Este artículo se publicó hace 12 años.
El PP rechaza quitar a los expresidentes su pensión vitalicia por ser "populista"
UPyD defiende que sea incompatible con otras retribuciones de carácter privado
Es una propuesta "pensada para la galería", resumió el portavoz del PP en la Comisión Constitucional del Congreso, Pedro Gómez de la Serna, para anunciar el rechazo de su grupo a la propuesta que lleva hoy UPyD al Pleno de la Cámara para limitar las pensiones de los expresidentes de Gobierno. El diputado conservador calificó de "demagógica y populista" la iniciativa, que el partido de Rosa Díez ya planteó sin éxito por el rechazo de PSOE y PP en la pasada legislatura.
Espoleada por la crisis, la propuesta sigue viva para esta formación, que resucitará el debate a pesar de su previsible derrota. "Se trata de un problema de salud pública", explicó ayer el diputado Carlos Martínez Gorriarán, que será el encargado de defenderla en la tribuna del Congreso. A su juicio, lo que está en juego es "el prestigio de la políticay del sistema democrático".
Por eso, planteará al resto de grupos una iniciativa que pretende eliminar la duplicidad de retribuciones, públicas y privadas, que pueden percibir los expresidentes. La polémica se convirtió para UPyD y los grupos de la izquierda minoritaria en una cuestión de Estado tras conocerse el fichaje de José María Aznar y Felipe González por dos multinacionales del sector energético con unas retribuciones que duplican su pensión anual.
Ambos cobran del Estado, de forma vitalicia, 80.000 euros por su estatus de expresidentes. UPyD defiende que nadie pueda percibir, a la vez, retribuciones públicas y privadas y pide así limitar y acotar las prerrogativas de los jefes del Ejecutivo una vez que abandonan su cargo.
"Crisis y desempleo"Según la proposición de UPyD, este derecho vitalicio de doble percepción de ingresos es "abusivo", especialmente "en la actual situación de grave crisis económica y altísima tasa de desempleo", como explica en la justificación de su propuesta.
La iniciativa insta al Gobierno a que, en dos meses, regule el estatuto de los expresidentes en el que se "establezca un límite temporal a las prerrogativas concedidas, así como el régimen de incompatibilidades entre retribuciones procedentes de fondos públicos con los derivados de su actividad de carácter privado".
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