de la Orden de Isabel la Católica.

En 1985, el Ejecutivo del PSOE tampoco tuvo reparos a la hora de premiar con ese mismo collar a otro dictador que se mantenía en el poder: Hosny Mubarak, máximo representante de Egipto y, por ende, principal responsable de las atrocidades que sufría la población civil.

“Relaciones de amistad”

¿Qué les hacía dignos de tales distinciones? ¿Por qué los gobiernos democráticos de Suárez y González consideraban que debían ser premiados? Los decretos que en su momento se redactaron para otorgar las condecoraciones no dan datos al respecto. “Queriendo dar muestra de mi aprecio al excelentísimo señor…” es la fórmula que se repite en cada una de las resoluciones, sin especificar las razones de tal demostración.

Las pistas hay que buscarlas en la normativa oficial que rige la Orden de Isabel la Católica: allí se señala que su objetivo no es otro que “premiar aquellos comportamientos extraordinarios de carácter civil, realizados por personas españolas y extranjeras, que redunden en beneficio de la Nación o que contribuyan, de modo relevante, a favorecer las relaciones de amistad y cooperación de la Nación Española con el resto de la Comunidad Internacional”.

No apta para condenados

El texto también establece que “la persona condecorada con cualquier grado de la Orden de Isabel la Católica que sea condenada por un hecho delictivo, en virtud de sentencia firme, podrá ser privada del título de la misma y de los privilegios y honores inherentes a su condición”. Esos supuestos concurrieron en los casos de Videla, Gregorio Álvarez y Morales Bermúdez, quienes fueron condenados por crímenes de lesa humanidad. A pesar de ello, ninguno de ellos vio revocada su medalla por parte de España.

Tampoco hay constancia de que tras los respectivos fallecimientos de Videla y Álvarez –Morales Bermúdez sigue vivo- hayan sido devueltas motu proprio por sus familiares, tal como queda determinado en otro de los artículos que regula estas condecoraciones. En concreto, se señala que “al fallecimiento de los condecorados con el grado de Collar, sus herederos quedan obligados a la puntual devolución de las insignias a la Cancillería de la Orden”.

Se establece además que “dicha devolución será realizada a través de las representaciones diplomáticas u oficinas consulares españolas en el exterior, si los familiares residieran fuera de España”, mientras que “la Cancillería de la Orden expedirá el correspondiente documento que acredite dicha devolución”. Ni una cosa ni otra.