Este artículo se publicó hace 16 años.
La SIP repudia la expulsión de Human Rights Watch de Venezuela
La SIP repudió hoy la decisión del Gobierno de Venezuela de expulsar al director para las Américas de Human Rigths Watch (HRW), José Miguel Vivanco, y al investigador de ese organismo Daniel Wilkinson, después presentar un informe crítico sobre los derechos humanos en ese país.
"Este es un atentado más a la libertad de expresión", dijo el presidente de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), Earl Maucker, en un comunicado.
Maucher consideró que la expulsión de Vivanco y Wilkinson "termina siendo una confesión de que el Gobierno viene atropellando derechos y garantías que forman parte de los tratados internacionales y derechos constitucionales que no respeta".
El ministerio de Relaciones Exteriores de Venezuela emitió el jueves un comunicado argumentando la expulsión, al considerar que HRW "agredió las instituciones de la democracia venezolana".
Agregó que "es política del Estado venezolano hacer respetar la soberanía nacional y garantizarle a las instituciones y al pueblo su defensa frente a ataques internacionales que responden a intereses vinculados y financiados por el Gobierno de EE.UU. de Norteamérica".
Maucker, editor y vicepresidente del diario Sun Sentinel del Sur de la Florida, recordó que la Asamblea Nacional de Venezuela declaró non grata la presencia de la SIP en Caracas, en marzo pasado.
Explicó que esa decisión se asumió bajo la sospecha de sus afiliados "han actuado y actúan como factores políticos para desacreditar la revolución bolivariana, ofender al pueblo venezolano y atentar contra el prestigio y la credibilidad del Presidente de la República'".
Por su parte, el presidente de la Comisión de Libertad de Prensa e Información de la SIP, Gonzalo Marroquín, manifestó solidaridad con Vivanco, Wilkinson y la HRW y destacó que sus informes "siempre han servido para denunciar atropellos, guiando a los Gobiernos a adoptar medidas correctivas para garantizar los derechos de todo ciudadano a gozar de un vida plena".
Marroquín, director del diario guatemalteco Prensa Libre, agregó que "esta medida del Gobierno venezolano demuestra que cuando se vulnera la libertad de expresión y de prensa, pueden ser pisoteados en forma impune otros derechos humanos como el acceso a la justicia, la vida, la libertad de asociación y la libertad de movimiento".
El directivo dijo que Venezuela ha actuado en forma similar a las "dictaduras de derecha que asolaron en Latinoamérica y cuya política era la de negar atropellos a los derechos humanos y expulsar a quienes llamaban la atención sobre esos casos".
El informe de HRW, "Una década de Chávez: Intolerancia política y oportunidades perdidas para el progreso de los derechos humanos en Venezuela", se refiere a la "violación de los derechos fundamentales".
"En sus esfuerzos por contener a la oposición política y consolidar poder, el Gobierno del presidente Hugo Chávez ha debilitado las instituciones democráticas y las garantías de derechos humanos en Venezuela", indicó el informe.
La SIP consideró que ese reporte rescata "numerosas violaciones" que ha venido denunciando desde que Chávez asumió el poder en 1999.
Detalló que destaca la ampliación del delito de desacato, pide la despenalización de los delitos de injurias y calumnias, repudia el endurecimiento de las sanciones a canales de TV y radio y las restricciones al acceso a información pública.
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