Hace poco más de medio año que la Dirección General de Policía publicó una circular mediante la cual anunciaba que se evitarían identificaciones de extranjeros 'innecesarias, arbitrarias y abusivas' por parte de los agentes y en la que se prohibían expresamente los cupos de detenciones las actuaciones indiscriminadas basadas únicamente en criterios étnicos.

Más allá de constatarse que estas prácticas siguen siendo habituales, el último informe de la Defensora del Pueblo publicado este miércoles pone en evidencia que la Policía no sólo reconoce que matiene las redadas racistas a inmigrantes, sino que no tiene ninguna intención de acabar con ellas.

Tal y como expresa Soledad Becerril en el documento, la institución realizó dos recomendaciones a la Dirección General de Policía para que, por un lado, se interpretasen correctamente los supuestos de 'detención cautelar' y se acabase con la práctica de trasladar a comisaría a ciudadanos extranjeros debidamente identificados. Por otro, la Defensora del Pueblo pedía que se diesen instrucciones para 'erradicar' los controles de identificación basados en perfiles étnicos y raciales.

La Defensora estudia encargar a un organismo que supervise la actuación policial 

Aunque la primera petición fue asumida por la Policía, no ocurrió lo mismo en el segundo caso: 'La Dirección General de la Policía aceptó el recordatorio y la recomendación relativa a la improcedencia de detener y trasladar a dependencias policiales a los ciudadanos extranjeros debidamente identificados, pero no aceptó la recomendación para que se impartiesen las instrucciones oportunas para erradicar la práctica policial de los controles de identificación y para que se arbitrasen mecanismos de control a posteriori', señala el documento.

En consecuencia, el Defensor ha anunciado que estudia 'la posibilidad de interesar al organismo competente la elaboración de un manual de buenas prácticas, de conformidad con los estándares internacionales de derechos humanos, con el fin de supervisar la actuación policial en las identificaciones de ciudadanos con el objetivo último de erradicar prácticas innecesarias, arbitrarias y abusivas', concluye Becerril.

El último informe de las Brigadas Vecinales de Observación de Derechos Humanos (BVODH) documentó al menos 177 identificaciones de personas por su perfil racial en Madrid desde el 10 de mayo de 2011 hasta el 10 de noviembre de 2012, unas cifras tan sólo ilustrativas de la existencia de este tipo de prácticas, ya que el Ministerio de Interior no proporciona datos al respecto.