El 16 de octubre de 2008, el juez Baltasar Garzón denunció ante la opinión pública un hecho tan grave que pocos le creyeron. En España, miles de niños han crecido en una familia que no era la suya. Sus verdaderos padres fueron castigados políticamente por una dictadura tan fascista que aplicó el exterminio a todo aquel que no pensara como ellos decían que había que pensar. A los que permitió vivir, les quitó lo que más querían: sus hijos. Muchos se han acordado de ese auto durante esta semana, cuando una asociación ha presentado ante la fiscalía una denuncia conjunta de 261 adopciones irregulares desde la década de 1950 hasta la de 1980, pero el ideólogo del escrito de Garzón, el historiador Ricard Vinyes, niega cualquier relación: 'El franquismo fue suficientemente perverso como para que le atribuyamos unos delitos que al caerse por su propio peso borren las verdades'.

Las asociación que ha presentado la denuncia, Anadir (Asociación Nacional de Afectados por Adopciones Irregulares), huye de cualquier vinculación con la causa abierta por Garzón. Ya sea por el portazo judicial que la Audiencia Nacional dio a la investigación, por las pruebas que han reunido o por cuestiones ideológicas, esta asociación repudia cualquier relación con el franquismo. 'No existe la represión política en nuestros casos. No les importaba el origen de la familia. Obviamente no le robaban un niño a un Guardia Civil, pero aunque admito que el origen del mal puede estar en el robo a las reclusas, pasados los años se convirtió en un vil negocio', opina el abogado de la Anadir Enrique Vila.

'No hay pruebas que digan que eran parte del proyecto de Estado', dice Vinyes

El presidente de la asociación denunciante, Antonio Barroso que descubrió con 38 años que había sido un niño comprado en una adopción por 200.000 pesetas va más allá en la crítica a los que ven la mano del dictador detrás de las adopciones. 'Hemos descubierto que una de las intermediarias que se hizo multimillonaria con la venta de bebés era la guerrillera comunista Pilar Conesa', denuncia. No aporta pruebas. Las asociaciones que conocen al detalle la biografía de todas las maquis desconocen ese nombre. Ni en la Agrupación de Guerrilleros de Levante y Aragón, ni en La Gavilla Verde tienen registrada ninguna Pilar Conesa. La vehemencia en la denuncia de Barroso se palpó el pasado jueves cuando algunos de los denunciantes acudieron a la fiscalía con carteles con el siguiente eslogan: 'No somos memoria histórica'.

'Estoy de acuerdo en que detrás de los casos de los sesenta y los setenta no está la represión política, pero sí la moral', analiza la periodista de TV3 Montse Armengou que junto con Ricard Belis hizo el documental Los niños perdidos del franquismo, basado en la investigaciones que Ricard Vinyes reunió en Irredentas. Las presas políticas y sus hijos en las cárceles franquistas (Temas de hoy, 2002). Armengou presentará el próximo miércoles Devolvedme al niño. Los niños robados del franquismo, en el que demostrará que 'la fiera creada por el franquismo en los años cuarenta necesitaba seguir alimentándose una vez que ya no había presas a las que robar. Y detrás de la maquinaria siempre está el establishment de Franco con sus médicos, sus jueces y sus religiosas que engañaban a las madres solteras para que entregaran a sus hijos', denuncia la periodista.

'El franquismo necesitó madres a las que robar cuando no quedaban presas', dice Armengou

La tesis defendida por Armengou tiene en marcha una vía judicial. Otra plataforma de afectados por adopciones irregulares en clínicas y hospitales consiguió adjuntar su causa a la abierta por Garzón y de momento no ha conseguido progresar judicialmente. Sin embargo, el fiscal de la Audiencia Nacional, Javier Zaragoza, que se opuso ferozmente a que su tribunal investigase el genocidio franquista, pidió el pasado 22 de noviembre al Ministerio de Justicia que abriera una oficina administrativa para atender los casos de niños robados.

'No existe ni una prueba empírica que demuestre que estos robos pertenecen a un proyecto del Estado en lugar de a la delincuencia común', insiste Vinyes. No opina lo mismo el sociólogo Francisco González de Tena, autor del informe que estuvo sobre la mesa de Garzón cuando el magistrado decidió adjuntar los robos en las clínicas maternales de O'Donell y San Ramón a su proceso . De Tena concluye que 'la impunidad moral creció en España hasta el punto que estas redes fueran intocables'. Para el autor de El papel de la Iglesia en el Auxilio Social (Sepha), el nexo entre los robos a las presas denunciados por Vinyes y los de Anadir está en el poder de los obispos con Franco. 'Que la Iglesia abra los archivos para demostrar por qué no bautizó in artículo mortis a los niños que se supone nacieron muertos. En cada clínica había un capellán que cobraba por ello', denuncia.

La impunidad moral del franquismo que arguyen Armengou y De Tena para justificar las responsabilidad del Gobierno franquista tampoco convence a Vinyes. 'Esa impunidad es para todo el país y todas las cosas. También para meter mano a un niño de cinco años y para eso no hace falta estar en dictadura o en democracia. El franquismo no tenía moral y si la tenía era la de la Iglesia. A veces las explicaciones de las cosas no son tan complicadas. Basta con que una enfermera conozca a un militar y le robe un niño', ejemplifica el historiador que será citado como testigo por la defensa de Garzón en el Tribunal Supremo.

Por una vía o por otra cientos de madres robadas al dar a luz e hijos que han descubierto su identidad falsa se debaten en cinco plataformas en cómo conocer la verdad. Para Loli Díez, Belén Montes, Eloisa Arcos, Encarnación Caballero, Humildad Calvente, Josefa García y Gracia Maqueda desconocen si fue el franquismo, una mafia o una familia poderosa los que le robaron parte de su vida. Sólo quieren saber la verdad.