"Soy un teniente mutilado por munición caducada y una jueza militar me quiso responsabilizar de la explosión"

Hay asuntos legales que son muy difíciles de explicar —y de comprender— para el ciudadano de a pie. El caso del teniente de Infantería de Marina José Manuel Candón (Medina Sidonia, 1976), que sufrió la pérdida de cinco compañeros y él mismo resultó herido de gravedad en un accidente con munición caducada el 24 de febrero de 2011, es quizá uno de los más llamativos. Lleva una década de idas, venidas, reclamaciones y pleitos. Incluso ha llegado a ser acusado en dos ocasiones durante este año de siete delitos, como presunto responsable del accidente que jamás fue. 

Candón, que perdió en dicho percance un ojo y el 85% de la visión del otro además de resultar desfigurado y con quemaduras severas, recuerda en una conversación con Público momentos muy amargos, como cuando se convirtió de repente de víctima por decisión de la comandante juez auditora togado miliar Patricia Moncada Lázaro, del Juzgado Togado Militar Territorial (JUTOTER) número 11; acusaba a los fallecidos de 'mala praxis' y a Candón le responsabilizaba 'in vigilando'. Aquello sucedió, además, justo el día del décimo aniversario de aquella fatídica explosión, el pasado 24 de febrero.

Hace apenas dos viernes Candón resultó absuelto de forma definitiva mediante un contundente auto emitido por el Tribunal Militar Territorial Segundo, al que había apelado. Tanto el auto de los magistrados como el propio escrito del fiscal jurídico militar José Cervera Rodríguez suponen todo un varapalo a los aparentemente incesantes esfuerzos de la auditora-jueza Patricia Moncada por imputar al teniente herido.

El caso ya había sido archivado en mayo; los magistrados acordaron en su auto que no se podía inculpar "sin previa imputación", que se estaban vulnerando los derechos a la defensa y que la instructora basaba su procesamiento en "conjeturas" y "meras sospechas". Pero Moncada volvió a intentar imputar a Candón otra vez en junio y ahora, en noviembre, ha sido sobreseído porque a juicio del tribunal la jueza "no aporta novedad alguna" y los hechos "ya fueron objeto de exposición".

Ausencia de responsables

Este embrollo legal arranca casi desde el momento de la propia explosión hace una década, en el campo de adiestramiento conocido como El Palancar, en Hoyo de Manzanares (Madrid); ocho minas —caducadas, según la mayoría de los peritajes— estallaron de forma accidental. Como consecuencia de la explosión, fallecieron cinco militares y otros tres resultaron heridos, entre ellos Candón.

El caso se cerró en 2013 con el archivo de las actuaciones. Nunca se declaró responsabilidad penal alguna. Pasaron los años y varios intentos de reapertura (sin éxito) hasta que en 2018, dos de los militares que entonces resultaron gravemente heridos, el propio Candón y el sargento primero Raúl Alfonso González —ambos en situación de retiro— reclamaron y obtuvieron  la reapertura de las diligencias previas para incorporar nuevos datos y testimonios.

Durante ese tiempo Defensa les dio la espalda, denuncia Candón. "Nosotros, por ejemplo, cuando pedimos las indemnizaciones tuvimos que sufrir un periplo de cuatro años contra la Administración", comenta a Público, "y nos la terminó denegando Pedro Morenés en 2017, entonces ministro de Defensa, y pese al apoyo explícito del teniente coronel instructor del expediente".

Como cuenta Candón, el asunto tuvo que saltar a la prensa para que avanzase ya que Defensa, tanto con el PSOE como con el PP en el Gobierno, decidieron ignorar a las víctimas del accidente de las minas del campo de tiro de El Palancar.

Fue el trabajo del perito independiente Luis Oria y el de su abogado, Jesús Blanco Martínez, quienes plantearon que el tema podía enfocarse desde la perspectiva de la prevención de riesgos laborales, que afecta desde 2007 a todos los trabajadores españoles, también a los militares. Ello unido, además, a la circunstancia de que las nomenclaturas entre las armas militares son diferentes; ni Candón ni nadie de su grupo supieron que la munición con la que iban a entrenar eran minas inútiles y, por tanto, asesinas.

Minas caducadas pero autorizadas

"El Ejército de Tierra [con el que hicieron aquellas fatídicas prácticas], desde 2007 hasta 2017, tenía autorizado el uso de munición caducada en su cadena logística y a petición del mando, en lugar de ser destruida por el fabricante como dicen los contratos", asegura Candón a este diario. "Y claro, uno supone que si esto está autorizado, es que la munición era apta para prácticas, cosa que desgraciadamente pudimos comprobar que no en febrero de 2011", el día fatídico de la explosión de las nueve minas.

Porque el hecho, que incluso reconoce el propio Ejército de Tierra en su informe, es que las minas que estallaron estaban declaradas inútiles desde diciembre de 2010: el propio manual de esa munición lo decía. "Es muy grave que se diese una orden vulnerando un manual", apunta el teniente retirado.

Ahora, tras el sobreseimiento de una acusación doble que le ha tenido amargado durante casi un año, Candón vuelve a ser lo que siempre fue: una víctima de un accidente que la Justicia aún no ha aclarado y que, por tanto, no tiene aún responsables oficiales.

El militar retirado sigue defendiendo su causa por dirimir la verdad en los tribunales, "porque el honor está por encima de todo", asegura a Público, y concluye: "Que una viuda te mire a los ojos y te diga que a día de hoy no sabe lo que le pasó a su marido, porqué murió... eso es lo que te da la fuerza necesaria para abrir y reabrir el caso, para seguir dando la cara".