Sobresaliente para los espacios de trabajo y transporte, y aprobado justo para los bares

Sanidad otorga un sobresaliente a los espacios de trabajo y transportes públicos, y un aprobado justo a los bares y restaurantes respecto a la aplicación de la Ley del Tabaco, que, en su segundo cumpleaños, sigue sin aplicarse por igual en todas las Comunidades Autónomas.

"La ley, además de haber contribuido a disminuir el consumo de tabaco, ha conseguido que hayamos ganado espacios sin humo en lugares de trabajo, transporte público y edificios de carácter público", ha explicado a Efe el secretario general de Sanidad, José Martínez Olmos.

Distingue en este balance, a los dos años de la entrada en vigor de la ley, el ámbito de la hostelería, en el que "aunque el cumplimiento no es tan satisfactorio, cada vez se encuentran más restaurantes con el cartel de libre de humo, y aquí hay todavía camino que conseguir".

Se estima que en torno a un millón de personas ha conseguido dejar de fumar en este periodo y que el consumo de este producto se ha reducido un 10 por ciento.

"Aunque sólo sea por el número de personas que han dejado de fumar la ley ha merecido la pena", señala el responsable de Sanidad, quien ha destacado también la reducción del consumo "de todo tipo de sustancias" en los menores.

El balance para Sanidad es "satisfactorio en espacios de trabajo, transporte y edificios oficiales, pero donde hay alguna diferencia tiene que ver con el desarrollo normativo de establecimientos hosteleros" situados en comunidades como Madrid, Castilla y León, Comunidad Valenciana y La Rioja "que han hecho una lectura más suave", pero que "tendrá que ser corregido".

Sanidad libra la batalla con las comunidades del PP donde no se aplica plenamente la Ley del Tabaco en los tribunales, porque "lo que no se puede hacer desde ninguna Comunidad Autónoma es rebajar la aplicación" de la norma, advierte.

"Ha sido una modificación a la baja, que no ha mirado el conjunto de los derechos de los ciudadanos, sino que lo han hecho gobiernos por buscar algún enfrentamiento" con la administración central y siendo "más sensibles" con la industria tabaquera.

El balance es diferente para el Comité Nacional de Prevención del Tabaquismo, del que forman parte más de 40 asociaciones del sector sanitario implicadas en la lucha contra la nicotina, que considera necesario una nueva ley.

"La ley ha funcionado en los centros de trabajo porque era muy clara: no se puede fumar en este recinto. Por eso pedimos que todos los lugares públicos sean espacios sin humo", señala el portavoz del Comité, Rodrigo Córdoba, quien opina que "no es coherente que en unos lugares se permita y en otros no, porque eso genera un incumplimiento generalizado de la ley".

En este sentido asegura a Efe que aunque la nueva norma "ha tenido muchos logros importantes, la percepción de esos logros ha quedado ensombrecida entre la población por el escaso cumplimiento en sectores de mucha visibilidad como la hostelería".

"Hubo una cierta ingenuidad colectiva pensando que casi la mayoría de los establecimientos pequeños se declararían sin humo, y si no hay una regulación que obligue se ha demostrado que la autorregulación no funciona en la hostelería", añade.

Por eso, desde el Comité se plantea "que no merece la pena seguir insistiendo en que se cumpla ley, sino hacer una ley nueva, porque con ésta nos metemos en un debate jurídico de recursos que no conduce a ninguna parte".

Aprovechando la nueva regulación, propone que se incluya la financiación de los tratamientos para dejar de fumar y que se cree una "red sanitaria más potente", con profesionales dedicados a las patologías derivadas del consumo de tabaco.

Además, desde este organismo, se apuesta por subir el precio del tabaco, ya que explica que "el esfuerzo económico que tiene que hacer un adolescente para adquirirlo es igual que hace diez años".

Desde el Ministerio los planes de futuro van encaminados a pedir a las Comunidades Autónomas que "hagan esfuerzos" en relación con las inspecciones y la imposición de sanciones por el incumplimiento de la ley y a firmar con ellas acuerdos que permitan la vigilancia de su cumplimiento.

Las cifra de ventas se han reducido, aunque desde el Ministerio se valora como "un indicador indirecto" porque algunas de esas ventas son para consumo fuera de España.