Saura exige al Tribunal Constitucional que "dimita en bloque"

Sin pelos en la lengua y por la angustiosa situación política en Catalunya. Joan Saura, conseller de Interior y de Relaciones Institucionales de la Generalitat, exigió hoy a las claras a los 11 magistrados del Tribunal Constitucional (TC) que "dimitan en bloque". Es "lo mejor" que pueden hacer", comentó, para "facilitar la renovación" del órgano. Sería, agregó, "un gesto de valentía".

El también presidente de Iniciativa per Catalunya Verds (ICV), en un desayuno informativo organizado por el Fórum Europa  –al que no acudieron dirigentes de IU del sector del coordinador, Cayo Lara, ni siquiera él mismo–, verbalizó el descontento y el desasosiego que recorren al Gobierno tripartito, que espera como agua de mayo una sentencia sobre el Estatut desde hace más de tres años, cuando el PP presentó su recurso de inconstitucionalidad. Es toda una "espada de Damocles", lo calificó. El problema es que la paciencia se agota. Igual que se agota el crédito del alto tribunal.

Para Saura, este TC está "deslegitimado", aquejado de una "división" en su seno, "en buena parte debida a claras influencias políticas". Y es que el Constitucional está absolutamente fracturado entre conservadores y progresistas. A eso se añade que no se ha suplido la baja por defunción del magistrado Roberto García-Calvo, conservador, ni se ha procedido a la renovación de cuatro jueces por falta de consenso de PSOE y PP.

El TC está «deslegitimado» por su división interna, producto de influencias políticas, apunta

Pero el conseller también fue realista. No parece previsible que el TC vaya a dimitir. Así que lo lógico fuera que dictase una sentencia "prudente", pues el Estatuto catalán simboliza un "pacto entre Catalunya el Gobierno central". Si el Tribunal hiciera una "interpretación cerrada" de la Carta Magna, entonces "se ahogaría la política y se pervertiría" ese pacto Generalitat-Madrid. 

En el tripartito se esperan lo peor. Es más, se preparan para lo peor. Como dijo Saura, un fallo negativo del Estatut generaría "una situación política imprevisible. Nada bueno". Además, significaría un "retroceso importante" en el desarrollo autonómico, señaló. Una salida sería "reformar la Constitución", sobre todo para demostrar que "no es inmutable". Esa vía, no obstante, está taponada, por la crispación existente entre el PSOE y el PP. 

Saura acusa al Gobierno de desplegar el texto con «lentitud y grandes resistencias»

En todo caso, sea cual sea la sentencia, el tripartito "la acatará". Saura no quiso adelantar si habrá una respuesta contundente, si se promoverán manifestaciones o no. Guardó prudencia. La solución, a su juicio, no pasa por las consultas populares, como las que están convocadas para el 13 de diciembre en un centenar de municipios catalanes o como el referéndum que ya celebró Arenys de Munt (Barcelona): "Con todo el respeto a quienes promueven esas consultas, creo que no eso no es realista o lo más adecuado, no responde a la realidad política". Son "buenas intenciones", apuntó, que "no ayudan a profundizar en el desarrollo estatutario". 

Lo que sí está claro ya es que las elecciones catalanas, previstas para el otoño de 2010, estarán marcadas por tres elementos: la crisis, la corrupción y el sentido de la sentencia sobre el Estatut. Tres incógnitas que influirán en los resultados, anticipó el presidente ecosocialista.

Los obstáculos del PP

Saura recordó que el Estatuto catalán de 2006, como todos los que fueron aprobados desde entonces (Andalucía, Comunidad Valenciana, Baleares, Aragón, Castilla y León y los que ya están en el Congreso, los de Extremadura y Castilla-La Mancha), no supone una amenaza al Estado. Es más, lo "fortalecen", no lo "debilitan" . 

Catalunya tropezó con varios obstáculos, relató el conseller. El primero de ellos, la posición del PP. Mariano Rajoy, dijo, "intentó el asalto al poder aprovechando el debate sobre el Estatut bajo el grito de 'España se rompe'". Y aunque ahora los conservadores busquen "simpatías" con Catalunya, no podrán. Para Saura, lo conseguirán únicamente si retiran el recurso de inconstitucionalidad. 

La culpa también cae en el Ejecutivo central. El conseller denunció que el presidente, José Luis Rodríguez Zapatero, no haya aclarado aún qué entiende por la "España plural". El Gobierno, a juicio de ICV, está desplegando con "lentitud" y "grandes resistencias" el Estatut, lo que crea un "desgaste político enorme" y, a la larga, la "desafección" de la ciudadanía, como ya describió José Montilla. 

Saura defendió a la postre "avanzar en la descentralización y en la construcción de un Estado federal" como receta ineludible para "superar los nacionalismos, los centralistas y los periféricos". "Unidad en la diversidad", subrayó el conseller, citando a Francisco Pi i Margall, presidente de la I República española.