PSOE y UPyD firman hoy en el parlamento asturiano su pacto de legislatura

El candidato socialista a la Presidencia del Principado, Javier Fernández, y el único diputado de UPyD en el Parlamento asturiano, Ignacio Prendes, ratificarán hoy el acuerdo de legislatura que cerraron ayer ambas formaciones tras más de un mes de negociaciones.

El acuerdo permitirá la investidura de Fernández como presidente del Principado el próximo 23 de mayo con los votos del PSOE, IU y UPyD, aunque no será hasta el sábado, 26 de mayo, cuanto tome posesión del cargo en un acto que se celebrará en la Junta General del Principado.

En la firma, ambos políticos darán a conocer el contenido concreto del acuerdo cerrado el miércoles en torno a una veintena de medidas y propuestas para los tres próximos años, entre las que se incluye la constitución de una comisión parlamentaria que estudie la reforma de la ley electoral asturiana y promueva su aprobación con un amplio respaldo.

Aunque el contenido exacto del acuerdo aún se desconoce, Prendes ya adelantó que se ceñía prácticamente al que hicieron público hace una semana y en el que ambos partidos habían acordado la mayoría de los puntos objeto del acuerdo.

Junto a esta reforma, ambos partidos se han comprometido a promover una ley autonómica de reordenación del mapa local que incluya la fusión de ayuntamientos y la posible redistribución de competencias, así como a promover la consolidación del área metropolitana "como motor de Asturias".

En cuanto al modelo territorial, el acuerdo de legislatura plantea además que se ponga en marcha un estudio sobre posibles disfunciones de las administraciones públicas para evitar duplicidades, excesos o redundancias.

El acuerdo establece además una reducción del personal de libre designación en la administración pública y plantea que haya mayor transparencia en la designación de cargos, que se incremente la lucha contra la corrupción y hacer leyes de acceso a la información pública y de buen gobierno.

El PSOE se comprometió a apoyar también la creación de una comisión de investigación en el seno de la Junta General del Principado en relación con el caso Marea que determine la posible existencia de responsabilidades políticas o administrativas en ese presunto caso de corrupción destapado en la última legislatura socialista.

Para la recuperación económica, plantea la austeridad, el cumplimiento de la ley de estabilidad presupuestaria y de los objetivos de déficit público y la aprobación de un plan de ajuste del gasto público que incluya la eliminación de todos los superfluos o innecesarios, la revisión de plantillas y la inclusión de medidas de eficiencia.

El pacto contempla la supresión de la Procuraduría General, la reducción de cinco a tres miembros del Consejo Consultivo y la eliminación de algunos cargos en la Sindicatura de Cuentas.

También incluye varias medidas de apoyo a las pymes y emprendedores, como el mantenimiento del "cheque del autónomo", la reforma de la formación profesional y de las políticas activas de empleo y la puesta en marcha de un plan forestal y de competitividad de las explotaciones agrarias.

En materia de servicios públicos, plantea la redefinición y simplificación del mapa sanitario, una mayor autonomía pedagógica, organizativa y financiera de los colegios públicos y un plan concertado de servicios sociales, así como el mantenimiento del salario social.