El Poder Judicial ve hoy un recurso contra el permiso a Garzón para trabajar en La Haya

El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) estudiará hoy el recurso del abogado Ignacio Peláez contra el acuerdo del órgano de gobierno de los jueces de conceder al juez Baltasar Garzón autorización para trabajar como consultor de la Fiscalía en la Corte Penal Internacional (CPI), con sede en La Haya.

Según fuentes del Consejo, el vocal Antonio Monserrat propondrá al pleno que desestime el recurso interpuesto por Peláez contra la decisión de la comisión permanente, que el pasado 18 de mayo concluyó que no se apreciaban razones legales que impidieran la contratación de Garzón.

El CGPJ autorizó a Garzón dicho traslado por siete meses, pocos días después de ser suspendido cautelarmente de sus funciones en la Audiencia Nacional al haberle abierto juicio oral el Tribunal Supremo (TS) por declararse competente para investigar los crímenes del franquismo, permiso que recientemente ha sido prorrogado.

La decisión del Consejo del 18 de mayo de autorizar el traslado contó con los votos particulares de los vocales Almudena Lastra y Antonio Dorado.

Lastra entendía que debía haberse declarado al juez en situación de servicios especiales, tal como éste había solicitado, y Dorado que puesto que se le había rechazado declararle en servicios especiales la comisión permanente no debía haberse pronunciado sobre el traslado a La Haya hasta que el propio Garzón hiciera una nueva solicitud.

El juez solicitó la autorización al CGPJ para trabajar en la CPI el pasado 11 de mayo, después de que el fiscal Luis Moreno Ocampo le ofreciera un puesto de consultor externo para contar con su experiencia en la investigación de crímenes organizados y masivos.

Por su parte, el abogado Ignacio Peláez, que fue fiscal de la Audiencia Nacional y es juez en excedencia, es el autor de la querella contra Garzón por la que el Supremo investiga al juez por ordenar las escuchas a los imputados en el "caso Gürtel" en prisión y sus abogados.

El letrado Peláez defiende en este caso al empresario José Luis Ulibarri.

Su recurso se basa, entre otras cuestiones, en que Garzón se podría acoger a la inmunidad que se contempla en el Estatuto de la Corte Penal Internacional.