Poco a poco, el cerco de la incompatibilidad entre la Presidencia de las Illes Balears y sus negocios se ha ido estrechando en torno a José Ramón Bauzá. En la actualidad, el presidente de Illes Balears tiene abierto un proceso de 'carácter reservado' previo a la apertura de un expediente sancionador en la Conselleria d'Administracions Públiques que debería resolverse en octubre.

Este proceso se abre después de las reiteradas denuncias de la oposición del Parlament balear por la declaración de bienes que Bauzá presentó como diputado cuando accedió a la Presidencia de las Illes, en julio de 2011. En ese papel, la única actividad remunerada que declaró el president es su sueldo como diputado y no las dos empresas y la farmacia en las que Bauzá figuraba como administrador único: la vinoteca Divino, en Calvià; la comercializadora de cosméticos y artículos ortopédicos Bauser Internacional 2001 S.L., y la farmacia Bauzá, en Marratxí.

Cuando la información sobre la existencia de estos negocios salió a la luz en el periódico local 'Diario de Mallorca', el pasado mes de mayo, Bauzá contestó en una carta pública que la empresa Divino pasó a manos de otro administrador en julio de 2011, antes de que él hiciera su declaración de bienes y actividades, pero achacó a un problema de retrasos del nuevo responsable que su nombre todavía figurase en 2012 en el Registro como el administrador único. Sobre Bauser, alegó que es una empresa que no realiza actividades desde hace dos años y que se utiliza sólo para administrar su patrimonio personal, algo 'expresamente permitido a los diputados y presidentes por ley'. Con todo, Bauzá traspasó la administración de Bauser a su esposa al hacerse pública su existencia este año.

Sobre la farmacia que posee en Marratxí, el presidente balear no se pronuncia y, al margen de que mintiera o no en su declaración de actividades al acceder a su escaño, parece el tema legalmente más delicado para Bauzá y más evidente para la Dirección General que lo estudia. Una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Baleares (TSJB) de noviembre de 2007 declaró la incompatibilidad de la consellera de Sanidad y Consumo Aina Salom por poseer también una farmacia.

La sentencia respondía al recurso contencioso-administrativo presentado por 28 diputados autonómicos del PP balear en diciembre de 2011, cuando Salom ocupaba este puesto en el Govern de Francesc Antich (1999-2003) La consellera socialista ya había abandonado su puesto cuando el TSJB dictaminó la sentencia, pero éste terminó decretando, además, la inhabilitación de Salom para acceder a cargos públicos autonómicos.

Con esta jurisprudencia, y teniendo en cuenta que Bauzá es president y responsable de toda la actividad del Govern balear, incluida la Conselleria de Sanidad, la oposición del PSIB-PSOE y del PSM-Iniciativa Verds-Entesa considera imposible que el Govern pueda dictaminar algo distinto a la incompatibilidad del jefe del Ejecutivo balear y sancionarlo por ello. Esto supondría o bien una amonestación a Bauzá o bien la publicación en el Boletín Oficial de las Illes Balears de la incompatibilidad del president con su farmacia, dependiendo de si la sanción se considera grave o muy grave.

La oposición balear asegura que estará muy vigilante para que en otoño sin más dilación, el Govern se pronuncie sobre la cuestión de la farmacia y la presunta ocultación de los negocios de Bauzá en su declaración parlamentaria de bienes, aunque no descartan acudir a la Justicia y presentar un recurso contencioso-administrativo.