Mariano Rajoy defenderá este jueves en el Congreso dos de sus leyes contra la corrupción, anunciadas a bombo y platillo en febrero de 2013, y estancadas en la Cámara Baja desde hace 9 meses. Lo hará apenas 12 horas después de forzar la dimisión de la ministra de Sanidad, Ana Mato, a la que el presidente del Gobierno no quería ver en la bancada azul tras conocerse que el juez Ruz  la sentará en el banquillo de los acusados por haberse lucrado supuestamente de la trama Gürtel.

El magistrado de la Audiencia Nacional cerró este miércoles la causa troncal del caso Gürtel, que salpica de lleno al Partido Popular, dando a conocer los nombres de los 43 imputados en la supuesta trama, en la que según el juez participaron tres de los cuatro extesoreros del partido.

En este escenario, el presidente del Gobierno y líder del PP centrará su intervención en su proyecto de Ley de Financiación de Partidos y la del Estatuto del Cargo Público, además de otras medidas ya anunciadas anteriormente por el Ejecutivo. Varias de ellas están estancadas en las Cortes, y otras aún no han sido aprobadas por el Consejo de Ministros, por lo que el Gobierno tendrá muy difícil aprobar muchas de estas normativas en el último año de la legislatura.

La oposición exigía un pleno monográfico sobre corrupción, especialmente tras los últimos escándalos de las tarjetas black o la operación Púnica pero Rajoy se centrará en estos proyectos de ley, sobre los que intentaba llegar a un acuerdo con el PSOE antes de que el partido que lidera Pedro Sánchez le diera portazo. De hecho, PSOE, UPyD, BNG y la Izquierda Plural han presentado sendas enmiendas a la totalidad a las medidas del PP, en este caso de devolución, al considerar que las propuestas del Gobierno son insuficientes, y que el Ejecutivo carece de credibilidad para llevarlas a cabo.

Por su parte, Rajoy ha vuelto a asegurar que el Gobierno ha tomado medidas contra la corrupción 'desde el primer minuto de la legislatura', pero también ha admitido que hace falta 'hacer más cosas' para reconstruir la confianza perdida de los ciudadanos.

Con esta, serán ya tres las veces que el presidente del Gobierno ha explicado su Ley de la Actividad Económico-Financiera de los Partidos Políticos y la del Estatuto del Cargo Público, aprobadas por el Consejo de Ministros hace más de un año.

La primera prohibirá las donaciones de personas jurídicas a los partidos, la condonación de deudas por entidades de crédito y regulará la figura del tesorero de los partidos, mientras que la segunda actualizará el régimen de incompatibilidades.

Además de estas normativas, se espera que Rajoy mencione su Ley de Enjuiciamiento Criminal para agilizar los procedimientos -que aún no ha pasado por el Consejo de Ministros-, la Ley de Transparencia que entrará en vigor el 10 de diciembre, la mejora de la Iniciativa Legislativa Popular o el control parlamentario del indulto.

Algunas de estas medidas, encuadradas en lo que el PP llama 'reformas de regeneración democrática' -el saco en el que también metió la elección directa de alcaldes- estaban guardadas en el congelador del Congreso a la espera de forjar posibles pactos con el PSOE. Otras, teniendo en cuenta que sólo queda un año en esta legislatura, nunca entrarán en vigor, a no ser que Rajoy vuelva a ganar las elecciones.