Este artículo se publicó hace 15 años.
Los obispos ignoran los argumentos del TS sobre Ciudadanía
La Conferencia Episcopal afirma que continúa considerando que "esta Educación para la Ciudadanía, tanto desde el punto de vista formal como material, es inaceptable"
Jordi Bes
Los obispos no quisieron ayer realizar una valoración exhaustiva acerca de la sentencia del Tribunal Supremo que ilegaliza la objeción a la asignatura obligatoria de Educación para la Ciudadanía. Es más, pidieron tiempo para que "las sentencias puedan ser estudiadas y analizadas en profundidad". No obstante, la Conferencia Episcopal aprovechó para recordar que continúa considerando que "esta Educación para la Ciudadanía, tanto desde el punto de vista formal como material, es inaceptable".
"El Estado no puede suplantar a la sociedad como educador de la conciencia moral", recordaron los obispos, que reconocen que otra asignatura "diferente no hubiera invadido el campo de la formación de la conciencia". La jerarquía de la Iglesia católica española volvió a aludir a la libertad de conciencia, a pesar de que los argumentos de los jueces del Supremo reiteran que los decretos del Gobierno que definen la materia no afectan en nada a ese derecho.
"El Estado no puede suplantar a la sociedad como educador de la conciencia moral", aseguran los obispos
Para el portavoz de los obispos, Juan Antonio Martínez Camino, la asignatura "es una formación estatal obligatoria de las conciencias. Y el Estado no puede imponer ninguna doctrina moral, ni siquiera la católica. De ahí que la asignatura de Religión sea voluntaria y optativa".
La sentencia niega que el Estado trate de adoctrinar y otorga el derecho del Estado a educar los valores positivos de la sociedad. Además, Camino advirtió de que los contenidos son "inaceptables, porque imponen la ideología de género y el relativismo moral", amén de "violar el derecho de los padres de ser los sujetos de la educación moral de sus hijos". El fallo del Supremo del pasado 28 de enero ya señaló que la libertad de los padres a elegir la educación religiosa de sus hijos estaba garantizada.
Aunque la Iglesia "no ha presentado" recurso alguno contra la asignatura, Camino apoyó la decisión de los padres objetores, que "pueden y deben ejercitar todas las acciones legítimas" en su contra.
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