Ana Muñiz, de 58 años, no entiende cómo en plena democracia alguien que se manifiesta en contra de los neonazis termina imputado y pendiente de juicio. Su hijo, Sergio González, de 24 años, es uno de los 14 de Cangas, como se conoce entre los grupos anticapitalistas a los imputados por unos disturbios que enfrentaronhace cuatro años a grupos de ultraderecha con radicales de izquierda en Cangas de Onís (Asturias). El fiscal pide para ellos 35 años de prisión.

El juicio contra los 14 de Cangas se celebrará a finales de este mes, pero el origen de lo ocurrido está el 10 de septiembre de 2005. Ese día, Democracia Nacional, un partido neonazi, convocó una concentración en Cangas de Onís supuestamente en homenaje al rey Pelayo. Vecinos del municipio y otros jóvenes que habían acudido en señal de protesta se enfrentaron, en principio de manera pacífica, a los manifestantes. La protesta de unos y otros terminó en trifulca. Tres años y medio después, 14 chicos y chicas, todos de izquierdas, se enfrentan a un juicio por supuestos delitos de desórdenes públicos y atentado.

Lejos de quedarse calladas, un grupo de madres de estos jóvenes ha decidido emprender una campaña, que incluye un video que se puede ver en Youtube. A la cabeza hay media docena de madres, entre ellas, Ana Muñiz. 'Contamos con más apoyos, pero hay familiares con miedo a dar su nombre', explica esta mujer, que dice que por defender a su hijo llegará 'hasta donde sea'. Igual de rotundo se muestra el único padre que aparece en el video y que se entristece al 'pensar que se repite algo que ya estaba superado'. El próximo día 18 hay convocada en Oviedo una gran manifestación de apoyo a su causa.

Hay otros padres y madres que, lejos de reprochar a sus hijos sus causas anticapitalistas y antifascistas, las apoyan. Entre estos, los padres de los chicos detenidos en Madrid por manifestarse a favor de los estudiantes el pasado diciembre, o la madre de Meritxelly David, dos hermanos catalanes que luchan contra un plan urbanístico.

Meritxell Fité, de 27 años, y David, de 21, participaban en 2006 en una protesta en el Ayuntamiento de Esplugues de Llobregat (Barcelona) cuando la Policía les sacó por la fuerza. Ellos no opusieron resistencia, pero sí lo hicieron otros manifestantes. A los dos hermanos les tocó ver cómo los agentes sacaban a rastras a Núria Roig, otra activista. Era su madre.

Esta familia se ha acostumbrado a presenciar cargas policiales y ha asistido a todo tipo de protestas que la Plataforma Popular contra el Plan Caufec ha desarrollado en los últimos cinco años. Dicho plan es un proyecto del Consistorio de Esplugues que prevé urbanizar terrenos que forman parte de la sierra de Collserola. Núria y sus hijos llevan con naturalidad su condición de familia activista. 'No les comí la cabeza, bastante trabajo tuve con criarlos', precisa Núria.

Esta administrativa comprende a los adultos que dejan el activismo, dice que 'hay gente que tiene miedo de las manifestaciones o de la Policía'. Pero asegura que la protesta no tiene edad: 'Si hay un problema, hay que luchar, tengas 50, 60 ó 70 años', concluye.

La Plataforma en la que participan, con 800 miembros, afronta estos días la sentencia que impone una multa de 60 euros a Enric G. por colgarse de un edificio como protesta.

El joven se niega a pagar, por lo que se expone a pasar diez días en prisión. 'Parece que no hayamos evolucionado', suspira Núria. Y añade que le gusta compartir causa con la familia, aunque pone un pero: 'A veces pasas miedo, sufres por los hijos'. Al escucharla, su hija no puede contenerse: '¡Y por la madre, porque no veas con puretilla!'.