Un pueblo de Navarra reclama su iglesia en los tribunales

En 1820, con motivo de la unión de las dos parroquias de Huarte una localidad de 6.000 habitantes en la comarca de Pamplona, surgió la duda de a quién pertenecía la iglesia y el terreno sobre el que estaba erigida. Las voces civiles abogaban por que el edificio era de dominio público pero el Arzobispado lo reclamaba como propio. La disputa se elevó a consulta jurídica y el licenciado Subiza y Armendáriz acreditó que "la Villa" era la única patrona".

Este auto de conformidad se mantuvo hasta que en 2007, amparado por el Reglamento Hipotecario aprobado por el Gobierno de José María Aznar (PP) para permitir que los lugares de culto fueran registrados, la diócesis de Pamplona inmatriculó (es decir, inscribió por vez primera un bien notorio en el registro de la propiedad) la iglesia de Huarte a su nombre. El ayuntamiento fue consciente de la nueva realidad alertado por el consistorio de Tafalla, que descubrió que no era propietario de un espacio parroquial cuando el cura quiso cobrar el concepto de su uso para un concierto.

El clero navarro se ha apropiado de más de mil bienes de carácter público

Confirmada la sospecha de que también su iglesia había sido inmatriculada, el alcalde de Huarte, Javier Basterra (NaBai), recibió el apoyo unánime del pleno para reclamar lo que el pueblo entiende suyo. "Lo primero que hice fue tratar de hablar con el Arzobispo", relata Basterra. Recibió el silencio por respuesta. "Entonces me dirigí a Javier Aizpún", el Vicario Episcopal para asuntos económicos y patrimonio, y ecónomo diocesano. "Me indicó que ahí estaba la ley, y a mi disposición los tribunales", resume el primer edil. Aizpún se reafirma en sus palabras. "No queremos nada que no sea nuestro, así que acataremos lo que digan los jueces, y si nos tenemos que ir, nos iremos", responde a Público. Será la primera vez que un ayuntamiento reclame a la Iglesia por un bien que considera suyo.

"No tenemos fecha para presentar la demanda porque antes de concretar las acciones necesitábamos dinero", explica Basterra, consciente de la dificultad de su litigio y de la necesidad del respaldo económico. En el pleno del pasado 27 de mayo, el ayuntamiento de Huarte incluyó una partida de 4.000 euros en concepto de provisión de fondos para sufragar el inminente litigio civil. "Actuaremos dentro de los próximos 11 meses, el tiempo que resta de legislatura", confirma el alcalde, quien lamenta la perspectiva de un juicio. "No tenemos más intención que recuperar una propiedad que hoy se la ha quedado una organismo ajeno al pueblo", insiste. No lo cree así Aizpún, quien alega que el templo es "de la institución que la fundó con el único propósito de acoger el culto religioso". Esta posibilidad es una de las razones que ha llevado al Arzobispado a inmatricular más de mil bienes ya que, según el vicario, "la sociedad ha dejado de ser católica y es ahora cuando puede ponerse en duda la titularidad del patrimonio de la Iglesia".

El Reglamento Hipotecario aprobado por Aznar ampara a los obispos

En Huarte, con todo, se sienten "afortunados". En su poder tienen la documentación que puede acreditar que el edificio es del pueblo, un dictamen que la casualidad quiso que Julio Urdin, un estudioso del lugar, encontró en los archivos de Navarra. "La conciencia de que la iglesia pertenece al pueblo es evidente, la feligresía también lo siente así", dice Urdin.

Mientras, la Plataforma de Defensa del Patrimonio de Navarra, a la que se han sumado 117 ayuntamientos de Navarra en la defensa del carácter público de los edificios religiosos, aún espera la respuesta del Gobierno y el Parlamento foral.