Mariano Rajoy enderezó ayer la postura de su partido con relación a la lucha antiterrorista. Sin reparos, se reafirmó en su apoyo explícito al Gobierno en su política contra ETA. Todo lo contrario a lo oído en la última semana por boca de dirigentes de su formación. Uno tras otro, y en especial la presidenta madrileña, Esperanza Aguirre, hicieron de poli malo, dudando de la firmeza del Ejecutivo contra la banda. “Cuando el Gobierno rectifica, nos encuentra”, afirmó ayer Rajoy, sin querer declarar si su compromiso es definitivo.

El líder del PP explicó sus razones: “El Gobierno le ha negado la negociación a ETA y ha propiciado la ilegalización de ANV y PCTV. Además, las Fuerzas de Seguridad del Estado están ahora a la altura de las circunstancias, procediendo a detenciones de terroristas muy importantes”.

Rajoy rompía así el hilo de sospecha tendido en los últimos días. Su número dos, Dolores de Cospedal, aseguró el pasado miércoles que si el Ejecutivo no disolvía los 42 municipios controlados por ANV, es que “no está cumpliendo” con su promesa de luchar contra ETA. El jueves, Cristóbal Montoro, el portavoz económico, interpretó que si no hay disolución de los ayuntamientos abertzales, La Moncloa estará dando dinero “al brazo político de ETA”. El viernes, Aguirre expresó su temor a que el presidente “esté pensando en volver a la negociación política con los terroristas”.

Y por fin el domingo, para coronar la escalada de descalificaciones, habló Javier Arenas, vicesecretario de Política Autonómica y Local del PP. Y sentenció que el Ejecutivo “no tiene ninguna credibilidad” cuando promete que no hablará más con ETA.

Ayer convergió con la postura de Rajoy –y contra la de Aguirre– el alcalde de Madrid. Alberto Ruiz-Gallardón dio por “válidas” las afirmaciones rotundas del Gobierno de que no hay ni habrá ningún diálogo con la banda.

La mayor templanza de Rajoy no le impidió anunciar en Pamplona –adonde trasladó la reunión del Comité Ejecutivo Nacional–, que apoyará la moción de Rosa Díez (UPyD) que hoy vota el Congreso para exigir al Gobierno que disuelva los 42 consistorios de ANV. “Cualquier fuerza política que quiera avanzar en la lucha antiterrorista, al margen de quién se trate, contará con nuestros votos”.

Rajoy justificó su actuación declarando que “si ANV y el PCTV son ilegales”, la remoción de las alcaldías debe “ser inmediata”. Apuntó la fórmula: “Posibilitando una gestora municipal, como se hace en las poblaciones cuando después de las elecciones queda vacío el Gobierno”.

El presidente del PP recalcó que deben ser las diputaciones las que gestionen la financiación que les correspondan a los municipios gobernados por ANV.

Nada dijo Rajoy sobre las solicitudes que los ayuntamientos del PP están realizando al fondo de 8.000 millones para estimular el empleo, pese a que su partido se abstuvo en el Congreso.

“Todo cuanto está recogido en la moción es irrenunciable”. Con estas palabras, fuentes de UPyD dejaban ayer poco espacio para el acuerdo en la iniciativa que votará hoy el Congreso. En ella, Rosa Díez insta al Gobierno a disolver en un plazo de tres meses (antes de las elecciones vascas) los ayuntamientos gobernados por ANV. Para evitar un nuevo enfrentamiento en política antiterrorista, los socialistas seguían cocinando ayer a ultima hora una enmienda capaz de cosechar el consenso de la Cámara baja.

También el PP trata de devolver el terrorismo al debate político. Además de anunciar su apoyo a la moción de UPyD, mañana los conservadores llevarán al pleno del Senado una iniciativa casi calcada a la de Díez. En ella, además de la disolución de las alcaldías de ANV, el PP propone que sean las diputaciones forales las que gestionen el fondo de inversión local del Estado en dichos municipios. Hasta ayer, ninguno de los consistorios en los que gobierna la formación ilegalizada había presentado un solo proyecto.

Por su parte, el ministro de Justicia, Mariano Fernández Bermejo, reiteró ayer que la ley no permite una disolución generalizada. “No vamos a caer en el error de coger atajos”, advirtió.