Preferentistas intentan irrumpir en el juzgado donde declara Narcís Serra por Caixa Catalunya

El expresidente de Catalunya Caixa, Narcís Serra, y el exdirector general de la entidad, Adolf Todó, ya se encuentran en los juzgados de Barcelona, donde este lunes tendrán que declarar por un presunto delito de administración desleal. Los dos exdirectivos llegaron casi dos horas antes de la hora fijada para su declaración con el fin de evitar a los grupos de pequeños inversores afectados por la comercialización de preferentes de Catalunya Caixa que se agolpan a la entrada de los juzgados.

Junto a Serra y Todó también citados a declarar 54 exdirectivos de Caixa Catalunya imputados. La Fiscalía denuncia los sobresueldos que se aplicaron a pesar de la "situación crítica" en la que se hallaba la entidad.  Serra, por ejemplo, recibió más de un millón de euros entre 2007 y 2010. Todó cobró cuatro millones mientras estuvo en la caja.

Los dos exdirectivos llegaron hacia las 09.30 horas a los juzgados para evitar encontrarse con los preferentistas. Pese a ello, más de un centenar de personas se manifestaron este lunes a las puertas de la Ciudad de la Justicia y subieron hasta el rellano donde están las salas de los juzgados, donde tiraron dos petardos y han lanzado gritos de "¡Manos arriba, esto es un atraco!".

Uno de los manifestantes que hizo explotar en el interior del edificio un par de petardos fue detenido por Mossos d'Esquadra.

Entre los concentrados, que enarbolaron pancartas con lemas como Serra y Todó. Veredicto: culpables y que exhibieron un chorizo gigante a las puertas de la Ciudad de la Justicia, figuraban miembros de la asociación de defensa de los usuarios de cajas, Adicae; de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca, y de funcionarios de justicia que están en huelga desde el pasado cuatro de septiembre.

Los concentrados han gritado consignas como Ladrones, A los jubilados les han robado, Las preferentes matan a la gente, y han mostrado pancartas contra productos bancarios como las preferentes y subordinadas.

El juez Josep Maria Pijuan, que ha citado a declarar a Serra y Todó, considera que existen suficientes indicios para imputarlos tras la denuncia presentada contra ellos y otras 52 personas de Catalunya Caixa por la Fiscalía Anticorrupción por un delito de administración desleal. El fiscal presentó la denuncia por los "sueldos desproporcionados" que en su opinión aprobó Catalunya Caixa para sus altos cargos en 2010, pese a la "crítica" situación económica que atravesaba la entidad y el entorno de crisis.

La comparecencia de los directivos de Caixa Catalunay se enmarca en la decisión de la Audiencia Nacional, el pasado miércoles, de abrir una investigación a Catalunya Banc por la venta de "productos tóxicos" y supone que este tribunal tenga ya causas abiertas con todas las entidades nacionalizadas, salvo la andaluza Cajasur.

El juez Fernando Andreu debe investigar, por orden de la sala de lo penal de la Audiencia, una querella de la Asociación de Usuarios de Bancos, Cajas y Seguros (Adicae) contra el Consejo de Administración de la entidad —la antigua Caixa Catalunya, que hoy opera con la marca comercial CatalunyaCaixa— por delitos de estafa y apropiación indebida. Los "productos tóxicos" citados en la querella son swaps, participaciones preferentes, deuda subordinada y cláusulas suelo, que muchos clientes de Catalunya Banc adquirieron "guiados o aconsejados por los comerciales o directores de las sucursales", según el tribunal.

La causa abierta a la entidad catalana se suma así a una lista iniciada en julio de 2010 con la que afecta a Caja Castilla-La Mancha (CCM) a raíz de una querella presentada por el exfiscal Ignacio Gordillo en nombre del PP. El pasado martes, el juez Pablo Ruz imputó a siete miembros de su Comisión Ejecutiva que, según la Fiscalía, aprobaron "una serie de operaciones singulares" que habrían derivado en perjuicio patrimonial para la entidad, con un "agujero" de 267 millones de euros. Los siete nuevos imputados se suman a los dos que había hasta ahora: el expresidente de CCM Juan Pedro Hernández Moltó y el ex director general Ildefonso Ortega.

En noviembre de 2011, el magistrado Fernando Grande Marlaska —entonces titular del Juzgado Central de Instrucción número 3, que hoy ocupa Javier Gómez Bermúdez— admitió una querella contra la ex directora general de la Caja de Ahorros del Mediterráneo (CAM) María Dolores Amorós, a la que luego se han sumado varias contra los miembros de la antigua cúpula de la entidad.

El 26 de junio de 2012, el juez Ismael Moreno admitió la querella que la Fiscalía Anticorrupción interpuso contra cinco antiguos directivos de Caixa Galicia y Caixanova —ahora fusionadas en Novacaixagalicia (NCG)— por mejorar sus contratos sin comunicárselo al Consejo de Administración y cobrar así indebidamente 7,87 millones aportados por el Estado. Por esas mismas fechas, su compañero Santiago Pedraz se hizo cargo de la denuncia presentada por el Fondo de Reestructuración y Ordenación Bancaria (FROB) contra la antigua dirección del Banco de Valencia, intervenido por el Banco de España en noviembre de 2011 tras conocerse que sus necesidades de provisiones ascendían a 562 millones.

Finalmente, el 4 de julio de 2012 el juez Andreu admitió a trámite una querella de UPyD y abrió una investigación sobre la constitución de Bankia y su salida a bolsa, imputando a su expresidente Rodrigo Rato y a otros 32 miembros del Consejo de Administración. Posteriormente, la sala de lo penal le ordenó ampliar la investigación a la comercialización de participaciones preferentes por parte de las siete cajas —Caja Madrid, Bancaja, Caja Insular de Canarias, Caja de Ávila, Caixa Laietana, Caja Segovia y Caja Rioja— que se integraron en Bankia.

Además de estas causas, en la Audiencia Nacional se instruyen otras relacionadas con entidades no nacionalizadas como Banca Cívica —adquirida por CaixaBank— o Caixa Penedés —que ahora forma parte de BMN—.