La nueva reforma financiera española fijará provisiones más duras a la banca

El Gobierno español aprobará mañana una nueva reforma financiera que endurece las provisiones inmobiliarias de la banca y permitirá aparcar los activos tóxicos ligados a ese sector en sociedades externas, informaron hoy a Efe fuentes financieras.

Será la cuarta reforma financiera de calado desde que se inició la crisis, pero la segunda que aborda este Gobierno presidido por Mariano Rajoy, después de que en febrero impusiera 54.0000 millones en provisiones para los bienes inmobiliarios más problemáticos de la banca.

El Consejo de Ministros de mañana obligará a la banca a realizar un esfuerzo adicional en provisiones inmobiliarias de unos 35.000 millones de euros, lo que puede llevar a pérdidas a varias entidades, que estarán abocadas a vender activos o fusionarse.

Para los expertos consultados por Efe, el hecho de que la reforma haya coincidido con la nacionalización de BFA-Bankia, la entidad más problemática, revela la intención del Gobierno de lanzar un mensaje de confianza a los mercados, que hasta ahora han dudado sobre la fortaleza del sistema financiero español.

Los bancos españoles llegan a esta nueva fase con un equipaje exiguo, tras haber abordado una primera tanda de provisiones que afectó a los créditos dudosos, morosos, y a los activos inmobiliarios adjudicados, como pisos, solares y promociones, y que suman en España 180.000 millones de euros.

En el camino, varias entidades se han visto abocadas a desaparecer, pero el intenso proceso de concentración no ha sido suficiente para el Gobierno, que además de defender la nacionalización de Bankia -entidad que era reticente a una fusión- vería con buenos ojos nuevas integraciones.

A partir de mañana, los bancos españoles afrontarán un endurecimiento de las provisiones inmobiliarias que afectarán a los créditos considerados sanos o no problemáticos, y que suman en España 140.000 millones adicionales.

Entre las posibilidades está la de elevar las provisiones de un 7 a un 30 %, lo que obligará a las entidades a desembolsar 32.000 millones de euros adicionales en un plazo de tiempo determinado, entre uno y dos años.

Para los bancos que no puedan cumplirlo, el Estado -a través del organismo público Fondo de Reestructuración Bancaria, FROB- arbitrará un sistema de coberturas en forma de avales, que permitirá a las entidades realizar las provisiones con menos premura.

Estos avales garantizarán que las pérdidas que puedan producirse en la cartera inmobiliaria estarán cubiertas por el Estado.

Pero no será una cobertura gratuita, ya que obligará a las entidades a pagar una prima anual por ella y las que la disfruten estarán obligadas a presentar planes de saneamientos, que pasarán por la venta de activos o, llegado el caso, por procesos de integración.

Una vez aplicados estos intensos saneamientos, los bancos podrán sacar los bienes inmobiliarios de su balance, y traspasarlos a sociedades externas, cuya creación será regulada también mañana.

Se trata de 'sociedades de inversión inmobiliaria' según la terminología oficial, que trata de evitar el término de "banco malo".

Los bancos traspasarán los activos a estas sociedades con un fuerte descuento, sin miedo a sufrir pérdidas gracias a las fuertes dotaciones realizadas.

La medida será voluntaria para cada banco, que podrá decidir entre constituir las sociedades inmobiliarias en solitario, o asociados a otras entidades.

La víspera de la aprobación de la nueva reforma laboral estuvo marcada por las múltiples reacciones que ha suscitado el anuncio de la nacionalización de BFA-Bankia.

El gobernante Partido Popular (PP) de Rajoy culpó al Banco de España de la nacionalización de BFA, la matriz de Bankia, y de la mala gestión que hizo de la crisis financiera, mientras que la mayoría de los gobiernos autonómicos donde está presente el grupo bancario valoró la entrada en el mismo del Estado porque consideran que le dará solvencia.

El Partido Socialista Obrero Español (PSOE), el principal de la oposición y que gobernó España desde 2004 hasta diciembre de 2011, anunció que apoyará el proceso de reestructuración de Bankia.

No obstante, pidió al Gobierno que aclare cómo será el final de este proceso para que no implique la pérdida de dinero público.

Las acciones de Bankia cerraron la sesión de hoy en 2,10 euros por título tras perder el 1,17 %, su quinta sesión a la baja, aunque la caída es mucho más moderada que la de sesiones anteriores.