El ex presidente peruano Alberto Fujimori fue condenado hoy a seis años de prisión por los casos de espionaje telefónico, el pago a congresistas tránsfugas y la compra de medios de comunicación en el 2000. La sentencia dictada por la Primera Sala Penal Especial de la Corte Suprema es la cuarta sentencia recibida por el ex mandatario (1990-2000), tras su extradición de Chile en 2007.

Además de los 25 años por los delitos vinculados con violaciones a los derechos humanos, Fujimori también ha sido condenado a 7 años y medio de cárcel por la entrega de dinero a su ex asesor Montesinos y a 6 años por el allanamiento ilegal de la casa de la esposa de su ex consejero.

Los jueces pidieron además una reparación civil a favor del Estado de 24 millones de soles (5,4 millones de euros), y de tres millones de soles (unos 685.000 euros) para cada uno de los 28 agraviados en el proceso. Fujimori interpuso recurso de nulidad, tras escuchar la sentencia, en una audiencia que duró poco más de una hora.

La sala declaró el lunes pasado la conclusión anticipada de los debates, tras la aceptación de Fujimori de los cargos por delito contra la administración pública (peculado o mal uso fondos públicos), cohecho activo (corrupción de funcionarios), y contra la libertad del secreto de las comunicaciones.

La sala manifestó en la sentencia que, en el caso de la compra del Cable Canal de Noticias y de la línea editorial del diario Expreso, 'el acusado -haciendo mal uso de la más alta jerarquía- realizó acciones ilícitas encaminadas a conseguir su reelección' en el 2000. El dinero en cuestión provenía del presupuesto de las fuerzas armadas y se utilizó con pleno conocimiento del acusado, agregó la resolución.

Sobre el caso de la interceptación telefónica, la sala afirmó que Fujimori buscaba 'tener control de la actividad política en el país', creando centros de escucha para espiar las comunicaciones de diversos periodistas y políticos opositores.

En el mismo Palacio de Gobierno, se instaló un centro de escucha llamado Casa Blanca, que era operado por personal militar bajo las órdenes del ex asesor presidencial Vladimiro Montesinos, quien a su vez entregaba las transcripciones a Fujimori.

Sobre el caso del pago a 13 congresistas tránsfugas, la sala recordó que el plan de reclutamiento de parlamentarios opositores al régimen tenía el objetivo de 'obtener una mayoría parlamentaria a cualquier costo' y 'controlar las labores de fiscalización del Congreso'.

Precisamente, la difusión del vídeo del millonario pago a uno de esos congresistas fue el que motivó la caída del gobierno de Fujimori, en septiembre del 2000, al destaparse un escándalo de corrupción que dio pie a cientos de juicios por ese delito contra diversos personajes públicos.