Tres médicos de la clínica madrileña Isadora se negaron ayer a declarar ante el juez que instruye el caso por supuestas irregularidades en la gestión de residuos sanitarios porque desconocen qué cargos concretos se les imputan. Según explicaron los abogados de los facultativos, Rafael Burgos y Gonzalo Martínez Fresneda, el juez se limitó a indicarles que están imputados pos supuestos delitos de abortos ilegales.
El juez José Sierra Fernández, titular del Juzgado 47, que instruye el caso, en ningún momento especificó a qué historiales clínicos se refieren las imputaciones, ni cuál sería la participación de los facultativos (dos médicos y una psiquiatra). Fuentes de la Fiscalía de la Audiencia Provincial de Madrid señalaron ayer que es habitual que en las citaciones se informe a los imputados de forma general. Es durante la declaración cuando se pregunta sobre cuestiones concretas, añadieron.
No piensan los mismo los abogados de los médicos: 'La vaguedad es el principio de indefensión y como no hay concreción no hay defensa posible', señaló Burgos, quien añadió que las declaraciones de los imputados pueden afectar a terceros.
Citadas por orden del juez
Estos terceros se refieren a las centenares de mujeres que cada año acuden a abortar a la clínica Isadora y en concreto a las 25 mujeres que deben prestar declaración en la Guardia Civil por orden del juez Sierra. Hasta el pasado 21 de enero ya habían declarado diez mujeres, según fuentes cercanas a la investigación. El juez espera el testimonio de las restantes.
Hace dos meses, cuando se supo que la Guardia Civil estaba citando a declarar a las mujeres, la propia vicepresidenta primera, María Teresa Fernández, y el fiscal General del Estado, Cándido Conde Pumpido, anunciaron actuaciones para respetar la intimidad de las mujeres.
De hecho, el fiscal del caso pidió al juez Sierra que las mujeres declararan directamente en el juzgado y no en la Comandancia de la Guardia Civil, porque además las mujeres no estaban imputadas como presuntas autoras de abortos ilegales, explicaron fuentes cercanas a las investigación.
Caso omiso a la Fiscalía
No obstante, el titular del juzgado 47 rechazó la petición del fiscal y ayer mismo otra de las mujeres estaba citada a declarar ante la Guardia Civil. Si prosiguen las diligencias es posible que las testigos tengan que volver a ratificar su declaración ante el juez, explicaron fuentes judiciales.
Por tanto, es posible que tengan que volver a responder a preguntas sobre las razones que las llevaron a abortar, y que ya tuvieron que contestar ante los agentes del Instituto Armado. Unas interrogantes, que, por otra parte, poco tienen que ver con la supuestas irregularidades en la gestión de residuos.
'Si el juez no sabe qué es lo que se imputa a los médicos lo razonable es que el caso se archive', explicó Burgos. Empar Pineda, portavoz de Isadora, estableció un 'claro paralelismo' con el caso de la clínica abortista y el de las supuestas sedaciones irregulares de Leganés
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