Rajoy promete una ley de transparencia que no aplica a la cúpula del PP

Después de dos años y medio con el caso Gürtel a cuestas y con la imagen de la dimisión de Francisco Camps aún en la retina, Mariano Rajoy izó ayer la bandera de la regeneración política. "Quiero restablecer la ejemplaridad y prestigiar la vocación de servicio. Quiero que cuando se hable de políticos se piense en honradez, respeto al interés general y servicio al bien común", defendió obviando las distintas tramas de corrupción que salpican a su partido y los nombres de los cargos a los que ha afectado.

El presidente del PP prometió que nada más llegar a la Moncloa aprobará una Ley de Transparencia, Buen Gobierno y Acceso a la Información Pública de forma que todo el mundo pueda saber en qué se gastan el dinero sus gobernantes. "Nada tiene por qué ser secreto", destacó. Es más: sostuvo que es "necesario", porque una Administración de calidad "no puede ocultarse ante las demandas legítimas que le plantean los ciudadanos".

Se le olvidó que su propio partido incumple el código ético que se autoimpuso meses después del estallar el escándalo de la Gürtel. Y que el pasado junio el Tribunal Superior de la Comunitat Valenciana condenó a la Generalitat por negarse a facilitar información sobre sus contratos públicos con la trama. Con ello dio la razón a Compromís, que tras 1.508 peticiones de documentación, había denunciado la situación por vulneración constitucional.

Y también evitó mencionar que el PP ha encargado auditorías sobre la situación de las cuentas en todas las comunidades autónomas que heredó el pasado 22-M pero ninguna en las que ellos mandan desde hace varias legislaturas.

Rajoy se veía ayer más cerca de poder reunir a su Consejo de Ministros. Por eso anunció varias medidas que pondrá en marcha en los primeros cien días de su Gobierno. En la clausura del Foro de Administraciones Públicas del PP en Zaragoza, lanzó sus propuestas al aire pero como si la campaña electoral ya no fuera con él. Desde que cambió el traje de jefe de la oposición por el de hombre de Estado, las recita como deberes. "¿Qué vamos a hacer?", dijo. Y, por una vez, empezó a desgranarlo. Eso sí, sin concretar algunos temas.

Para mejorar la imagen de los políticos Rajoy señaló que también tiene en mente sacar adelante una Ley de Estabilidad Presupuestaria y realizar reformas para que los cargos que manejan los recursos públicos "no dejen facturas en los cajones sin que nadie responda por ello". "Reforzaremos los controles previos y endureceremos las responsabilidades exigibles para que los gestores nunca asuman compromisos de gasto sin respaldo presupuestario", prometió. Si lo hace finalmente, el regidor madrileño Alberto Ruiz Gallardón tendrá que dar algo más que explicaciones por lo elevado de su deuda.

Lo que nunca había dicho hasta ahora es que piensa reformar la Ley de Subvenciones para hacerla "más exigente y objetiva". Para él el dinero público debe estar sometido a "un control riguroso". "Se acabaron las subvenciones con nombre propio y sin causa justificada. Las ayudas con cargo al dinero de los contribuyentes estarán rigurosamente tasadas por la ley, no padecerán discrecionalidad y estarán sometidas siempre al principio de libre concurrencia", resaltó.

Además, afirmó que lo que en el fondo persigue es una "regeneración institucional". Y por eso lamentó que los organismos reguladores se hayan convertido en "recolocadores". Rajoy criticó que se asista "al bochorno de una fuga de cargos del Gobierno buscando en ellos nómina y cobijo". "Me comprometo a erradicar esta práctica", mantuvo. Y a mantener la independencia de estos y la del Banco de España. Para ello reducirá "la proliferación de organismos", cambiará "el sistema de nombramientos" y reforzará "las mayorías del Congreso para su elección".

No fue su única declaración de intenciones. "Será un deber público gastar mejor", indicó. Lo que le dio pie a exponer otro de sus objetivos: impulsar un Pacto Territorial por la austeridad y la eficiencia. Su meta es que para cada competencia gaste dinero una sola Administración. Rajoy señaló que, para ello, convocará la Conferencia de Presidentes y contará con la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP).

También quiso garantizar "la igualdad y los derechos de todos". Los barones del PP han comenzado a aplicar recortes y su jefe de filas quiere impedir la impopularidad y los recelos que eso conlleva. Por eso, aseguró que hablando "con todos" establecerá "por ley una cartera de servicios públicos básicos comunes para todos los ciudadanos que incluirá educación, sanidad y servicios sociales". En este asunto, precisamente, se echó en falta que especificará sus planes.

Rajoy insistió en su idea de establecer una Ley de Unidad de Mercado y dijo que piensa impulsarla en coordinación con las autonomías. Explicó que pondrá en marcha "un sistema de reconocimiento mutuo de autorizaciones y de licencias" con el fin de "no dificultar la libre circulación de bienes y servicios dentro del territorio nacional" y dar "facilidades" a los emprendedores.

A su juicio tiene que haber "menos y mejores normas". Para ello se comprometió a que cada ley vaya acompañada de una completa memoria de impacto regulatorio. "Queremos que en España sea posible constituir una empresa en 24 horas", subrayó para terminar.