El cierre de Guantánamo se ha convertido en un auténtico vía crucis para Barack Obama. El presidente de Estados Unidos ya no sólo tiene que hacer frente a los republicanos. Ahora también los parlamentarios demócratas y los sectores conservadores de su Gobierno se oponen a trasladar a los prisioneros de la cárcel de Cuba a EEUU. Los demócratas en el Senado se negaron ayer a aprobar los 80 millones de dólares que el Pentágono había pedido para sellar las instalaciones de la isla.

Por si fuera poco, el director del FBI, Robert Mueller, expresó sus dudas sobre el cierre del campamento de prisioneros. Mueller aseguró estar preocupado por la idea de mantener encerrados en las cárceles del país, incluso las de máxima seguridad, a 'individuos que podrían respaldar el terrorismo' y 'financiar o radicalizar' a los otros presos o incluso 'preparar ataques en EEUU', una visión apocalíptica que el jefe del FBI (nombrado por George Bush en 2001) compartió con los miembros del Comité de Asuntos Judiciales del Congreso.

No era necesario insistir. En las últimas semanas, los legisladores han mostrado su cuasi unánime oposición a repatriar los prisioneros de Guantánamo por temor a las reacciones de sus votantes, lo que ha complicado seriamente los planes de Obama. El pasado enero el presidente prometió cerrar Guantánamo a principios de 2010. Hoy tiene previsto dar más detalles en un discurso que la Casa Blanca ha anunciado a bombo y platillo.

El mandatario se ha enfrentado a una rebelión dentro de sus propias filas. Ayer los senadores demócratas, con el respaldo de sus colegas republicanos, se negaron, por 90 votos a favor y 6 en contra, a votar una propuesta presentada hace unas semanas por el Secretario de Defensa, Robert Gates, que pedía 80 millones de dólares para cerrar la cárcel. Los legisladores también anunciaron que bloquearán toda iniciativa destinada a trasladar a los detenidos y pidieron al Gobierno más detalles sobre sus intenciones.

En las últimas semanas los republicanos han descrito Guantánamo como un balneario tropical donde los 241 prisioneros pueden rezar cinco veces al día, jugar al fútbol y no incordiar a sus votantes. 'El pueblo estadounidense no quiere que esta gente ande por las calles de sus barrios', resumía el senador conservador por Dakota del Sur, John Thune, 'tampoco quieren que estén en cárceles federales o militares en sus patios traseros'.

En este debate en el que los bandos se han mezclado, Obama se benefició del apoyo de sus antiguos adversarios, como el ex candidato presidencial John McCain y su acólito, el senador por Carolina del Sur, Lindsey Graham, ambos a favor de cerrar Guantánamo.

'La idea de que no podemos encontrar un lugar seguro para albergar a unos 250 detenidos no es racional. Hemos hecho esto antes', dijo Graham, que recordó que nadie hasta ahora se había escapado de las llamadas supermax, centros de máxima seguridad, y que en este momento 347 prisioneros por terrorismo cumplen condena en Estados Unidos.

El Gobierno nada en aguas procelosas desde que la semana pasada confirmó que pensaba restablecer las comisiones militares que había prometido suspender hace cuatro meses, aunque ampliará los derechos de los enjuiciados. El equipo de Obama también había empezado a averiguar si podía justificar legalmente la detención indefinida de los casos más complicados, sin ningún tipo de juicio.

Ayer un juez federal le otorgó esta opción al determinar que el Gobierno podía mantener encarceladas a las 'personas que el presidente considera planearon, autorizaron, cometieron o ayudaron a cometer los atentados del 11-S' así como miembros o ex miembros de los 'talibanes o de Al Qaeda o de fuerzas comprometidas en atacar a EEUU o sus socios en la coalición'.