Las partidas para empleo aumentan más de un 6%

En medio de la crisis, las autonomías elevan los gastos de sus capítulos sociales (sanidad, educación, vivienda y empleo). Según los datos de los proyectos autonómicos, el gasto social representa casi dos de cada tres euros de los presupuestos: 109.794 millones, con un aumento superior al 2%. Estas partidas crecen especialmente en las comunidades gobernadas por el PSOE, un 3,73%, mientras que en las del PP apenas se incrementan un 0,64%.

Las políticas de fomento del empleo son las que reciben mayor atención, en términos relativos. Las autonomías prevén gastar un 6,7% más en este terreno, hasta acercarse a los 5.000 millones de euros en 2010 (suben un 10,5% en las del PSOE, y decrecen un 0,15% en el caso de las del PP). Catalunya, Andalucía, Castilla-La Mancha y Canarias son las que más esfuerzo contemplan.

El grueso del gasto autonómico viene siendo desde 2002, cuando asumieron completamente las competencias en la materia, la sanidad y la educación, que se llevan el 56% del gasto.

Otra partida destacada por su volumen es la inversión en infraestructuras de transporte (especialmente carreteras), a la que las comunidades destinan el próximo año 11.638 millones. Sin embargo, estas inversiones son las que más han sufrido los ajustes en los gastos, pues descienden un 11,6% respecto a 2009.

La financiación de los déficits de los últimos ejercicios provocados por la crisis comienzan también a pasar facturas en las cuentas autonómicas. Los pagos de la deuda pública (hasta junio, ascendía a 81.980 millones, según el Banco de España, lo que supone 18.468 millones más que un año antes) sumarán unos 8.500 millones, con un aumento del 39% sobre las previsiones para el presente ejercicio.

Las autonomías ocupan a la mitad de los empleados públicos (incluyendo a médicos y profesores). Esto explica que los gastos de personal presenten el 31% del gasto no financiero total (56.516 milllones de euros). Cada funcionario costará en 2010 unos 1.215 euros por habitante, frente a los 590 euros que cuesta uno de la Administración central.