El Rey belga decidirá este fin de semana si acepta la dimisión del Gobierno

El Rey Alberto II de Bélgica deberá decidir este fin de semana si acepta la dimisión del pleno del Gobierno, presentada ayer por su primer ministro, Yves Leterme, a raíz de las acusaciones de haber presionado a los jueces para evitar una sentencia desfavorable en el caso Fortis.

Alberto II inició anoche consultas con los dirigentes de los cinco partidos de la coalición gubernamental -el liberal francófono Didier Reynders (MR) y el flamenco Bart Somers (Open VLD); el socialista francófono Elio Di Rupo (PS); la democristiana francófona Joelle Milquet (CDH) y la flamenca Marianne Thyssen (CD&V)-.

Según la radiotelevisión pública RTBF, las audiencias concluyeron a las dos de la madrugada de hoy y ahora el jefe de Estado deberá decidir si las cinco formaciones pueden mantener juntas un Gobierno o si es necesario un cambio del equipo al completo o de algunos de sus miembros, como el primer ministro y el titular de justicia, Jo Vandeurzen, los más afectados por las acusaciones.

Si el Rey acepta la dimisión podría nombrar a un responsable de la formación de un nuevo Gobierno o directamente un nuevo primer ministro y, según la RTBF, ya hay rumores que apuntan al presidente de la Cámara de Diputados, Herman van Rompuy, como posible sustituto de Leterme.

El jefe del Estado tiene previsto mantener nuevos contactos en la jornada de hoy, aunque la Casa Real no ha precisado aún con quién se reunirá ni a qué hora.

El pasado mes de julio, el Rey ya se negó a aceptar la dimisión del primer ministro, que renunció por las dificultades para sacar adelante la reforma institucional prometida por los partidos flamencos.

Leterme, vencedor en las elecciones legislativas de junio de 2007, ha presentado su dimisión en cuatro ocasiones, las dos primeras durante los nueves meses que tardó en formar el Gobierno.

La nueva crisis gubernamental estalló ayer después de que el Tribunal de Casación -la más alta instancia judicial belga- diese a conocer un informe en el que acusaba al Ejecutivo de presionar a los jueces para evitar que paralicen la división y venta de Fortis, el primer grupo bancario y de seguros del país.