El Gobierno premiará a las comunidades autónomas que evalúen a un mayor número de dependientes. El Consejo Territorial de la Dependencia que reúne al Ministerio de Sanidad y Política Social y a las consejerías encargadas de implantar la norma acordó ayer que un 20% del fondo conocido como nivel acordado (una de las partidas que el Gobierno reparte a las comunidades) se dé en función del número de personas de las que ya se ha evaluado su grado de dependencia y, por lo tanto, se ha constatado que pueden beneficiarse de la ley.

Hasta ahora, el reparto de la partida de nivel acordado dependía de diversas variantes, como la renta, el número de habitantes, la dispersión poblacional o la insularidad. Con este cambio, que el Ministerio ya insinuó hace unas semanas (antes de su remodelación), se persigue que las comunidades agilicen los trámites para evaluar a las personas que solicitan beneficiarse de la Ley de Dependencia y, como consecuencia, apresuren la concesión de prestaciones. 'De esta forma conseguimos más agilidad y más eficacia', aseguró ayer la nueva ministra de Sanidad y Política Social, Trinidad Jiménez.

El Consejo Territorial de ayer fue la primera reunión de Jiménez con sus homólogos autonómicos. La ministra destacó 'el clima cordial' del encuentro y agradeció las intervenciones de los consejeros, 'enormemente constructivas', aseguró. Jiménez reconoció que la ley 'quizá se implanta más lentamente' de lo que les gustaría, pero recalcó que los consejeros valoraron que hace dos años los derechos que recoge la norma ni siquiera existían.

El reparto de los 283 millones de euros del fondo acordado que el Gobierno repartió ayer para todo este año (un 17% más que en 2008) salió adelante sin someterse a votación. La ministra explicó que actuó de intermediaria, al encontrar un punto intermedio entre las demandas de las comunidades. Andalucía reclamaba que el fondo se repartiera en un 50% según los criterios que se establecieron cuando entró en vigor la ley y, en la otra mitad, según el número de beneficiarios de cada comunidad. Al fin de la reunión, su consejera, Micaela Navarro, dijo que insistirá en aumentar el porcentaje que se da por haber evaluado a más dependientes.

Otras comunidades, del PP, como Castilla y León y Madrid, recalcaron su oposición a las modificaciones. El consejero castellano- leonés recordó que la otra partida con que el Estado financia a las comunidades, el llamado nivel mínimo, sólo tiene en cuenta el número de dependientes que cada autonomía dictamina. Por ello, no vio necesario que el nivel acordado también se determine, en parte, por este parámetro. Catalunya, por su parte, apoyó la demanda andaluza.

Además de los 283 millones que se distribuyeron ayer, este año el Estado ha repartido otros 400 millones en el plan extraordinario destinado a crear empleo relacionado con la dependencia (confía en generar 50.000 nuevas plazas residenciales y 35.000 empleos nuevos). Además, calcula que repartirá 875 euros en el fondo mínimo, que se calcula al finalizar el año, en función del número de dependientes que cada comunidad ha atendido. El total son 1.600 millones, un 79% más que en 2008.

Trinidad Jiménez insistió ayer en que la crisis no mermará las ayudas a la dependencia y destacó que, al contrario, 'las administraciones públicas deben ofrecer garantías a los ciudadanos'. El incremento en el dinero que el Estado destina a la ley ya se avanzó en el Consejo de Ministros del pasado 30 de enero.