Ignacio López del Hierro, pareja de la secretaria general del Partido Popular, María Dolores de Cospedal, fue consejero de la Corporación Industrial de Caja Castilla La Mancha desde julio de 2007 hasta hace poco más de un mes, cuando dimitió al tiempo que otros consejeros –representantes del PP–.

A su vez, el presidente de los populares en Toledo, Arturo García Tizón, era presidente de la Comisión de Buen Gobierno de la entidad hasta febrero, fecha en que presentó su dimisión. El abandono de los representantes del PP se produjo en protesta por las conversaciones con Unicaja para una posible fusión.

Precisamente, Cospedal, que además de número dos del PP es líder de los conservadores manchegos, recordó este domingo que sus consejeros abandonaron en su día el consejo de administración “por falta de transparencia en la frustrada fusión con otras entidades”; que su formación había pedido en varias ocasiones que se investigara a Caja Castilla La Mancha (CCM) y que chocó con la negativa socialista.

Cospedal remarcó que Zapatero había demostrado una “falta de control de la situación” en CCM y anunció que su partido va a pedir la comparecencia urgente del gobernador del Banco de España, Miguel Ángel Fernández Ordónez, y del vicepresidente segundo, Pedro Solbes.

En rueda de prensa en la sede nacional y acompañada por el responsable de Economía del PP, Cristóbal Montoro, Cospedal señaló que su partido exigirá al Ejecutivo “saber con exactitud la responsabilidad” de los gestores que “han sido removidos por el Banco de España” y conocer “cómo ha cumplido el Gobierno autonómico el control e inspección” de CCM.

Los dos dirigentes criticaron que la frustrada fusión con Unicaja “no era el instrumento más adecuado” y consideraron “inadmisible” que Solbes se refiriera a la intervención como “una situación de trámite” cuando desde la intervención de Banesto, en 1993, no se había producido “una situación de tan extrema gravedad”. Montoro advirtió que no va a ser “la última” acción de este tipo.

Desde el PSOE señalaban que preferían no realizar una “lectura precipitada” y que van a esperar a analizar la situación en la Ejecutiva que se celebra este lunes. Por su parte IU pidió un saneamiento “limpio y efectivo” de la entidad para que se garanticen los depósitos de los clientes y los empleos. Su coordinador general, Cayo Lara, dijo que después llegará la hora de profundizar en “la exigencia de responsabilidades políticas tanto a los gestores del PSOE como del PP en la Caja, dada su innegable mayoría en el gobierno de esta entidad”.

CCOO considera que la intervención es la iniciativa que mejor puede salvaguardar los intereses de los trabajadores y los clientes de la entidad. Y UGT ha dicho que es “una garantía”, realizando un llamamiento a la calma.