Sólo el PP rechaza negociar con los secuestradores

"Apoyo las decisiones del Gobierno, pero con terroristas no se negocia nunca". Es el calculado margen de actuación que Mariano Rajoy concedió ayer en Bonn al Ejecutivo para gestionar la liberación de los tres cooperantes catalanes secuestrados por Al Qaeda en Mauritania. El portavoz del PP en la Comisión de Exteriores del Congreso, Gustavo de Arístegui, coincide: "Negociar con criminales organizados es inaceptable; resulta corrosivo para el Estado de derecho sean cuales sean sus exigencias".

Sólo el PP emplea el adverbio "jamás" para complementar el verbo negociar ante esta crisis. El resto de formaciones se mueve con absoluta cautela ante dos preguntas planteadas ayer por Público: ¿Se debe pagar un rescate? ¿Sería admisible excarcelar presos a cambio de liberar a los tres rehenes?

El PSOE entiende que la prudencia que exige la situación recomienda no contestar siquiera a estas cuestiones y ceñirse, únicamente, a un apoyo sin fisuras al Ejecutivo, que es el encargado de liderar la situación. Otras siglas comparten la misma reserva. "No tengo constancia de que nunca se haya reconocido oficialmente el pago de un rescate", explica Jordi Xuclà desde CiU.

Las prisiones españolas albergan a 71 presos islámicos. De forma velada, Al Qaeda los menciona en su reivindicación, aunque no concreta su papel en una hipotética carta de exigencias. "En el Estado de derecho, el destino de los presos es ser juzgados. Su destino no puede depender de presiones externas, se crearía un precedente inadmisible que aumentaría la espiral del chantaje. Dicho esto, siempre han existido fórmulas discretas de negociación", precisa con precaución Xuclà.

El portavoz de ERC en el Congreso, Joan Ridao, asegura que su partido está interesado en la liberación lo más rápido posible de los cooperantes. "Por eso, tendríamos que procurar ser discretos; queremos que se solucione rápido y bien, y esto exige prudencia".

"En estos contextos, lo que hay que hacer es apoyar al Gobierno y mantener la discreción, no introduciendo elementos de debate que puedan generar controversia y dificultar la resolución del secuestro", señala el portavoz del BNG en el Congreso, Francisco Jorquera. Su prioridad es "lograr la liberación de los secuestrados dentro del respeto al marco del Estado de derecho."

La prudencia parece así la máxima a seguir ante un caso en el que el diputado de IU Gaspar Llamazares recomienda al Ejecutivo una posición "firme, pero no inamovible, porque empeoraría la situación". "Una posición en la que a priori no sea legítimo hacer nada colocaría cualquier secuestro de estas características en un fracaso", explica Llamazares.

"No hay que entrar en cuestiones concretas recomienda Joan Herrera, sería dar pistas". El portavoz de ICV cree que "lo importante es que la gestión del proceso se haga con discreción y rigor, y que no se utilice el secuestro por parte de la oposición". Desde Coalición Canaria, su portavoz, Ana Oramas, predica con el mismo ejemplo de prudencia para zanjar cualquier conato de controversia: "El Gobierno sabe que su margen de actuación está en la legalidad y el Estado de derecho; debatir sobre el problema no ayuda". El PNV prefiere omitir una respuesta.