¿Se puede ser marido maltratador y, a la vez, padre intachable?

"Cabrona, hija de puta", le gritó A a su ya ex mujer María el 11 de noviembre de 2001 en una de las visitas a su hija en común. Meses antes, cuando aún convivían juntos, A menospreciaba continuamente, en privado y en público, las habilidades de María para llevar la casa o su capacidad para obtener el título de auxiliar de clínica. En la discoteca, una noche, la insultó diciéndole que iba provocando y preguntándole que si también había mantenido relaciones con los porteros.

Son, según una sentencia dictada en marzo de 2008, algunos de los hechos que "constatan la situación de sometimiento y temor que sufría María ante una actitud despótica y humillante que ejercía el acusado de forma habitual y constante". El juez lo condenó a 21 meses de prisión y el Tribunal Supremo lo confirmó un año después. Ahora otra juez le ha otorgado la custodia de la niña, de 9 años.

María perdió la custodia de su hija por incumplir el régimen de visitas

Es la historia de María Salmerón, la mujer sevillana que tuvo que entregar a su hija la semana pasada a su ex marido por incumplir reiteradamente el régimen de visitas. María le impidió ver a la pequeña durante años. ¿Pero qué es mejor para la niña, vivir con un padre condenado por malos tratos o con una madre que no permite que el padre vea a su hija? La Justicia se ha decantado por el primer supuesto. Aunque no obvian la gravedad de los hechos, ni la jueza ni la fiscalía entienden que la condena por maltrato impida al padre ejercer sus funciones adecuadamente con la menor.

Sí consideran, en cambio, "perjudicial para la niña las referencias negativas que la madre realiza del padre".

Su ex marido fue condenado a 21 meses de cárcel por maltrato habitual

María acumula dos sentencias penales por incumplir el régimen de visitas. "Es evidente la actitud rebelde de la acusada, así como su interés en que la menor no comunique con el padre, existiendo una verdadera retención o secuestro de la menor respecto del derecho del padre (...) impidiendo la participación de este no sólo en la educación y formación, sino en los más elementales acontecimientos en la vida de la menor", dice el fallo que condenó a María a dos años de prisión y le retiró la patria potestad durante cuatro años la Audiencia rebajó la pena a seis meses.

"Es ella [la madre] la que tiene que impulsar las relaciones de su hija para con su progenitor", dice el auto en el que se ordena el cambio de custodia. La pregunta que se hacen muchos colectivos de mujeres es: ¿Cómo puede una madre hablar bien a su hija de un maltratador? Y lo que ve aún más grave: ¿Qué educación le puede dar un maltratador a su hija? "Es incomprensible para quien tenga un mínimo de sentido común", dijo la consejera andaluza de Igualdad, Micaela Navarro, cuando el caso, adelantado por El Correo de Andalucía, saltó a los medios. Su departamento ha pedido una revisión a la Fiscalía y a la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género.

La ministra de Igualdad, Bibiana Aído, también manifestó su "perplejidad". No obstante, Navarro y Aído mostraron su respeto. Desde un punto de vista crítico, el juez de Familia Francisco Serrano insta a respetar también las condenas a María. "Los actos del hombre fueron contra la mujer, pero los de la mujer atentaron contra la menor", aseguró.

En una posición intermedia se sitúa el Defensor del Menor andaluz, José Chamizo: "Desde fuera, parece un disparate, pero existe un laberinto de procedimientos judiciales muy complejos y estamos viendo qué posibilidades legales hay para que la niña vuelva con su madre", dijo a Público tras recibir en su oficina a María.

La presidenta del Observatorio contra la Violencia de Género, Inmaculada Montalbán, considera que el problema de fondo es que la parte civil (la separación) y la penal (el maltrato) han ido por separado. "Un juzgado de violencia habría dado una solución más armoniosa", aseguró a este periódico. El procedimiento es anterior a la entrada en funcionamiento de estos juzgados.

Lo que sí deja claro un informe psicológico realizado el pasado abril es que cualquier solución judicial "necesitará para su eficacia la efectiva colaboración de ambos padres (de otro modo, serían ellos los responsables de esas futuras consecuencias negativas en la salud mental de la menor)". María Salmerón solicitó un nuevo estudio psicológico. Pero la Justicia también se lo ha denegado. "Seguiré luchando por mi hija", concluye.